En una Mendoza conmocionada por femicidios, el gobernador postula a la Corte un juez señalado como homofóbico y misógino. Impugnaciones.

José Valerio, el juez propuesto para la Suprema Corte de la provincia de Mendoza por el gobernador Alfredo Cornejo, es ampliamente impugnado por organizaciones de género, de Derechos Humanos y por víctimas por discriminador.

Valerio tuvo intervención en casos resonantes. La Cámara que integra absolvió a Mariano Luque por la desaparición de Soledad Olivera para repudio de la comunidad lavallina y mendocina que todos los años renueva el reclamo de justicia. La Corte consideró que Valerio y sus concamaristas no consideraron las pruebas con perspectiva de género y revocó su fallo. Luque volvió a prisión.

También es acusado por homofóbico por la madre de Alejo Hunau, Silvia Ontivero. Alejo Hunau fue asesinado en 2004 y el sospechoso fue absuelto por Valerio. En el fallo los camaristas mencionaban la “desviada sexualidad” de Alejo y su conducta “licenciosa”. Este fallo también fue revocado.

VER NOTA DE MARIANA CARBAJAL

La paradoja: Cornejo presenta a Valerio como un “sheriff” que meterá preso a todos los delincuentes. En los casos en que tuvo que actuar contra presuntos asesinos o secuestradores de mujeres u homosexuales fue más que “garantista”. El modelo de las derechas, al que roba una gallina, cadena perpetua sin juicio; el asesino de mujeres u homosexuales, ¿qué hizo la víctima para provocar? Pésima moraleja.

La política del tero, Cornejo “adhiere” a la marcha “Ni una menos” y envía a la Corte un juez que contradice los principios mismos de esas marchas.

Impugnación de APDH

Entre las numerosas impugnaciones a Valerio, se conoció la de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael.

APDH impugna a José Valerio para la Suprema Corte de Mendoza

Mendoza, 21 de octubre de 2016

A la Sra. Presidenta del
Honorable Senado de Mendoza
Ing. Laura Montero

Expte. N° 68570 – IMPUGNACIÓN CANDIDATURA DE JOSÉ VALERIO COMO MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE MENDOZA.

Los/as abajo firmantes, en representación de la Asociación Civil Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H.), filial San Rafael, nos dirigimos a Ud. en su calidad de Presidenta del Senado de la provincia a los efectos de hacerle llegar nuestra FORMAL IMPUGNACIÓN a la postulación del Sr. José Valerio para el cargo de Ministro de la Suprema Corte de justicia de Mendoza, efectuada por el Gob. Cornejo en fecha 17 de octubre de 2016.

Los motivos que fundan nuestra impugnación refieren a la manifiesta homofobia que rige los criterios de ponderación del actual Juez de Cámara; hecho que –sin duda alguna- afecta la imparcialidad que se exige a todo Magistrado encargado de impartir justicia.

FUNDAMENTOS

La Constitución Nacional establece en el artículo 16 que “todos sus habitantes sus iguales ante la ley”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza en su artículo 1 que “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. A su vez, el artículo 24 establece que “ Todas las personas son iguales ante la ley.

En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”.

En consecuencia, un juez o jueza de la Nación debe hacer efectivo, en el cumplimiento de sus tareas de administración de justicia, los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de no discriminación. A su vez, un Ministro o Ministra de Corte no tan sólo tiene esa obligación, sino que además tiene la enorme responsabilidad de asegurarse que, en la actuación de los jueces o juezas de instancias inferiores, no se hubiere consumado una violación a los mentados principios; y, en caso de advertirlo, corregirlo y reparar a las víctimas de la conducta violatoria del mandato constitucional

Pues bien, evidentemente Valerio no se encuentra en condiciones subjetivas ni objetivas de asumir ese deber.

Es que el mencionado Juez de Cámara cuenta con antecedentes concretos de actos de discriminación por razones de orientación sexual en el ejercicio de su cargo de Magistrado. En efecto, y conforme resulta de público conocimiento, el Dr. Valerio –junto a sus colegas de de la 2da. Cámara del Crimen- estimó procedente ordenar la falta de mérito respecto del único imputado por el homicidio de Alejo Hunau, bajo la consideración de apreciaciones tales como que la “desviada sexualidad” de la víctima les permitía determinar que su conducta era “licenciosa”, en un intento por justificar en el accionar de la víctima su muerte -2006-. El sospechado, luego sometido a la jurisdicción de una Cámara que no obraba sobre criterios de discriminación en razón de la orientación sexual de la víctima, resultó condenado por el hecho a la pena de 16 años de prisión.

Sumado a lo anterior, y en lo que resulta en un hecho de igual gravedad, en los 10 años transcurridos desde el Juez no ha modificado su posición respecto al tema.

En efecto, Valerio no da muestras de haber realizado un proceso de reflexión interior ni mucho menos de preparación ni estudio sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas: no reconoce la homofobia que motivó su sentencia en el caso de Alejo ni mucho menos pidió disculpas a sus familiares, en lo que podría hacer sido un acto de reparación ante el evidente trato discriminatorio por él dispensado. Por el contrario, rechaza estas acusaciones alegando tener perspectiva de género y de diversidad y defendiendo su pronunciamiento discriminatorio bajo el argumento de haber resuelto la causa con base en el testimonio de los testigos, sin haber añadido valoración alguna . Luego, intenta acreditar su declamada perspectiva de diversidad, con la trillada y ofensiva manifestación de que no es homofóbico porque tiene amigos gays.

Por otro lado, advertimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce entre las barreras específicas que dificultan el acceso a la justicia de las personas del colectivo LGBTI las “presunciones estereotipadas que se manifiestan en las investigaciones sobre las motivaciones de los crímenes basadas en la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima[;] actitudes discriminatorias de jueces, juezas y otros funcionarios dentro del sistema de administración de justicia; y alto riesgo de que se cuestione la credibilidad de las víctimas y de sus denuncias”. Pareciere que la Comisión Interamericana estuviere hablando de Valerio, pues esas palabras definen a la perfección la actitud que tuvo Valerio en la investigación sobre el homicidio de Alejo Hunau.

Pues bien, con la llegada de Valerio a la SCJM no habría mejora alguna respecto de esta problemática, sino todo lo contrario: un ejecutor confeso de las prácticas identificadas por el organismo internacional como barreras de acceso a la justicia sería –paradójicamente- el garante máximo del derecho de acceso a la justicia de las y los mendocinos, incluidas las personas del colectivo LGBTI.

Resultaría un claro y lamentable retroceso institucional.

En conclusión: un Ministro de una Suprema Corte no puede reproducir conceptos discriminatorios contra los justiciables en razón de su orientación o identidad de género. Ello atenta no sólo contra las mandas constitucionales sino también contra las obligaciones internacionales asumidas por el Estado al ratificar los Tratados de Derechos Humanos. Valerio no puede dar garantías de no hacerlo. En consecuencia, se encuentra en condiciones de integrar el el Máximo Tribunal provincial, y permitir que lo haga supondrá un serio acto de irresponsabilidad institucional y personal de las legisladoras y legisladores provinciales.

Por todo lo expuesto, IMPUGNAMOS la candidatura de Valerio a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

Dra. Silvana Yomaha, Secretaria Coordinadora
Dra. Patricia Galván, Vicepresidenta
Dr. Ricardo Ermili, Presidente

Foto: Sitio Andino

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