Un fallo y voces críticas

La Justicia suspendió todas las atribuciones de la intervención a la AFSCA

El fallo del Juez en lo contencioso administrativo Luis Federico Arias de La Plata, ordena «al Poder Ejecutivo Nacional se abstenga de suprimir o afectar derechos adquiridos y/u otorgar nuevos derechos vinculados al ejercicio de la competencia y funcionamiento de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual».

En el fallo cita amplia jurisprudencia nacional e internacional y deja sin efecto “todas las medidas adoptadas por la Intervención de la Entidad y/o el Poder Ejecutivo Nacional” a partir del 29 de diciembre, fecha en la que se presenta la demanda, lo que incluiría el DNU anunciado el miércoles, “lo cual implica innovar respecto de todos los actos y reglamentos emitidos desde entonces, los que quedarán suspendidos hasta el dictado de la sentencia definitiva o lo que resuelva el magistrado competente”.

El magistrado también remite la cuestión de fondo a la justicia federal pero aclara que mientras tanto alcanza a “todas las medidas que se tomen del 29 de diciembre en adelante” y plantea que la acción se hace “en favor del derecho colectivo a la información y la libertad de expresión”.

 “La prohibición de innovar y la medida de carácter innovativa que aquí se disponen implican asimismo, la prohibición de alterar, modificar, eliminar o suprimir las funciones y la existencia de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522”.

El fallo fue enviado este miércoles al Poder Ejecutivo Nacional, al Presidente de la Nación y al interventor, Agustín Garzón, y considera que la aplicación del DNU que impuso Macri, “constituye una amenaza concreta al derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas, dado que traspasa las atribuciones de una autoridad de aplicación autónoma y plural -por decreto de necesidad y urgencia- a manos de un delegado del Presidente de la Nación”.

Arias explicó a Radio del Plata que la modificación de una ley a través de un decreto, “está prohibido por la Constitución, salvo para casos de emergencia comprobada. No basta solamente con invocar la emergencia, hay que decir en qué consiste. Tienen que ser casos de graves catástrofes”. También en relación a esto, el fallo del Juez “solicita el dictado de una medida cautelar suspensiva de los efectos del acto impugnado, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planeada, con la finalidad de asegurar el resultado de una eventual sentencia judicial favorable”.

Con respecto a la remoción de cargos en los órganos intervenidos, Arias citó el art. 14 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y expuso que: “El presidente y los directores sólo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La remoción deberá ser aprobada por los dos tercios (2/3) del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en las causales antes previstas.”

“Situación que indudablemente requiere de un pronto remedio”

La medida de Arias recuerda también el accionar de la Corte Suprema de Justicia de La Nación en la conocida causa “Grupo Clarín”, “donde al convalidar la constitucionalidad de la Ley 26.522, expresamente advirtió que: ´Es de vital importancia recordar que tampoco se puede asegurar que se cumplan los fines de la ley si el encargado de aplicarla no es un órgano técnico e independiente, protegido contra indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”.

“La autoridad de aplicación debe ajustarse estrictamente a los principios establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales a ella incorporados y en la propia ley. Debe respetar la igualdad de trato, tanto en la adjudicación como en la revocación de licencias, no discriminar sobre la base de opiniones disidentes y garantizar el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural.”(CSJN, causa “Grupo Clarin SA”, G. 439.XLIX., Sent. del 29-X-2013).-

Arias también hizo hincapié en el tiempo de consideración de la medida precautelar, ya que “si no se concede una medida precautoria, podrían verse frustrados o agravados los derechos involucrados, situación que indudablemente requiere de un pronto remedio, o dicho en términos constitucionales, una rápida ´acción positiva´ que le asegure la vigencia de los derechos de los habitantes, dentro de la garantía constitucional a una ´tutela judicial continua y efectiva´”.

Sobre las acciones a partir de este fallo, Arias explicó a Radio del Plata que si el gobierno insiste en publicar el DNU “Dejaría de ser esto una violación a la Constitución y pasaría a ser directamente un delito”.

El fallo completo

Fuente: Agencia FARCO / agencia.farco.org.ar

REACCIONES DESDE LA OPOSICION POR LA DISOLUCION DE LA AFSCA POR DECRETO

“Favorece a las corporaciones mediáticas”

La decisión del gobierno de Macri generó la reacción del kirchnerismo y también de otros sectores opositores de centroizquierda. Las críticas fueron tanto por ir contra la ley de medios como por hacerlo por decreto.

La decisión del gobierno de disolver la Afsca, como medida previa a la anulación de la ley de medios, generó la inmediata reacción de los dirigentes del kirchnerismo y sumó críticas también en los partidos de centroizquierda. La lectura coincidente fue que las medidas son una devolución de favores del presidente Mauricio Macri a Magnetto y el Grupo Clarín, y tendrán como inmediata consecuencia un proceso de todavía mayor concentración mediática. El otro eje de los cuestionamientos apuntó a que una ley no puede ser modificada por decreto. “Macri actúa como un monarca” y que “desconoce las instituciones y los consensos”, fueron algunas de las definiciones en este sentido.

El ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto recordó que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue “la más debatida de la historia argentina”, por lo que su anulación “termina con la institucionalidad”.

Quien fuera el primer titular de la Afsca marcó la contradicción de que desde el macrismo “hablen permanentemente de República”, pero “sin saber bien de qué se trata”. “Esto tiene que ver con el perfil de un gobierno que pone a gerentes de multinacionales frente a los organismos que debería cuidar”, consideró también.

Agustín Rossi, jefe del bloque del FpV en el momento de la aprobación de la ley de Medios y actual parlamentario del Mercosur, señaló que la ley “tiene un espíritu fundamentalmente antimonopólico”, y que la decisión del gobierno “favorece claramente a las grandes corporaciones mediáticas”.

El socialista Jorge Rivas agregó que reformar leyes por decreto es “totalmente ilegal”. “Aunque es elemental, vale la pena aclararlo: una ley sólo puede ser reformada por otra ley posterior, de modo que si Mauricio Macri pretende modificar la llamada Ley de Medios, debe enviar un proyecto de reforma al Congreso”, indicó. “Macri asumió el 10 de diciembre como presidente de la república, no como monarca absoluto.”

Desde La Matanza, el ex intendente y titular del PJ bonaerense, Fernando Espinoza, consideró que teniendo en cuenta que Macri se presenta como “el gran defensor de la institucionalidad”, debería “esclarecer por qué cambia una ley con un DNU”. Para el dirigente, esto “confirma claramente que Macri no va a atarse a leyes que lo condicionen”.

El diputado Carlos Heller (Partido Solidario) se preguntó cuál fue “la necesidad y la urgencia”, y apuntó: “devolver favores a los grupos empresarios monopólicos que los ayudaron a ganar las elecciones”. En este sentido, sostuvo que el gobierno “quiere controlar los sistemas de comunicación porque es autoritario y antidemocrático”.

Entre los legisladores que se expresaron por las redes sociales estuvo el diputado Eduardo “Wado” De Pedro. “El jefe de Gabinete (Marcos Peña) acaba de anunciar la disolución de la Afsca. Traducción: impunidad mediática por decreto. Sigue la cadena de favores”, tuiteó. Por la misma vía, la socialista Alicia Ciciliani se preguntó: “Por qué no convocar al Congreso a discutir y consensuar? La gente pidió cambio. Verdadero cambio. NO se ingresa al SXXI por decreto”. La sciolista Cristina Alvarez Rodríguez agregó: “Bajan por DNU una ley debatida en todo el país, aprobada en el Congreso y avalada por la Corte. ¿Macri era el guardián de las instituciones?”.

“Esto es un capítulo más del brutal avasallamiento institucional a través del cual el macrismo va desmontando las conquistas sociales alcanzadas durante los últimos doce años”, planteó a su vez José Cruz Campagnoli. Para el legislador porteño de Nuevo Encuentro, el macrismo “paga de esta manera una cuota más de su deuda con Magnetto, avanza en su plan de retirar al Estado de la regulación del sector de las comunicaciones y, en consecuencia, va sembrando el terreno para una intensificación de la concentración mediática. La contrapartida de estas iniciativas es el blindaje comunicacional, que permite invisibilizar el programa de ajuste que el gobierno está llevando adelante”.

Desde la centroizquierda, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) consideró “preocupante este hábito del nuevo gobierno de modificar leyes votadas por el Congreso de la Nación por decreto. Hace tan sólo una semana se intervino la Afsca y la Aftic por 180 días, también por decreto. ¿Por qué no llaman a sesiones extraordinarias para presentar una nueva ley? El mecanismo de disolver y luego anunciar que se enviará una propuesta de comisión bicameral al Congreso no resulta adecuado, es la política de los hechos consumados”.

Alejandro Bodart, del MST, sostuvo que Macri “atropella leyes a decretazos para favorecer negocios monopólicos, no para avanzar en la pluralidad de voces aún pendiente. La supuesta intervención de seis meses a ambos organismos duró apenas tres días con tal de allanarle el camino a los grandes grupos telefónicos y mediáticos”.

Fuente: Página 12