El gobierno de los contratistas de obra pública diseña el circuito del saqueo impune. Un gobierno contra el Estado, contra el pueblo. Consiguen apoyo de legisladores que arreglan con “sanguchitos”.

Diputados dio el visto bueno a la participación privada en infraestructura

La ley deberá volver al Senado por algunas modificaciones, que no alteran el caracter neoliberal de la norma. Gran parte del massismo apoyó al oficialismo, mientras que la izquierda y el FpV fueron muy críticos.

Felipe Yapur

El proyecto de régimen de Participación Pública Privada (PPP) para la obra pública fue aprobado en la Cámara de Diputados con 151 votos a favor, 78 en contra y 6 abstenciones. El interbloque Cambiemos recibió el respaldo de buena parte del Frente Renovador (FR) y del Bloque Justicialista (BJ) que conduce Diego Bossio. Si bien la iniciativa debe regresar al Senado por las modificaciones que le realizaron, ninguna de las correcciones desactivaron la matriz privatizadora que lleva en su articulado.

Si alguien tenía alguna duda sobre ese sustrato neoliberal de la norma votada, solo hubo que esperar que hablara el diputado massista Juan Brügge, quien reconoció que se compara esta norma “con la ley Dromi donde no había nivel de controles que ahora los hemos incluido”. Es válido recordar que en agosto de 1989, cuando el gobierno menemista comenzó su proceso de desguace del Estado a partir de las privatizaciones, el entonces ministro de Obras y Servicio Públicos, Roberto Dromi, afirmó, en un acto fallido, que “nada de lo que deba ser del Estado permanecerá en manos del Estado”. Sin duda, Brügge fue quien mejor graficó el momento político que vive el país. Los legisladores macristas no pudieron decirlo mejor.

La iniciativa había sido aprobado en el Senado tal como lo había remitido el gobierna pero en el camino hacia Diputados comenzó a hacer mucho ruido interno. Tan es así que la semana pasada Cambiemos tuvo que aceptar, con resignación y malhumor, que el proyecto volviera a comisión fruto de desavenencias internas propias y de los bloques del FR y del BJ. Pero lograron resolver las contradicciones.

Por caso, en el massismo hubo quienes, como Felipe Solá y Facundo Moyano, que rechazaban el proyecto aunque no en toda su extensión. Les preocupaba el artículo 25 que prevé que “en caso de optarse por el arbitraje con prórroga de jurisdicción, éste deberá ser aprobado en forma expresa e indelegable por el Poder Ejecutivo nacional y comunicado al Honorable Congreso de la Nación”. Los legisladores proponían que sea el Parlamento quien defina si hay o no el cambio de jurisdicción en caso de litigios. Al final ninguno cumplió con lo que decían fuera de micrófono así que a la hora de votar, Moyano se abstuvo y Solá prefirió ausentarse. Dos formas de evitar asumir una posición más clara y comprometida pero que terminan por favorecer la propuesta que decían repudiar.

Moyano no fue el único que se abstuvo. Entre los seis que tomaron ese camino también estaban los dos diputados del FPV de San Juan, Sandra Castro y Héctor Tomas, que responden a José Luis Gioja, quien prefirió el faltazo. La razón fue la autorización de la construcción del túnel de Aguas Negras que comunicará la provincia con Chile y que está incluido en el Presupuesto 2017. Nada es al azar.

Antes del momento de la votación, el macrista Daniel Lipovetzky aseguró que el proyecto servía “para resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país”. No abundó en detalles reales de cuáles eran los problemas. En todo caso prefirió decir que si se sanciona esta norma la Argentina dejará de ser la excepción en la región y pasará a ser parte de la regla: “Brasil, Chile y Colombia han utilizado este régimen y han avanzado mucho”, dijo sin decir cómo y cuánto fue ese avance.

El supuesto costado social del proyecto también fue resaltado por Lipovetzky, quien dijo que los cambios que se le hicieron fueron con el fin de “cuidar al trabajo argentino, a las PYMES y al medio ambiente” porque se incorporó “la obligación de que en la provisión de bienes y servicios al menos el 33% debe ser nacional”.

El diputado del FPV, Axel Kicillof, no se anduvo con vueltas. Afirmó que todo lo que se había dicho desde el oficialismo no era más que una mentira. “Esta ley no sirve, privatiza los servicios, mata la mano de obra, mata a las PYMES” porque, indicó el ex ministro de Economía, que se “terceriza o privatiza el proceso de contratación de obra pública en el país, elude el derecho administrativo argentino y vamos a tener que discutir en el juzgado del juez (de Nueva York, Thomas) Griesa cuánto cuesta el servicio de agua”.

A su turno el también diputado del FPV, Guillermo Carmona, advirtió que el texto del proyecto PPP tiene demasiadas similitudes con el Acuerdo del Transpacífico o TPP, la nueva versión de los tratados de libre comercio que promueven los Estados Unidos. “Se están estableciendo las mismas concesiones o privilegios al capital internacional para llegar a nuestro país y tener beneficios de posiciones respecto a la industria nacional. Lo que está por hacer el oficialismo es nefasto para la producción y la industria nacional”, señaló el diputado mendocino.

La izquierda también hizo escuchar su rechazo a la iniciativa. Por caso, Myriam Bregman, les aseguró a todos los diputados del oficialismo que el proyecto “es sólo comparable a la que estableció el pago a los fondos buitre”.
Sobre el final, el ahora macrista Eduardo Amadeo lanzó edulcoradas loas y disonantes vítores sobre el indiscutido éxito que tendrá la iniciativa. “Este proyecto tiene los controles necesarios para que no vuelvan a repetirse los festivales corruptos que hemos visto en el pasado”, dijo y casi se aplaude a sí mismo.

Ahora resta que el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, acuerde con el senador Miguel Pichetto la sanción final del proyecto que Macri le reclama con urgencia.

Fuente: tiempoar.com.ar. Link. Foto: nexo-cdn.nexofin.com

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