En los comienzos de las discusiones por la redacción de la Ley de Medios, y antes de comenzar la consulta nacional en los Foros, que hicieron de esta ley la más democrática de la historia nacional, había posturas encontradas entre los que participábamos. No existían diferencias en cuanto a terminar de una vez y para siempre con los parches que manejaban la comunicación hasta esa fecha, más bien el punto era cuán “dura” podía llegar ha ser esta nueva ley y qué riesgos se corrían al intentar normalizar el caótico mundo de las comunicaciones.

Está claro que la discusión en torno a los medios no pasa por la famosa, mentada y ensuciada “libertad de expresión”. La preocupación de los angurrientos dueños de los medios pasa por la plata, así de duro, así de claro.

El paso del tiempo y la dilatación en la aplicación de la ley demostró que no importa cuán dura o flexible fue su alcance, ellos, los empresarios se opusieron igual. Posiblemente la batalla hubiese sido más dura para su promulgación, pero de todas formas su oposición se ha manifestado concretamente desde el inicio.

Responder a la agenda que ellos fijan es hacer de la comunicación un frontón. Todo el tiempo se debe invertir en “leer –los” y salir a contestar o refutar sus noticias redactadas con una carencia total de objetividad, y que en muchos casos son mentiras presentadas como hechos chequeados. Para alguien que lee, escucha y mira un “grupo de tareas informativa” quedará convencido de, por ejemplo, que Nilda Garre tiene cuentas en paraísos fiscales, aunque después estos paraísos salgan a explicar que no solo la ex Ministra carece de cuentas sino que además no tienen el placer de conocer a dicha persona.

Supongamos que una nave alienígena llegara a la tierra para regocijo de los dueños de canales como History Channel y en lugar de descender en EEUU, como ellos quisieran, decide virar en las pampas argentinas. La fecha podría ser un 25 de mayo y mientras sobrevuela las fértiles tierras logran sintonizar un canal de TV o una radio, las posibilidades de que sea una emisora que transmita los festejos patrios –de todos los argentinos- es muy remota. Casi todos los medios están ocupados en demostrar la alta tasa de accidentes, robos, catástrofes y cualquier cosa que sirva para tensar el humor de la gente. Importa sí, que miles, muchos, hayan seguido los eventos por los pocos medios que cubrieron las fiesta mayas y mejor aún aquellos que pudieron presenciarlos en persona. Pero la comunicación de estos eventos es casi nula en porcentaje y esta realidad es válida para un visitante del espacio exterior y para un habitante nativo de cualquier lugar del país.

Es casi un delito la pretensión que tienen algunos miembros de la oposición que intentan limitar el uso de la Cadena Nacional. Ellos son los que se desesperan por la libertad a expresarse y luego tratan por todos los medios –los de ellos- de evitar que la sociedad tenga acceso a los informes de gobierno. Sorprenden los argumentos de que la Cadena Nacional se usa con fines políticos. Salvo que conozcan algo que el resto no sabe, la Presidenta es política, sus actos son políticos y cada paso de su vida está lastrado de política. Es como declarar que el bloque del FPV vota en conjunto una ley y eso es violencia institucional porque son mayoría. Preguntar cómo se pretende que voten es absurdo.

Es fundamental para la salud del país, sin importar el partido político que esté en el Gobierno, que haya una verdadera distribución de los medios. Es impensable que un dueño de un canal de televisión pueda ser titular de una radio y de un diario. Las razones son claras, crean opinión, forman conciencia y fundamentalmente todas las acciones de estos pooles de noticias tienen una sola preocupación, ganar plata, aún mintiendo, transformando el derecho a la información veraz de un ciudadano en una mercancía que sirve para canjear poder.

Sergio Peralta es comunicador, ex Director de Radio Libertador Mendoza, participante de la Coalición por una Comunicación Democrática y los colectivos que redactaron los 21 puntos de los que derivó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26522.

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