Martín Irurzun, el operador de Lorenzetti y Macri, decidió que los aportes truchos no sean investigados por los jueces penales. En una maniobra insólita envió el fraude de lavado de dinero, corrupción, falsificación de documento público, uso de datos privados que el Estado debe resguardar, entre otros, a la justicia electoral.

Un caso más de la farsa del régimen que maneja jueces, los usa para encubrirse, perseguir opositores y hacer shows televisivos.

La causa de los aportes truchos pasó a La Plata

Blindaje para Vidal

En línea con el interés del oficialismo, el camarista Irurzun le sacó al juez federal Casanello la causa sobre los aportes electorales de Cambiemos y la remitió a un juez electoral platense.

Días después de reunirse con el parlamentario macrista y operador judicial Fabián Rodríguez Simón, el camarista Martín Irurzun le quitó al juez federal Sebastián Casanello la causa sobre los aportantes truchos a la campaña electoral bonaerense de Cambiemos y remitió el expediente al juez electoral platense Adolfo Ziulu, tal como había pedido el fiscal Carlos Stornelli. “Usurpación de identidad, blanqueo de fondos de origen desconocido y falsificación de documentos públicos realizados por Cambiemos en la campaña 2017 son sólo delitos electorales. Chupate esa mandarina”, ironizó la senadora Cristina Kirchner, quien destacó que la maniobra apunta a “blindar a (la gobernadora María Eugenia) Vidal de cara a las elecciones del año que viene”. El lunes último, por los mismos delitos, el juez federal Ernesto Kreplak imputó a la ex tesorera del PRO Fernanda Inza, quien también pidió el pase de la causa a manos de Ziulu, planteo sobre el que debe pronunciarse la Cámara Federal de La Plata. “Les pedimos a los funcionarios judiciales que respeten la independencia de los poderes e investiguen a la gobernadora como corresponde. El caso de los aportantes falsos es un escándalo inocultable”, reclamó la senadora bonaerense Teresa García.

Ziulu le había reclamado la competencia tanto a Casanello como a Kreplak en línea con el pedido del secretario general de Presidencia, Pablo Clusellas, apoderado del PRO. El mes pasado, al rechazar el planteo, Casanello recordó que ya tenía medio centenar de declaraciones de personas registradas como aportantes que no pusieron un peso, más un informe pericial caligráfico e informes oficiales. La hipótesis que investigaba es que Cambiemos usó listas de beneficiarios de planes sociales para blanquear plata de quienes no quisieron figurar sosteniendo la campaña de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña.

Ante la negativa de Casanello, el fiscal Stornelli trasladó el pedido del Gobierno a la sala de la Cámara con competencia electoral que preside Irurzun. “La duplicidad de expedientes iniciados para dilucidar los mismos hechos es inconveniente”, escribió. Irurzun se inclinó por la jurisdicción platense porque Cambiemos Buenos Aires “se encontraba constituida por doce fuerzas políticas reconocidas como alianza electoral transitoria del distrito provincial”, donde a su vez “ha sido presentado el Informe de Ingresos y Egresos cuestionado y donde habitan aquellos cuyos aportes han sido puestos en tela de juicio”. El juez le quitó entidad a que “parte de las personas incluidas sean beneficiarias de distintos programas de asistencia social, pues la hipótesis en punto a que la información pudo haber sido obtenida de los registros de la Anses, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y/o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación no alcanza, por sí misma y por la naturaleza descentralizada de los organismos involucrados, para sostener la competencia excluyente de la sede capitalina”.

La ex presidenta CFK cuestionó la resolución por considerar que los delitos que se investigan son federales y no simplemente electorales. 

“Este vergonzoso antecedente que acaba de dejar asentado la Justicia Federal pretende proteger a Vidal y además busca marcarle una pauta a las causas donde se investigan los aportes falsos a Cambiemos en la campaña electoral 2017 y que tramitan en La Plata”, sostuvo la senadora García. “Es más que evidente que el objetivo de esta maniobra es seguir protegiendo a la gobernadora de cara a las elecciones del año que viene –consideró la legisladora–, restándole importancia a la responsabilidad que le cabe como presidenta del partido PRO que fraguó identidades de cientos de personas y lavó dinero para financiar la última campaña electoral en la Provincia, entre otros delitos.” 

Fuente: Página 12. Link. Imagen: El Destape.

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