El juez macrista y proyanqui, Claudio Bonadío, utiliza un argumento que expresa la esencia del régimen terrorista y vendepatria: persigue opositores con causas fraudulentas al tiempo que censura medios no macristas y desguaza empresas nacionales a manos yanquis.

Bonadío incursiona en un argumento útil para hostigar políticos y medios libres.

El caso del ataque a medios no macristas se inscribe en la larga lista de censura del régimen que incluye el encarcelamiento de Cristóbal López y Fabian De Souza, propietarios de C5N y Radio 10, primera señal de noticias y una de las principales radios metropolitanas, la amenaza de prisión pública por sus medios extorsivos a Víctor Santamaría del grupo propietario del matutino Página 12, la prisión de Gerardo Ferreyra, de Radio Del Plata, la censura de Navarro, Víctor Hugo, Verbitsky, y cientos de periodistas, listas negras en medios públicos y privados, el manejo discrecional de la pauta estatal y la extorsión a privados para que actúen en sintonía, la persecución a medios comunitarios… en fin, un régimen terrorista.

El procesamiento de CFK menciona “sus contactos en medios afines”

Un insólito argumento para pedir la detención

Uno de los motivos expuestos para pedir la prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner es que la ex mandataria “tiene la posibilidad de incidir en la investigación mediante sus contactos en los medios de comunicación afines”. Es una justificación del encarcelamiento que no tiene antecedentes y que, de hecho, deja planteado que la condición para recuperar la libertad depende del medio con el que una persona pública tenga relación. Así encarado, puede transformarse en un ataque a la libertad de prensa. 

Tampoco resulta sencillo entender cómo un diario, una radio o un canal de televisión pueden incidir en la investigación de hechos que ocurrieron hace años, entre 2003 y 2015. Resulta evidente que las objeciones no son con los grandes medios que fueron adelantando cada paso del expediente, cubriendo en vivo las detenciones y allanamientos. 

El segundo motivo que se señala para pedir la detención de CFK es lo que se conoce como la doctrina (Martín) Irurzun: los ex funcionarios tienen “relaciones residuales” que les permitirían obstruir la investigación. En el fallo se utiliza la palabra “vínculos”, pero el concepto es el mismo. En realidad, toda la jurisprudencia apunta a que normalmente corresponde la libertad y en todo caso la excepción es cuando un imputado efectivamente realiza algún acto concreto de obstrucción de la investigación. Y debe ser justificado con precisión cómo fue el intento de perjudicar la causa. Nuevamente, se trata de un expediente sobre hechos ocurridos cuando menos hace tres años, la prueba debería ser sobre todo documental –cuentas, propiedades, fondos, dinero salido de las empresas– y la causa lleva ya seis meses bajo investigación. Hoy en día, la ex presidenta está más en el lugar de los perseguidos que en el de los poderosos con capacidad para incidir en la trama judicial. 

Por último, se señala que a CFK le encontraron carpetas en El Calafate. Se trata de informes que le hicieron durante su presidencia sobre Odebrecht, la división del Grupo Clarín, el espía Jaime Stiuso y otros temas o personas. El argumento es que esos informes demuestran que tiene capacidad de armar documentación. Es obvio que la capacidad para armar documentación está en el Estado y no en quien dejó el cargo en el Poder Ejecutivo hace tres años. 

Parece claro que la intención es volver a presionar por la realización de un debate político en el Senado. La causa puede avanzar perfectamente: se puede procesar, elevar a juicio, realizar el juicio, puede haber condena, recursos e incluso corresponde esperar que el fallo sea confirmado. Nada requiere que CFK ni ninguna otra persona esté presa, dado que la ex mandataria ya probó hasta el cansancio que está a derecho y que no tiene poder –ni ha mostrado ninguna voluntad– de obstruir cualquier investigación.  

 Fuente: Página 12. Link. Imagen: Indymedia Argentina.

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