La proscripción en acción

Dos jueces macristas, uno puesto a dedo y el otro arquero en su cancha, dictan un fallo insólito, que abre jurisprudencia, para someter a escarnio a Cristina cuando ya fue sobreseída. La juzgarán dos veces por el mismo hecho.

La Cámara Federal aceptó como querellante a una asociación civil del macrismo

Una maniobra para resucitar la causa de la Ruta del Dinero e involucrar a CFK 

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi aceptaron que la ONG Bases Republicanas, integrada por exfuncionarios de Macri, sea querellante en la causa en que la vicepresidenta ya fue sobreseída, tras diez años siendo investigada. Ahora los propios jueces quedan habilitados para revisar la absolución.

Por Irina Hauser

Aquello que el fallecido juez Claudio Bonadio llamaba con cierta ironía «derecho penal creativo» podría aplicarse a lo que hizo ayer la Sala II de la Cámara Federal al aceptar como querellante a una asociación civil integrada por exfuncionarios/as del macrismo que pretende revocar el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como «la ruta del dinero K», el nombre que le dieron medios contrarios al kirchnerismo. El fallo fue firmado por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, con la disidencia de Eduardo Farah. Ahora los propios camaristas quedan habilitados para revisar la absolución de CFK. En este expediente, después de diez años, el fiscal Guillermo Marijuán había dictaminado en mayo último que no había razones para seguir investigando a la vicepresidenta, algo que finalmente confirmó el juez Sebastián Casanello. Ahora cambia el panorama. Pero la defensa apelará. 

Como también habían apoyado el sobreseimiento la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP -introducidas en la causa como querellantes durante el gobierno de Mauricio Macri- no había más acusación y todo estaba encaminado para que la vicepresidenta quedara definitivamente desvinculada. Pero ahí apareció la asociación Bases Republicanas y pidió querellar, como si el sobreseimiento le causara un perjuicio. La ONG en tiene entre sus integrantes y fundadores a varios exfuncionarios de Macri: Pablo Nocetti (jefe de gabinente del Ministerio de Seguridad que lideró Patricia Bullrich), Pablo Clusellas (exsecretario Legal y Técnico de Macri), Juan Curuchet (expresidente del Banco Provincia), Federico Pinedo (exsenador y exdiputado del PRO), Jorge Enríquez (exdiputado del PRO) y Jimena de la Torre (ex subdirectora de Coordinación en la AFIP, exjefa de gabinete de la UIF y ahora consejera de la Magistratura), entre otros. 

La presentación de Bases Republicanas estaba encabezada por la abogada Valeria Viola y el exfiscal porteño Luis Cevasco. Decía que su organización se dedica a ejercer acciones judiciales diversas y que en este caso había advertido «por noticias públicas que, pese al enorme cuadro probatorio existente, se pretendía excluir del proceso a Cristina Fernández de Kirchner generándose un hecho de impunidad contrario al mandato constitucional y los pactos internacionales». 

Casanello había rechazado ese pedido por varias razones: pasaron diez años y no se habían presentado jamás, ni se habían declarado afectados -con lo cual queda claro que el único objetivo es la anulación del sobreseimiento-; no entregaron ningún acta de asamblea que exprese la voluntad de la ONG de entrar en la causa; y había dudas con su personería. El Código Procesal Penal habilita que las víctimas de un hecho sean querellantes, así como las asociaciones vinculadas a violaciones a los derechos humanos. Bases Republicanas, según el juez, no está afectada «de modo especial e individual» en el expediente ni hay una cuestión de incidencia colectiva en juego. Por eso, había rechazado un planteo similar de Margarita Stolbizer y de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático. Y había señalado antecedentes de la Sala, por ejemplo al rechazar al Instituo Arturo Sampay.

Interpretación peculiar

Los camaristas Llorens y Bertuzzi -ambos nombrados por Macri en la Cámara, el segundo a dedo mediante un traslado- revocaron la decisión de Casanello y admitieron a la asociación como querellante. Como es evidente, la decisión no solo habilita la revisión del sobreseimiento de CFK sino que abre la puerta a que se presenten diversas asociaciones en causas de fuerte impacto político. 

Para Llorens, sí están comprometidos «derechos colectivos de la sociedad en general» y Bases Republicanas tiene un objeto que se relaciona con «la prevención y lucha contra la corrupción», lo que para este juez incluiría la posibilidad de querellar. “La corrupción en sus diversidades, que busca instalarse en los organismos estatales, daña las economías públicas justamente por quienes tienen el deber de administrarlas con un fin beneficioso para la Nación, socava las instituciones y genera un daño concreto a la ciudadanía (víctima)”, se explayó el camarista. Bertuzzi coincidió y recordó que Bases Republicanas, con el mismo criterio, ya había sido admitida como querellante en la causa del vacunatorio VIP.

Farah, en disidencia, coincidió con Casanello. Además de la aparición tardía de la ONG, dijo que «no están dadas las condiciones que fija la ley para que la solicitante sea tenida por querellante» al no haber un «perjuicio directo y real». «Es notorio que no se da esa situación aquí, dados los eventos que se denunciaron» y «la posición que frente a ellos tienen las personas que, invocando su calidad de ciudadanos», «pretenden» ser considerados «particulares damnificados», sostuvo Farah. También citó jurisprudencia de la propia sala de la Cámara. 

La decisión será notificada a Casanello, quien tendrá que remitir a la propia Sala II de la Cámara el caso para que revise el sobreseimiento, tal como pide la entidad macrista. El defensor de CFK recurrirá a la Cámara de Casación Penal para intentar revertir esta posible reapertura del caso. 

Un viejo objetivo

La historia de este expediente está signada por una gran cantidad de intentos de involucrar a la vicepresidenta de la manera que fuera. Se investigaban maniobras de lavado de dinero atribuidas en esencia al empresario Lázaro Báez. Pero tanto la fiscalía, como los organismos querellantes bajo el gobierno de Macri (UIF y AFIP) insistían en que los dólares (unos 55 millones) que Báez había sacado del país y vuelto a traer, estaban ligados a CFK. Casanello siempre consideró que no había pruebas de eso, pero la Cámara Federal (con el voto de Martín Irurzun y LLorens) lo obligó, tras varias advertencias, a indagar a Fernández de Kirchner. Los camaristas intentaron vincular el tema con la obra pública en Santa Cruz. El juez después le dictó falta de mérito. 

En el ínterin, Báez, sus hijos, su contador Daniel Pérez Gadín, su abogado Jorge Chueco, el «valijero» Leonardo Fariña y financistas que colaboraron con la maniobra fueron a juicio oral. CFK seguía investigada en primera instancia. En las audiencias no surgió nada que demostrara la participación de funcionarios kirchneristas. Es decir, la ruta del dinero no era «K». Báez fue condenado a 12 años de prisión y el resto a penas de entre 3 y 9 años. El tribunal, con los votos de Néstor Costabel y Adriana Palliotti, sostuvo que el origen del lavado estaba en los fondos de la obra pública vial en Santa Cruz. Era una manera de incriminar a futuro a CFK, que aguardaba el juicio conocido como «Vialidad». María Gabriela López Iñíguez discrepó. La Cámara de Casación redujo la condena a Báez a 10 años y absolvió a sus dos hijas. Una de las claves del fallo fue que desvinculó la causa por lavado de la obra pública vial con los hechos que se habían juzgado. Votaron Angela Ledesma y Mariano Borinsky. Javier Carbajo se pronunció en disidencia. 

Aquella decisión fue la antesala del dictamen del fiscal Marijuán del 24 de mayo quien, a cinco años de la indagatoria de la expresidenta, concluyó:  “No he logrado reunir elementos probatorios que me lleven a avanzar“. Dijo que había buscado bienes, cuentas y sociedades de ella y su familia por todo el mundo, sin hallar nada. Nadie olvida que hasta fue con topadoras a Santa Cruz a ver si encontraba algún tesoro escondido. Pidió entonces su sobreseimiento, que el juez Casanello firmó. Para darles letra a los medios opositores dijo que, más allá de todo, la relación de CFK con Báez estaba probada. Pero claro, no es un delito. 

Entre los grandes esfuerzos para sacar a Casanello de la causa (y poner un jueza amigo) e involucrar a CFK, dos abogados ligados a la AFI -el exfiscal Eduardo Miragaya y el abogado Santiago Viola, ahora representante legal de Javier Milei- propiciaron una operación con los testimonios de Gabriel Corizzo, exempleado de Anses, y Carlos Scozzino, exchofer presidencial: afirmaron que el juez y CFK se habían reunido en la Quinta de Olivos en septiembre de 2015. Los denunciantes terminaron reconociendo que era mentira y fueron condenados por falso testimonio en 2020. La Justicia no fue contra Miragaya y Viola. Este último dijo que fue usado. Así fue uno de los tantos hechos en este caso que pintan cómo se usa al Poder Judicial con fines políticos. Por si faltaban más demostraciones, apareció Bases Republicanas y dos camaristas le abrieron el juego. 

Fuente: Página/12. Link. Imagen: Revista Anfibia.