El violento ataque de los medios hegemónicos al pueblo y a la democracia puede responderse con políticas públicas. Eso sostiene, y propone las medidas correspondientes, APDH Mendoza.

El plan sistemático de violencia de los medios hegemónicos debe terminar

Lo hemos dicho hasta el cansancio. Los medios hegemónicos de comunicación social en Argentina son enemigos de la libertad de expresión y de prensa. Repiten un guion violento, estigmatizante, calumnioso, violatorio de derechos humanos, con que extorsionan la democracia argentina. Las prebendas estatales que usufructúan impiden que decenas de miles de comunicadores de todas las ideologías puedan vincularse con audiencias masivas. Son los mismos que fueron cómplices del genocidio durante la dictadura.

Durante años cargaron el arma del sicario que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner y ahora, sin vergüenza, continúan con su relato insidioso y criminal.

El país no puede seguir siendo el mismo después del intento de magnicidio.

La respuesta de la democracia debe ser política y plasmada en decisiones de gobierno. El 28 de julio de 2021, APDH Nacional emitió una declaración en que pide las siguientes medidas:

Al Poder Ejecutivo Nacional:

– Trate la posición dominante del grupo Clarín en la Comisión de Defensa de la Competencia y todo otro organismo pertinente.

– Reponga mediante un DNU las cláusulas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que el ex presidente Mauricio Macri derogó por un DNU.

– Prohíba por normativa contratar empresas en desacato a las disposiciones regulatorias, incluyendo pauta publicitaria.

– Investigue a través de la AFIP, CNV, UIF y todo otro organismo regulatorio del Estado, a los grupos de medios dominantes, incluyendo lavado de dinero, empresas offshore, evasión, etcétera.

– Envíe un proyecto para democratizar y regular la provisión de papel para diarios en Argentina, en el mismo sentido de la Ley 26.736 derogada por el ex Presidente Mauricio Macri a pedido del grupo Clarín.

– Dé cuenta del accionar de los representantes de Estado Nacional en el Directorio de Papel Prensa.

– Controle, a través de la Inspección general de Justicia y otros organismos y agencias estatales, la conformación societaria de los grupos concentrados de comunicación. Haga pública la información y verifique la existencia de fraudes en la concesión de licencias, distribución de dividendos, precios de transferencia, aspectos impositivos y otros.

Al Congreso de la Nación, le solicitamos:

– Reponer la operatividad plena de la Ley 26.522 mediante la derogación del DNU del ex Presidente Mauricio Macri.

– Reponer la Ley 26.736 de regulación del papel de diarios, insumo aún muy importante para garantizar la libertad de expresión.

– Regule expresamente la operatividad del Derecho de Rectificación o Respuesta, tal como prevé el Art. 14 del Pacto de San José de Costa Rica.

– Promueva legislación que sancione campañas de odio y promoción de la violencia por parte de los medios de comunicación.

– Establezca incentivos legislativos al pluralismo comunicacional e informativo.

– Instituya mecanismos legales de control que impidan a los grupos concentrados cometer fraude en la concesión de licencias y en otros terrenos.

Al Consejo de la Magistratura Nacional:

Con el objeto que a través de la oficina de Auditores de ese Cuerpo, investigue los expedientes que se denuncien y que pudieran presentar irregularidades y/o presunciones o indicios de colusión en perjuicio del interés general o bien, en beneficio de alguna de las partes, en particular en los que han intervenido o intervienen grupos económicos que operen en el sector de la comunicación.

A los Organismos de Derechos Humanos y las Organizaciones libres del Pueblo

A fin de que acompañen esta iniciativa, en defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, que entendemos será, en definitiva, en defensa de derechos fundamentales que deben preservarse para resguardo de las instituciones democráticas y la efectiva consolidación del Estado de derecho en nuestro país.

Estas peticiones se realizaron más de un año antes de que el dramático atentado contra la democracia y el orden constitucional produjera este parte aguas en la historia argentina. Si alguien ayer pudo dudar sobre la urgencia del reclamo, ahora ya no hay margen para la vacilación.

Este hecho excepcional habilita medidas excepcionales. Está en manos del presidente revocar las licencias de los medios que persisten en su plan sistemático de incitación a la violencia. Pedimos que utilice esas facultades. Ya no hay lugar para un presidente comentarista. Ya no hay lugar para un pueblo pasivo.

Fuente: www.facebook.com/apdh.mendoza.  

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