La derecha asesina al pueblo colombiano

El gobierno de Iván Duque mata, tortura, secuestra y comete delitos sexuales contra el pueblo colombiano levantado. La comunidad internacional debe sancionar por delitos contra la humanidad a la banda de Uribe.

Colombia: el paro nacional pone en jaque al gobierno de Iván Duque

El presidente colombiano enfrenta una ola de protestas cuyo origen va más allá de la reforma fiscal que presentó y retiró. El país parece dar la espalda a su fuerza política.

Julián Rouvier*

A más de dos semanas de haber comenzado el paro nacional en Colombia, el gobierno de Iván Duque transita su momento más crítico desde que asumió, en 2018. Las múltiples denuncias sobre muertes y desapariciones en el marco de la protesta social, que según la Defensoría del Pueblo de Colombia exceden los 40 muertos, 168 desaparecidos y más de 100 violaciones a los derechos humanos en las casi 1.200 marchas contra el gobierno, sumado a la presión de diferentes organizaciones de DD.HH. que denunciaron el uso excesivo de las fuerzas de seguridad –incluso la ONU emitió un comunicado en el cual instaba al gobierno a “permitir que las protestas pacíficas continúen”–, llevaron a que el gobierno articulara una reunión con el comité del paro, instancia que terminó sin un acuerdo entre ambas partes. 

Además de las diferentes entidades que salieron a rechazar la desmesurada represión desplegada por el gobierno colombiano, varios dirigentes a nivel mundial expresaron su preocupación sobre la situación social que atraviesa Colombia. El presidente Alberto Fernández se manifestó a través de Twitter: “Con preocupación observo la represión desatada ante las protestas sociales ocurridas en Colombia. Ruego por que el pueblo colombiano retome la paz social” y agregó: “Insto a su gobierno a que, en resguardo de los derechos humanos, cese la singular violencia institucional que se ha ejercido”. Siguiendo esta misma línea, el ex presidente de Bolivia Evo Morales comparó la situación de Colombia con la masacre que vivió Bolivia en el año 2003 durante la denominada “guerra del gas” y afirmó que “el pueblo padece la represión que busca imponer la receta neoliberal del impuestazo”. 

En Estados Unidos, el congresista y presidente del Comité de Asuntos de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Gregory Meeks, afirmó estar “profundamente consternado por la brutal represión en las protestas de Colombia” e instó a Iván Duque a “desacelerar la violencia”. 

A pesar de estas presiones internacionales, el actual mandatario respondió ordenando para Cali “el mayor despliegue que se tenga en capacidades de nuestra fuerza pública”. Así, la capital del departamento de Valle del Cauca es una de las ciudades más afectadas por la violencia institucional y en donde, según organizaciones de derechos humanos, hubo 15 muertos desde que comenzó el paro, el pasado 28 de abril. 

“A este gobierno no le importa ni el desprestigio ni la presión internacional que tiene en este momento, prefiere seguir actuando de forma brutal y también contra líderes y lideresas sociales”, afirmó Victoria Sandino, senadora por el partido FARC.

Origen. Para distintas organizaciones sociales, políticas y medios de comunicación, la reforma tributaria que el gobierno intentó implementar no fue el comienzo de las manifestaciones, y sostienen que realmente hay que remontarse hasta el 21 de noviembre de 2019, cuando se realizó la primera manifestación importante contra este gobierno y sus políticas de ajuste. 

“Estas movilizaciones tienen una coyuntura producida dos años atrás en la que se reclamaba por una reivindicación de carácter social, una reforma ideológica de seguridad y contra la brutalidad policial. El gobierno menospreció esas movilizaciones porque vino la pandemia y pensó que se había desmontado toda esa rebeldía y manifestación social, pero no fue así”, asegura Luis Marín, filósofo y profesor de la Universidad Pedagógica de Colombia.

Descontento. Las movilizaciones populares de 2019 comenzaron por una serie de políticas que el gobierno de Iván Duque quería adoptar y que sus allegados esbozaron como una posibilidad a futuro. Una de las medidas más resistidas en aquel momento, y que colaboraron para que se generara el estallido social de noviembre de aquel año, fue que a los menores de 25 años que estuvieran trabajando se les pagara el 75% del salario mínimo. Esta polémica propuesta fue realizada por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) para que, según la entidad, se generaran más posibilidades de empleo entre los jóvenes. La respuesta del gobierno nacional vino por parte del ex presidente y jefe político de Duque, Álvaro Uribe Vélez, quien fue más a fondo y propuso el pago por hora a jóvenes trabajadores. Además de este planteamiento sobre el ajuste al salario, el Ministerio de Hacienda puso en venta empresas estatales como Ecopetrol, la compañía más importante de petróleo de Colombia. Las protestas derivaron en un paro de una magnitud de la que no se tenía registro desde 1977 en el país.

“Hemos llegado a una situación que se venía acumulando, en 2019 hubo unas movilizaciones muy grandes que fueron suspendidas por la pandemia, pero durante el año pasado se intensificaron las causas que motivaron esas movilizaciones”, aseguró Iván Cepeda, senador por el Polo Democrático, y agregó: “La situación ha llegado a un punto tan límite que hasta la gente sale a manifestarse en plena pandemia”. 

Las políticas liberales del gobierno de Duque, lejos de aminorarse por la pandemia y la consecuente crisis mundial, se aceleraron, prueba de esto es que, a pesar de los trágicos índices del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indicando que durante 2020 la pobreza en Colombia llegó al 42,2%, 21 millones de personas, y la pobreza extrema aumentó a casi 8 millones, el presidente presentó el proyecto de reforma tributaria que preveía, entre otras cosas, el aumento del IVA en varios productos alimenticios y en los servicios; este anuncio generó que la ciudadanía volviera a manifestarse. 

“Hay una ira contenida por parte de la gente en Colombia por toda la situación que se está viviendo y sobre todo porque muchas personas se mueren de hambre, se mueren por el covid o salen a protestar y se mueren por las balas de la fuerza pública”, afirmó la senadora Sandino, sobre la reacción de un gran sector de la población contra las medidas económicas adoptadas por el gobierno de Duque.

La debacle del uribismo. El ex presidente Álvaro Uribe Vélez es la figura más controvertida de la política colombiana de las últimas décadas y actualmente es el líder del Centro Democrático, partido de Iván Duque. Hasta agosto del año pasado, Uribe se desempañaba como senador de la República, pero tuvo que dejar su cargo porque la Corte Suprema ordenó su arresto domiciliario porque “había riesgo de obstrucción a la Justicia”, según afirmó al momento de la condena Héctor Alarcón, el presidente de la sala especial de instrucción que estaba investigando a quien fue el máximo mandatario de Colombia desde 2002 hasta 2010. 

En esa oportunidad, Uribe estaba siendo juzgado por manipulación de testigos en asuntos de Estado, aunque poco tiempo después el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá decidió otorgarle nuevamente la libertad. Esta fue solamente una investigación de las tantas que tiene, de hecho, la Misión de Observación Electoral (MOE), además el ex mandatario suma 276 investigaciones en su contra, en las que se lo vincula con el narcotráfico, con grupos paramilitares, con matanzas y asesinatos selectivos, entre otras relaciones que se intentan demostrar.

Tal es la injerencia de este dirigente que, a dos días de haber comenzado el paro nacional y las protestas, Uribe escribió por Twitter: “Apoyemos el derecho de soldados y policías a utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”. Pocos días después se comenzaría a visibilizar la gran cantidad de muertos y heridos que día a día hubo durante las jornadas de protesta. 

“El gobierno nacional está agonizando, saben que van a perder el poder tarde o temprano y ya sus narrativas no les funcionan, y como saben que la gente está dispuesta a hacerse matar, entonces apuestan al todo porque no quieren soltar el poder”, considera el sociólogo Fabián Sanabria al analizar la violenta represión a las protestas. 

Unos días antes del comienzo del paro, y dejando en evidencia la profunda crisis que el gobierno nacional y el uribismo están atravesando, una encuesta realizada por Invamer da como ganador de las elecciones presidenciales de 2022 a Gustavo Petro, máxima figura de la oposición. En este sondeo se midió por parte del oficialismo a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y no a Duque, quien, además, una semana antes de la movilización nacional tenía una imagen negativa del 65%, según el estudio Polimétrica de Cifras y Conceptos.

“La primicia es que el uribismo está reducido a su mínima expresión comparativamente a lo que fue veinte años atrás, la novedad es que esta vez esta imagen negativa no solo se da en las zonas urbanas, sino que comienza a darse en las zonas rurales”, afirma el filósofo Marín sobre la caída de la imagen que están afrontando el gobierno nacional y el partido encabezado por Uribe Vélez.

Para el senador Cepeda, este movimiento está en “su más profunda crisis” y la imagen pública del ex congresista “se está deteriorando dado que la gente sabe lo que representó y representa Uribe para el país”. Cepeda fue quien en 2012 señaló al ex presidente como “auspiciante del paramilitarismo”; ese hecho derivó en una denuncia de Uribe Vélez contra el senador, causa que finalmente tomaría un vuelco al ser el propio ex mandatario quien terminó procesado por manipulación de testigos.

*Desde Bogotá.

Fuente: Perfil. Link. Imagen: Ámbito.