Inmobiliaria Petri

Un negociado de Petri con un valioso inmueble en Puerto Madero dejó al país indefenso por desconexión de la seguridad cibernética de las Fuerzas Armadas.

Denuncian irregularidades en la venta de un predio militar en Puerto Madero

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa.

La gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, quedó nuevamente envuelta en polémica tras una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que exige examinar la legalidad y transparencia de la venta del edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, un predio perteneciente a la Armada Argentina.

La presentación —registrada el 10 de noviembre bajo el código KLGZ-246— detalla presuntas irregularidades, vicios en el procedimiento y omisiones de deberes de funcionario público, y coloca bajo la lupa una operación realizada en el marco del Decreto 950/2024, mediante el cual el Gobierno habilitó la venta de más de 400 propiedades estatales bajo el argumento de “innecesariedad”.

El inmueble, considerado la principal herramienta del país para la protección de objetivos digitales estratégicos, fue vendido por 34 millones de dólares al fideicomiso Madero 6. Según la denuncia, la enajenación se concretó sin un plan de transición adecuado, sin previsión presupuestaria y sin evaluar las consecuencias estratégicas que podría generar un ciberataque durante el traslado, lo que comprometería directamente la responsabilidad de las máximas autoridades de Seguridad y Defensa.

Una cadena de responsabilidades que apunta al corazón del Ministerio de Defensa

La denuncia señala en primer lugar al general de brigada Luis Guimpel, comandante Conjunto de Ciberdefensa, como responsable directo de la infraestructura, los activos críticos y la seguridad del organismo. Se le reprocha no haber elevado objeciones ante el Estado Mayor Conjunto (EMCO) ni ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pese al riesgo de vender el predio sin una sede alternativa ni presupuesto asignado.

También es mencionado el brigadier general Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto, autoridad máxima de la estructura de la cual depende el Comando de Ciberdefensa. La denuncia sostiene que Isaac debió evaluar y objetar la desafectación de un activo estratégico sin contar con un plan de contingencia ni con una nueva instalación que cumpla requisitos de seguridad.

A ello se suma el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Alejandro Rozas Garay, cuyo rol en la planificación y supervisión de la política de infraestructura militar es puesto bajo sospecha. El texto pide investigar si Rozas Garay participó en la decisión de catalogar el inmueble como “innecesario” y si articuló adecuadamente con el EMCO y la AABE para evitar riesgos a la seguridad nacional.

La denuncia subraya, además, que la venta del edificio dejó al país en una situación de vulnerabilidad estratégica ante posibles ciberataques, dado que la nueva sede —un edificio en la calle Junín, perteneciente a la Fuerza Aérea— aún no cuenta con garantías plenas en materia de seguridad digital y física.

Fuente: Primereando. Link. Imagen: Diario El Norte.