Los elementos de un escandaloso fallo de una Cámara incompetente que vulnera el acuerdo básico de los argentinos: respeto al voto popular.

EL FRENTE PARA LA VICTORIA APELO LA ANULACION DE LAS ELECCIONES EN TUCUMAN

“Es un golpe contra la democracia”*

El kirchnerismo recurrió a la Corte Suprema de Tucumán. En la capital de esa provincia, frente a los Tribunales, militantes peronistas montan guardia. La posibilidad de una intervención o la sanción de una nueva ley de acefalía.

Por Nicolás Lantos

“Fue un golpe de Estado judicial.” Así calificó el gobierno tucumano la decisión de un tribunal de esa provincia de anular los comicios celebrados allí y desconocer los mandatos otorgados por el voto popular, que ya fue apelada por el oficialismo. “Nos quieren afanar la elección”, definía la situación un operador peronista, de forma más pedestre, en off the record. El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo es “un atentado a la democracia” dijo el gobernador, José Alperovich, que además opinó que es “imposible” su cumplimiento “sin caer en acefalía”. Desde la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, habló de una sentencia “ridícula, sin sentido y de una gravedad institucional inusitada y destituyente”.

Ayer mismo, por la tarde, los apoderados del Frente para la Victoria presentaron un recurso de Casación para que el fallo no quede firme e intervenga la Corte Suprema de Tucumán. También hubo una denuncia por prevaricato contra los magistrados que dispusieron la nulidad del comicio. En la capital de esa provincia, frente a los Tribunales, cientos de militantes peronistas montan guardia a la espera de la resolución del conflicto. La arena corre en el reloj: la fecha límite es el 29 de octubre, cuando caducan los cargos de todas las autoridades de la provincia.

“El pronunciamiento de los jueces de Tucumán es nulo de nulidad absoluta y deberá ser anulado por la Corte Suprema de Justicia”, dijo Jorge Landau, apoderado del PJ, a través de un comunicado donde denuncia que “los perdedores buscan jueces amigos que les permitan desconocer la voluntad popular haciendo que un triunfo del Frente para la Victoria se transforme en una derrota”. En ese texto, el diputado enumeró las fallas graves de la decisión de la Cámara:

– “Los jueces que se pronunciaron no estaban legitimados para hacerlo porque el órgano legalmente competente es la Junta Electoral de la provincia.

– El día de la elección todas las actas de escrutinio fueron firmadas por las autoridades designadas y los fiscales de todos los lemas que participaron de la elección. Ese es el escrutinio provisorio que dio ganador al FpV.

– Si finalizaron las operaciones del escrutinio definitivo llevadas adelante por la Junta y convalidadas por los fiscales de los partidos participantes que confirmaron con su participación y su firma las actas, el escrutinio es válido y los números finales confirmaron como ganador al FpV por más de 100.000 votos.

– El procedimiento del escrutinio definitivo se hizo siguiendo las exigencias de la ley, consentido por los participantes y no fue cuestionado.

– La validez o nulidad de las elecciones puede recaer en vicios o errores del escrutinio provisorio y del definitivo. No pueden haber otras causales que lleven a la nulidad.

– Los cuestionamientos al escrutinio deben sustanciarse ante la Junta Electoral de la provincia y apelados ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de acuerdo a la Constitución de Tucumán”.

Atento a esos argumentos, el peronismo se abroqueló detrás del gobierno tucumano, que buscaba ayer destrabar la situación elevando el asunto al máximo tribunal provincial. El recurso de Casación se presentó ayer por la tarde y se espera que se resuelva a comienzos de la semana que viene. Ese es el ámbito natural donde debe resolverse el pleito.

Así lo expresó el candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli: “Hay que respetar la voluntad popular y acatar el fallo definitivo de la Justicia, que es la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que tiene la máxima competencia y autoridad”, dijo. Tanto el peronismo como la oposición descuentan que la decisión de ese órgano será favorable al oficialismo, y todos dan por sentado que el asunto terminará, tarde o temprano, en manos de Ricardo Lorenzetti y la minusválida Corte Suprema de la Nación.

Por su parte, el gobernador Alperovich calificó el fallo de los jueces Salvador Norberto Ruiz y Ebe López Piossek como “un golpe contra la democracia y la voluntad popular de todos los tucumanos que fueron a votar”. En conferencia de prensa, dijo que “dos jueces no pueden parar la voluntad de 900 mil tucumanos” y criticó que la decisión judicial “esgrime como argumento solamente notas periodísticas”.

En relación con el nuevo llamado a elecciones, Alperovich explicó que “no se puede cumplir en 40 días lo que establece el fallo” porque “para llamar a un nuevo proceso electoral se necesitan 90 días por lo menos, y el 28 de octubre quedaría acéfala la provincia, cuando termine esta gestión de gobierno”.

Las especulaciones sobre cómo seguirá, entonces, el trámite, abundan. Opositores y oficialistas hablaron ayer de la posibilidad de una intervención federal, aunque la idea perdió fuerza con el correr de las horas. “Es sólo el último recurso”, estiman en el gobierno nacional, que esperan llegar a fines de octubre con la cuestión saldada en tribunales o al menos un fallo intermedio favorable que le permita asumir en tiempo y forma a Juan Manzur, el candidato más votado, al menos hasta tanto haya una sentencia firme.

Otra opción que se evalúa es que la legislatura provincial apruebe, en las próximas semanas, una nueva ley de acefalía que incluya un mecanismo que permita sortear el vacío de poder que se daría bajo la actual legislación a partir de finales de octubre. La ley de acefalía que rige actualmente en Tucumán es anterior a la reforma constitucional de 2006 y no prevé una alternativa para un caso como el que se presenta con el fallo de la cámara.

En el caso de que la situación llegue al límite y se vuelva obligatorio enviar al Congreso un proyecto de intervención, la misma será “tan breve como sea posible hasta que se resuelva el fondo de la cuestión” y recaería en manos de Manzur o de Alperovich, se especula en el oficialismo. En ningún escenario, aseguran, aparece la opción de repetir el comicio, tal como reclama la oposición. “Es una locura, no se ha hecho nunca y es imposible que la Corte Suprema termine decidiendo en ese sentido. No está en nuestros cálculos”, dijo un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Mientras tanto, cientos de militantes del Partido Justicialista que se reunieron en la noche del miércoles en la Plaza Yrigoyen, frente a los Tribunales de esa provincia, al conocer el fallo que denuncian como “proscriptivo”, mantienen el campamento y prometen no levantarlo hasta que se resuelva la cuestión. Las paredes del Palacio de Justicia amanecieron ayer pintadas con consignas como “Ojo con traicionar al pueblo”, “Mi voto vale” y “Viva Perón y Eva”.

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Los fundamentos*

Los jueces de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán basaron la decisión de anular las elecciones provinciales en la existencia de prácticas clientelísticas, hechos de violencia registrados durante la jornada electoral e irregularidades en el sistema de monitoreo. Los magistrados consideraron, además, que la enmpresa encargada de ese servicio dio excusas falsas sobre las fallas en las grabaciones. “El derecho a votar libremente es la esencia de la sociedad democrática y cualquier restricción a ese derecho golpea el corazón del sistema representativo”, dijeron los jueces y agregaron que “las prácticas clientelares conspiran contra la libre voluntad que constituye el presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio”. Los camaristas señalaron que “la relación entre ‘punteros políticos’ y ‘población desprotegida’ en muchos casos, responde a un sistema de subsistencia alimentaria que resulta difícil cuestionar des del discurso jurídico”. En el fallo, se señala un hecho de violencia con “17 urnas violentadas” y el hecho de que al mirar al azar las cintas de las cámaras de seguridad se vio a “un sujeto colocando una faja” de una urna extraída del depósito”. En el escrito también se hace mención a una maniobra de cambios masivos de domicilio, pero se la menciona en grado de “tentativa” ya que fue advertida en su momento por la Junta Electoral.

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CONSTITUCIONALISTAS CRITICARON A LA CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE TUCUMAN

“Se trata de un fallo sedicioso”*

Barcesat, Rondina y Barovero rechazaron la intervención del juez Ruiz y la jueza López Piossek, quienes declararon la nulidad de la elección tucumana del 23 de agosto. Según los abogados, los magistrados no tenían competencia para tomar el caso.

El fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán despertó no solamente reacciones desde el ámbito político, sino que distintos abogados constitucionalistas salieron a cuestionar la declaración de nulidad de la elección del 23 de agosto. “Es un fallo que trasciende los límites del lenguaje normativo. Se desconoce en forma flagrante un resultado electoral por medio de una decisión de un tribunal incompetente”, aseguró el abogado Eduardo Barcesat, quien adelantó que presentará una denuncia contra los jueces por “prevaricato”. En una línea similar, el letrado santafesino Domingo Rondina afirmó que las normas que regulan el proceso electoral en esa provincia “no le dan competencia” a ese juzgado. “Los jueces no pueden meterse en lo que la ley no les permite”, remató. Esas afirmaciones se suman a las opiniones de los juristas Raúl Gustavo Ferreyra y Julio Maier (ver recuadros).

La sentencia dictada por los jueces Salvador Ruiz y Ebe López Piossek despertó serios cuestionamientos por parte de colegas y especialistas en derecho constitucional. Según Barcesat, la decisión “es aberrante y arrasa el principio de deber de obediencia de la Constitución Nacional, por lo tanto es una conducta sediciosa que alguien se invista de autoridad electoral cuando no tiene atribuciones”. El abogado consideró que la Junta Electoral provincial “debe proclamar a los candidatos electos conforme al escrutinio definitivo”. El recuento de los votos arrojó un resultado de 11,7 puntos de diferencia entre Juan Manzur (FpV), con el 51,64 por ciento, contra el 39,94 por ciento de José Cano (Acuerdo por el Bicentenario). El constitucionalista fundó su acusación por prevaricato en que los magistrados resolvieron “apartarse a sabiendas de los que dispone la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el Código Electoral de Tucumán”. Por último, consideró que el 28 de octubre, cuando el actual gobernador José Alperovich finalice su mandato “tendría que asumir el nuevo gobernador y demás autoridades electas”.

En una comparación con el proceso electoral santafesino, que también fue judicializado, Rondina recordó que el PRO, que llevaba como candidato a Miguel Del Sel presentó un amparo ante un juez civil en medio del escrutinio definitivo con el objetivo de que se suspenda. “Hay que rescatar en ese caso la sabiduría de la Constitución provincial (de Santa Fe) de 1962, que le quitó competencia a los jueces ordinarios en el proceso electoral. Hay un tribunal específico para esas cosas”, afirmó Rondina. El abogado constitucionalista explicó que “no puede un juez por que quiere ser protagonista robarse una causa y sentenciarla él”. “Cuando nos la pasamos jorobando con que ‘vivan los jueces’ y que ellos iban a ‘salvar a la República’, despertamos un monstruo. Hay jueces muy buenos pero otros se creen reyes sin corona, y quieren poner reglas que tienen que dictar desde el Poder Legislativo”, advirtió en declaraciones radiales.

Para Barovero, el Poder Judicial “no puede declarar inválido un acto comicial en su conjunto”. El vicepresidente del Instituto Nacional Yrigoyeniano compartió con Barcesat que se trata de una situación de “prevaricato judicial” y que se está fallando “en contra del ordenamiento constitucional argentino”. “Hay jueces que piensan que pueden gobernar a través de sus sentencias”, concluyó

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