LA HISTORIA DETRAS DEL PEDIDO DE CAPTURA DE DOS LIBANESES POR EL ATENTADO DE 1992

Por pedido de la embajada

La Corte Suprema aceptó una breve nota de la Embajada de Israel con acusaciones contra El Reda y Suleiman, un “informe” que no aporta detalles, ni pruebas, ni casi nada que tenga algún peso jurídico.

Por Raúl Kollmann e Irina Hauser

La sorpresiva orden de captura contra dos ciudadanos libaneses por el supuesto vínculo con el atentado contra la Embajada de Israel se basa en una no menos asombrosa carta de la delegación diplomática de ese país a la Corte Suprema. El texto enviado al máximo tribunal sostiene que la información con la que cuenta Israel confirma que Samuel El Reda estuvo relacionado con la planificación del atentado contra la AMIA y que el hermano de Samuel, José, probablemente aportó elementos para la infraestructura del atentado contra la embajada, aportó los fondos para comprar autos y la camioneta que se usó en el ataque y alquiló una casa en el Gran Buenos Aires. Respecto de Hussein Ibrahim Suleiman también dice que la información de Israel confirma enfáticamente que intervino en el atentado contra la embajada contrabandeando los explosivos y haciendo inteligencia. Pero en toda el texto no hay explicaciones sobre cómo se llegó a esos datos, ni se describe una prueba, ni se cita una declaración judicial, ni la intervención de un juez, ni se menciona dirección alguna que hayan usado en la Argentina o en la Triple Frontera. La Embajada de Israel emitió un comunicado en el que respalda el pedido de captura originado en la carta que ellos mismos enviaron.

Correo

Página/12 accedió al texto de Israel que originó la orden de captura de Suleiman y la reiteración de la de El Reda. Según parece, la Corte Suprema le pidió elementos a Israel sobre el primero a raíz de que, según distintas versiones, el individuo estuvo preso en Jordania en 2001. Nunca quedó claro si esa información fue cierta o no y menos todavía si declaró que en 1992 ingresó a la Argentina trayendo el explosivo que se habría usado en el atentado contra la embajada. Todo esto en un informe que dio a conocer la Corte Suprema en marzo de este año, cuando tuvo que enmendar un error de su presidente Ricardo Lorenzetti, quien dijo en la apertura del año judicial –y en respuesta a un reclamo de Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa– que la causa estaba virtualmente cerrada, que era cosa juzgada.

Desde ya que la mayor responsabilidad en la investigación estuvo en manos de la Corte Suprema a la época del atentado, cuando la encabezaba Ricardo Levene hijo. Como se sabe, es en las primeras horas y los primeros días cuando se pueden recoger las evidencias claves de cualquier hecho. Sin embargo, aquella Corte de la mayoría automática ni siquiera se ocupó de contar la cantidad de víctimas: dio por válido el número de 29 cuando una investigación posterior, cinco años más tarde, a cargo del secretario penal Esteban Canevari determinó que los muertos fueron 22.

Las dos órdenes de captura que se le pidieron a Interpol este jueves se originan en la carta de Israel a la Corte. En Tribunales dicen que Israel le mandó la carta la Cancillería y ésta la entregó a la Corte. El máximo tribunal lo llama “informe”, pero se trata de un texto de una página que no suma, al menos hasta ahora, evidencias judiciales ni pruebas que puedan ser utilizadas en un eventual juicio. El problema es que en el mejor de los casos, aunque exista una voluntad de esclarecimiento del atentado, sería difícil sostener las imputaciones en un proceso judicial (aunque lo haría la propia Corte).

Sospechoso I

El texto venido de Jerusalén se refiere a tres personas, aunque solo dos están relacionadas con el atentado contra la embajada, la causa que está en la Corte. La carta refiere como sospechoso más relevante a Hussein Ibrahim Suleiman:

– Dice que nació en el Líbano en 1960.

– “Nuestra información fehaciente indica que Suleiman estuvo involucrado en la planificación y ejecución del atentado contra la embajada”.

– “Hizo trabajo de inteligencia sobre el edificio de la embajada”.

– “Trasladó el explosivo C4 desde Foz de Iguaçú a Buenos Aires donde estaban otro agentes activos”.

– “Alquiló un departamento en los suburbios de Buenos Aires donde se armó la camioneta Ford con los explosivos”.

– No hay información sobre su paradero actual.

Como se ve, el texto es en algunos aspectos taxativos pero no indica la fuente o el origen de la información, veintitrés años después del atentado terrorista. No menciona dónde estuvo Suleiman en Foz de Iguaçú o dónde alquiló el departamento en el Gran Buenos Aires. No se dice cómo ingresó al país, no hay vestigios de alguna declaración judicial en Jordania ni en ningún otro lado, no hay un testimonio de alguna persona que haya visto o presenciado una de esas operaciones.

A primera vista, no aparecen datos elementales en los que se suele apoyar un pedido de captura, pero se pretende darle al relato la sensación de esclarecimiento. La Corte le dio curso. No fue muy distinto cuando pidió la captura de Imad Mughniyah, un líder de la Jihad Islámica en el momento del ataque, asesinado en 2008 en Damasco, sobre quien no había indicios que lo vincularan con la Argentina.

Sospechoso II

La segunda persona sospechosa es José (Hussein) Salman El Reda, de quien se reiteró el pedido de captura:

– Menciona que nació en el Líbano el 1º de julio de 1970. En los 80 se fue a vivir a Colombia con su hermano Samuel. “Nuestra información indica fehacientemente que Samuel estuvo involucrado en la planificación y ejecución del atentado contra la AMIA. Nuestra información también indica, con altas probabilidades, que José (El Reda) estuvo involucrado en la preparación de la infraestructura del atentado contra la embajada, incluyendo la transferencia de fondos desde el Líbano a la Argentina. Es muy probable que el dinero se haya usado para la compra del coche-bomba que luego se cargó con unos cientos de kilos de explosivos y es posible que con el dinero se hayan alquilado propiedades para armar el coche-bomba y para alojar a los agentes operativos que llegaron desde el Líbano”.

– No se sabe dónde vive El Reda hoy.

– Toda la infraestructura fue provista por la Jihad, brazo exterior de Hezbollah, apoyado por la inteligencia iraní.

Como se ve, la carta no menciona de dónde sale la información, no se cita ninguna dirección que se haya alquilado con el dinero de El Reda, no hay menciones a quiénes fueron los agentes que estuvieron en la Argentina. Respecto de José El Reda ni siquiera se dan certezas: se utilizan términos como probablemente, es posible.

En su informe de marzo, la Corte mencionó que José El Reda, que por entonces tenía 22 años, estuvo detenido por la Justicia federal de Rosario y fue procesado por tener en su poder dólares falsos impresos supuestamente en Irán. De esa causa judicial no surgen sospechas que lo vinculen con el atentado. Hay un dato que, de todas maneras, para la Corte tiene su peso: la camioneta Ford F-100 que según el máximo tribunal se usó en el ataque, se compró con un documento brasileño falso a nombre de Elías Ribeiro Da Luz. Se pagaron 21.000 dólares que no fueron falsos, aunque tenían sellos de una casa de cambios de el Líbano o, según otra versión, de una casa de cambios de Damasco, Siria. Sobre la base de la causa judicial de Rosario y el vínculo familiar con Samuel es que se habría librado la orden de captura original, la que se reiteró ahora.

De todas maneras, del texto enviado por los israelíes tampoco surge información nueva que lleve a reiterar la orden de detención, porque ni siquiera en Jerusalén pueden asegurar algo respecto de El Reda. Sólo dicen que es probable.

Apoyo

Para redondear las curiosidades, la Embajada de Israel en Buenos Aires emitió el viernes un comunicado en el que expresa su “satisfacción por los avances en la causa”. En el texto se señala que “el Estado de Israel corroboró información sobre los acusados”. En verdad, uno de los problemas más serios que tienen los dos expedientes sobre los atentados –el de la embajada y el de la AMIA– es que se cuenta con datos que provienen de los servicios de inteligencia pero que, por lo menos hasta ahora, no tienen el respaldo de pruebas judiciales. El texto que recibió la Corte ejemplifica esa problemática, porque afirma que fehacientemente o probablemente Suleiman y El Reda tuvieron que ver con el atentado contra la Embajada, pero no surge qué es lo que sustenta esos informes –seguramente de la Mossad– y qué es lo que podrá utilizarse un eventual juicio. Aún así, los dos pedidos de detención, el nuevo y el reiterado, ya están en Interpol.

Fuente: Página 12

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