San Luis es la única provincia que resiste la extorsión macrista para firmar el “Pacto Fiscal” de destrucción del Estado.

Pacto Fiscal: por qué no firmó San Luis y qué pide para sumarse

La provincia de los Rodríguez Saá fue la única que no suscribió el acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, el vicegobernador Carlos Ponce se ve hoy con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para intentar destrabar las diferencias. ¿Cuáles son?

Por Leonardo Villafañe

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, recibirá esta tarde en su despacho al vicegobernador de San Luis, Carlos Ponce, para intentar destrabar las diferencias que hicieron que hoy la provincia puntana fuera la única que no firmara el acuerdo fiscal junto al resto de las provincias, según lo confirmó el propio vicemandatario, sobre la reunión que mantendrá a las 18.30 en el despacho del ministro de la cartera política. 

Fuentes del gobierno puntano explicaron a El Cronista las razones por las cuales la provincia no adhirió al Pacto Fiscal y qué puntos reclama para hacerlo. “De conjunto, el acuerdo es para beneficiar a provincias deudoras. San Luis no debe nada, ni a organismos internacionales ni a ni locales. En cambio, es el Estado nacional que tiene deuda con nosotros. No estamos apurados en firmar porque no tenemos, como las otras provincias, la presión por obtener efectivo líquido para gastos corrientes. En San Luis, sólo la mitad de nuestro Presupuesto se va en gastos corrientes, no el 90% como en otros distritos. Para nosotros, no tomar deuda es una política de Estado. Recibimos ofertas para tomar préstamos de Rusia y Holanda, a tasas bajísimas y no tomamos esos créditos”.

Por su parte, el vicegobernador de San Luis, Carlos Ybrhain Ponce, escribió en su muro de facebook que “la Provincia de San Luis no está dispuesta a firmar ningún acuerdo a las apuradas. Mucho menos si a simple vista son perjudiciales para Nuestra Provincia y nuestros habitantes. El acuerdo propone que San Luis desestime el cobro de 17 mil millones con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia, y otros juicios en proceso por otros 22 mil millones, a cambio de percibir aproximadamente 2 mil millones en bonos repartidos en 10 años. Sin duda una propuesta inaceptable”.

“Sumado a esto, la Nación no se compromete a resolver ninguno de los temas pendientes que mantienen con Nuestra Provincia. Esperamos que se puedan generar los mecanismos necesarios con Nación, para que se pongan en agenda y se resuelvan todos los temas con San Luis: Pagos de deudas con sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia, y otros juicios; Obras de infraestructura comprometidas; Promoción industrial y mecanismos de fomento al trabajo; Deuda de PAMI con hospitales autogestionados; Ejecución de 1.200 viviendas; entre muchos otros temas pendientes”, agregó.

Las mismas fuentes entraron más detalle y señalaron que, en cuanto a las obras de infraestructura comprometidas, “hay 1400 viviendas que la Nación nos debe y tiene que ejecutar; la deuda del PAMI se arrastra desde noviembre de 2015, cuando todavía estaba el otro gobierno; exigimos la prórroga o reglamentación del Decreto 699, que marca la continuidad de la Promoción Industrial en la provincia. Al reclamo por ese decreto, que baja los costos de las empresas que están radicadas o piensan radicarse en San Luis, adhirieron desde los empresarios a la CGT provincial”.

Fuente: www.cronista.com. Link. Imagen: www.eldia.com.

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