Que pague sus crímenes

Amplían la denuncia contra Bullrich por la aberrante represión a jubilados y niños. ¿Podrá esta vez romperse el blindaje de los jueces corruptos a sus torturas y asesinatos?

Amplían denuncia penal contra Bullrich y Monteoliva: la CPM pide investigar encubrimiento e inteligencia ilegal

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió la denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, por la salvaje represión contra jubilados/as y manifestantes en general en la movilización del 11 de septiembre en el Congreso contra el veto a la movilidad jubilatoria, en la que una nena de 10 años fue rociada con gas pimienta por un efectivo de la Policía Federal. «La CPM pidió que se investiguen las acciones de inteligencia de la PFA en los registros que realizan en las manifestaciones y las acciones de Monteoliva, que reconoció haber obtenido información y almacenar datos de los manifestantes u organismos de derechos humanos que realizamos actividades de monitoreo de la violencia policial y socorristas que atienden a los heridos. También intentó influir sobre la opinión pública, responsabilizando a estos actores y lanzando una campaña de acción psicológica tendiente a desprestigiarlos y acusarlas de cometer delitos», denuncia el organismo. Por ANRed.

Así lo anunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM): «luego de denunciar penalmente el brutal ataque a la nena de 10 años, rociada con gas pimienta a quemarropa por un efectivo de la Policía Federal, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) amplió la denuncia y pidió que se investiguen otros hechos de violencia y las responsabilidades de los altos mandos policiales y responsables políticos del Ministerio de Seguridad que ordenaron reprimir la manifestación del pasado 11 de septiembre y luego intentaron encubrir estos delitos. Por otro lado, se requirió que se investiguen las acciones de inteligencia de la Policía Federal en los registros que realizan en las manifestaciones y las acciones de la Secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva, que reconoció haber obtenido información y almacenar datos de los manifestantes u organismos de derechos humanos que realizamos actividades de monitoreo de la violencia policial y socorristas que atienden a los heridos. También intentó influir sobre la opinión pública responsabilizando a estos actores y lanzando una campaña de acción psicológica tendiente a desprestigiarlos y acusarlas de cometer delitos», denuncia el organismo.

En el mismo sentido, la CPM agrega: «tres integrantes del equipo de monitoreo de la CPM fueron agredidos con disparos con postas de goma expresamente dirigidos hacia ellos. Estas acciones de violencia policial desproporcionadas e ilegales, terminaron con alrededor de 50 personas heridas por gases químicos, postas de goma y golpes, además de dos detenciones arbitrarias«.

La ampliación de la denuncia penal fue ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°1, a cargo de la jueza María Servini de Cubría.

La CPM detalló que en la presentación describe que «ese día alrededor de 1000 efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía de Ciudad, con la presencia también de equipos especiales, se desplegaron durante el operativo represivo que desencadenó en acciones de violencia desproporcionadas e ilegales. La ampliación de la denuncia incluye un detallado registro del momento de la agresión a la nena de 10 años. De acuerdo a lo reconstruido por la CPM, mientras el cordón de la Policía Federal avanzaba disparando con postas de gomas y lanzando gases, la nena junto a su madre se sentaron en el piso para evitar ser agredidas. Ante esa situación, se generó un claro en medio del cordón policial, que fue advertido por los manifestantes quienes a viva voz señalan la presencia de la niña y fue también advertido por los policías y por parte del equipo de monitoreo de la CPM, que intentó acercarse. Sin embargo, en ese momento, se escuchó la orden de ‘avancen, avancen’ y, en ese momento, un agente de la Policía Federal, de manera intencional y a quemarropa, apuntó directamente y arrojó el gas químico irritante contra la niña y su madre, mientras permanecían agachadas en el suelo. Los gases alcanzan también a un integrante del equipo de la CPM que se había acercado a ellas».

«El registro del ataque completo que circuló públicamente, junto al registro fílmico grabado por la CPM durante el monitoreo, no sólo muestra claramente el ataque sino que también permite identificar al superior que dio la orden de avanzar, el Jefe del Cuerpo de Infantería de la Policía Federal, el Comisario Inspector Gerardo Ariel Perillo. La brutal agresión a la nena de 10 años se dio en el contexto de un operativo represivo de las fuerzas de seguridad que, como se señala en la ampliación de la denuncia, dejó como saldo alrededor de 50 personas heridas por los gases químicos, postas de goma y golpes. Entre las víctimas se encuentran niños, niñas, adultos mayores, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos: tres integrantes de los equipos de la CPM que se encontraban monitoreando y registrando el accionar de las fuerzas de seguridad fueron alcanzados por disparos de balas de goma y varios más afectados por gas pimienta», enumera el organismo de derechos humanos.

En la misma línea, la CPM agrega: «todas estas víctimas fueron informadas en la denuncia presentada ante Servini de Cubría. También se notificó la situación de las dos personas detenidas por atentado y resistencia a la autoridad, detenciones que se realizaron cuando los manifestantes comenzaban a desconcentrarse. Además de ampliar y presentar nuevas pruebas sobre el contexto represivo y la agresión a la nena de 10 años, la CPM también denunció las acciones de encubrimiento dirigidas desde el Ministerio de Seguridad de Nación para deslindar su responsabilidad en el hecho denunciado. La denuncia señala que las declaraciones en distintos medios de la secretaria Alejandra Monteoliva buscaron, en primer lugar, instalar de manera deliberada una versión falsa y luego, ante las evidencias, tanto ella como la Ministra Bullrich intentaron justificar el accionar ilegal de los agentes de la Policía Federal».

En ese sentido, en la presentación se describen detalladamente las declaraciones de la Secretaria de Seguridad Monteoliva que pretendió vincular a los equipos de la CPM y del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) como ‘infiltrados’ para generar el caos y responsables del ataque a la nena de 10 años. Por estas acciones, que formaron parte de la estrategia de encubrimiento, «la CPM pidió que se investigue particularmente la legalidad de los registros fílmicos y de datos realizados por las fuerzas de seguridad durante la manifestaciones, ya que se tratan de tareas de inteligencia ilegal«.

«La Secretaria de Seguridad reconoció haber obtenido información y almacenar datos de los manifestantes u organismos de derechos humanos que realizan actividades de monitoreo de la violencia policial y socorristas que atienden a los heridos. También, intentó influir sobre la opinión pública, responsabilizando a estos actores y lanzando una campaña de acción psicológica tendiente a desprestigiarlos«, señala la CPM. Y agrega: «esto cobra particular relevancia en función de las declaraciones públicas vertidas por la Secretaria de seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, respecto de la intervención de los rescatistas del CEPA y los integrantes de los equipos de la Comisión Provincial por la Memoria, en tanto expresó que se habían analizado a las personas identificadas de ‘vestimenta naranja’, de una ‘agrupación de Derechos Humanos’ que las venían observando, identificando y a las que le atribuye la comisión de hechos delictivos en el marco de la manifestación«, explica la denuncia de la CPM.

Finalmente, en su presentación, la CPM señaló que «resulta indispensable una completa investigación de las responsabilidades jerárquicas y funcionales, ya que los hechos denunciados constituyen graves violaciones de derechos humanos».

Fuente: ANRed. Link. Imagen: La Izquierda Diario.