Guillermo Carmona cuestiona en la Cámara de Diputados los decretos sobre “conflictos de intereses”. Los funcionarios incursos en irregularidades responderían ante alguien dependiente de Macri.

A Macri lo controlará Macri*

Por: Guillermo Carmona

A Macri lo controlará Macri, esa es la “solución” del presidente para los escandalosos casos de conflictos de intereses.

Según los decretos del PEN, en los casos en que Macri y sus ministros tienen conflictos de intereses representará al Estado un funcionario que depende directamente del presidente. El decreto 201/2017 dispone que el Procurador del Tesoro de la Nación representará al Estado en los juicios en los que los funcionarios del Poder Ejecutivo cuestionados por conflictos de intereses se encuentran interesados. El Procurador del Tesoro de la Nación llega y se va con el presidente de turno y el presidente puede pedirle la renuncia en cualquier momento y reemplazarlo. ¿Qué grado de autonomía puede tener un funcionario en tales condiciones para representar los intereses del Estado en un juicio en el que se litigue contra los intereses del presidente, la vicepresidenta o los ministros o de sus parientes? El actual Procurador del Tesoro Nacional se llama Carlos Balbín. Tiene rango equivalente a ministro y las versiones sobre sus contactos previos son confusas. Algunos lo consideran “ahijado político de Daniel Angelici” mientras otros lo vinculan a Elisa Carrió, extraña situación si consideramos que Carrió y Angelici son declarados e irreconciliables enemigos.

Además de usurpar competencias que son propias del Congreso Nacional en lo relativo a la legislación de ética pública, Mauricio Macri intenta generar con los decretos publicados una pantalla de supuesta transparencia para ocultar los gravísimos escándalos de corrupción en los que se encuentra involucrado personal o familiarmente, o en los que están implicados funcionarios de su gobierno. Sr. presidente: el ámbito para el tratamiento de todos los temas relativos a la ley de ética pública es en el Congreso Nacional, así lo dispone el artículo 36 de la Constitución Nacional. En el congreso hay presentados en este momento diversos proyectos sobre el tema, tanto de la oposición como del oficialismo incluso.

Insistiremos con el tratamiento en el Congreso de este tema central para la democracia argentina y de nuestro proyecto para poner límites a la puerta giratoria entre las empresas y el Estado, un mal que nos afecta muy particularmente desde la asunción del gobierno ceocrático de Mauricio Macri.

*fragmento de intervención legislativa reproducido en https://www.facebook.com/grcarmon/?fref=ts

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