Censurado, amenazado por Macri, Horacio Verbitsky volvió con un medio por internet. El Cohete a la luna publicó otro capítulo del blanqueo ilícito que Maurizio prohijó para parientes, amigos y favorecedores. La clase ociosa de la Argentina en el gobierno.

Los grandes blanqueadores reclaman la rebaja de los costos salariales

Grandes blanqueadores de dinero, como los Rocca y su gerente Novegil, el supermercadista Coto, los primos Madanes o los petroleros Bulgheroni claman por bajar los salarios, flexibilizar las condiciones de trabajo y, algunos, por una devaluación, que reforzaría ese efecto. El salario incentiva el consumo y el crecimiento de la economía, la fuga de ganancias crea trabajo en otros lugares del mundo. 

Lo que se fuga no es el consumo de los grandes empresarios, que no lo han reducido, sino la inversión, que languidece. Está claro que el blanqueo no buscó incentivar la inversión sino sacar de la ilegalidad a familiares, socios, testaferros y amigos de Macrì: no los obligó a repatriar activos, sólo a declararlos pagando una multa inferior a la tasa del impuesto a las ganancias que evadieron. La divulgación de datos sobre el blanqueo enfurece al presidente Maurizio Macrì, quien confesó su deseo de embarcarme en un cohete a la luna. 

Aquí continuamos con esa tarea que iniciamos en Página/12, mientras la AFIP cae en una progresiva parálisis por las desatinadas medidas con las que imagina protegerse de las filtraciones ya producidas. En un viaje de regreso al siglo XIX, se prohibió comunicarse desde los correos electrónicos de la entidad con direcciones externas y la última innovación consistió en eliminar también el uso de los pen drive, mientras los consultores externos revisan bit por bit la copia en espejo que hicieron de todas las computadoras. El pasado era mucho más seguro.

Después de los festejos electorales, el gobierno nacional dispuso imprimir un nuevo ritmo y mayor profundidad a sus medidas económico-sociales. Su escenificación comenzó en el show de la victoria que Maurizio Macrì encabezó en el Centro Cultural Kirchner, rebautizado CCK con la ilusión de que su origen se extravíe en un mar de siglas. Ese lugar es parte de la pesada herencia que el gobierno aprovecha, igual que el bajo nivel de endeudamiento externo que recibió en 2015. Allí Macrì anunció una ley de reforma laboral, instó a ceder algo para derrotar la pobreza y denunció como un obstáculo para la creación de empleo los juicios laborales, que consideró obra de una mafia. Un año antes, en octubre de 2016, ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción propuso “una agenda superadora. Llámenle productividad, competitividad, o romperse el traste”. Cuando habla el presidente no hace falta explicar al traste de quiénes se refiere.

Paolo Rocca, amo y señor de la transnacional italiana Techint, con sedes centrales en Milán y Luxemburgo, abogó en el Foro de Inversiones y Negocios de 2016 por la reducción de salarios como condición para que los empresarios inviertan y en el coloquio de IDEA de 2017 a favor de la tercerización como herramienta para reducirlos. También llamó mafiosa a la organización sindical.

En abril Macrì acompañó a Rocca a inaugurar una nueva planta de tubos sin costura de Techint, que con una inversión de 2.000 millones de dólares generará 1.200 puestos de trabajo. Pero no aquí, sino en Houston, Texas. America first. La tercerización por la que Techint aboga en la Argentina fue incluida por Macrì en el proyecto de ley de precarización laboral enviado en noviembre al Congreso. La CGT insistió en que la cláusula de tercerización fuera retirada, de modo que el trabajador pudiera recurrir también contra el empleador principal, que contrata a la empresa tercerizada. El ministro de trabajo Jorge Triacca (h) dejó saber que aquellos puntos que no pudieran incluir en la ley serían reintroducidos en las negociaciones sectoriales. Hasta ahora el proyecto no avanzó por la fuerte resistencia social y el gobierno anuncia que lo postergará hasta el año próximo, para no demorar también el golpe a los jubilados y a las provincias.

Javier Madanes Quintanilla, presidente de ALUAR/FATE le dijo a La Nación durante la crisis de fin de siglo que en la Argentina “las condiciones de negocios no son las más favorables del mundo. Es un país caro en términos de precios relativos. Es mucho más sencillo invertir en lugares como Brasil por un montón de razones. Cuando uno va a poner plata en la Argentina tiene que afilarle la punta al lápiz porque amortizar la inversión inicial es muy difícil y se pierde competitividad”. Ahora atribuye los obstáculos para la competitividad al elevado ausentismo y los ritmos de trabajo. En el segundo encuentro de “Negocios con el Mundo”, organizado por el diario La Nación en el Malba, Madanes Quintanilla sentenció que el sistema productivo es “altamente ineficiente por temas gremiales”

Alfredo Coto defendió la reforma laboral propuesta por Macrì en una entrevista concedida al diario La Nación, pero reclamó mayor celeridad y profundidad: Tiene que ser una reforma laboral con inteligencia. Porque cuando hablás y explicás todo esto, hay que ser inteligente; hay una manera de trabajar y se puede girar en 180 grados. Me aplican la palabra gradualismo y ese gradualismo puede ser negativo. Ponele un poco menos de gradualismo para que vengan inversiones de afuera- dijo el supermercadista y ahora desarrollador inmobiliario de un condominio en Miami, una suntuosa torre de 66 pisos con casi 400 departamentos.  

También fustigó lo que el gobierno y los grandes patrones coinciden en denominar la industria del juicio, que es la defensa de los derechos conculcados a los trabajadores por las leyes o su forma de aplicación. 

Le hace mucho daño a la Argentina. Existe una cantidad de leyes de un proteccionismo mal hecho, que llevan a muchas pymes a la quiebra- rezonga Coto.

En febrero de 2016, cuando Macrì inauguró un nuevo local de la cadena, el presidente, que es muy abrazón, quiso atraer hacia sí a un nieto de seis años de Coto, que se resistió como un gato, hasta que lo rescató la abuela Gloria. El presidente tuvo que conformarse con un nene de 11, que la abuela le ofreció para minimizar el desaire.

Alejandro Bulgheroni es el presidente de Bridas, la mayor petrolera del país, asociada en distintos emprendimientos con British Petroleum y CNOOC, de la República Popular China. Su yacimiento Cerro Dragón, en la provincia de Chubut, es el más importante en producción del país. Los Bulgheroni figuran en todas las mediciones entre los hombres más ricos del país y entre los 324 más ricos del mundo.El hermano de Alejandro, Carlos Bulgheroni, fue el operador político de la familia hasta su muerte el año pasado. Autodefinió a los empresarios como cortesanos del poder. Su cortejo a Carlos Menem (un crédito de 144.00 dólares sin avales, comisiones ni garantías, concedido por el banco de los Bulgheroni al cuñado Alfredo Carim Yoma; el acompañamiento al hijo y la esposa de Menem a Estados Unidos cuando Carlitos se quebró una pierna al estrellarse con la moto) palidecen frente a la negociación con los taliban en el desierto de Afgganistan para que permitieran el paso de un gasoducto desde Turkmenistán hasta Pakistán.

Marcos Bulgheroni, hijo de Carlos, quedó a cargo de Pan American Energy. Economista graduado en Columbia y Yale, Marcos está casado con la periodista italiana Nunzia Locatelli, autora de un documental apologético del Papa Francisco, el adalid de la pobreza. Tío y sobrino comparten el propósito de Macrì de reducir los costos laborales. Marcos fue uno de los firmantes del llamado compromiso por el empleo e intervino en la negociación con los sindicalistas petroleros, Guillermo Pereyra, que convalidó suspensiones rotativas, reducción de horas trabajadas y de salarios en Neuquén, y con Jorge Ávila, en Chubut, donde los empleados de la compañía resignaron el cobro de las horas que pasan en viaje desde sus casas hasta el yacimiento; aceptaron contratos de trabajo a plazos determinados con posibilidad de suspensión o cancelación; la multifuncionalidad en equipos de torre y en operaciones y mantenimiento sin modificar la categoría del personal; un diagrama de de dos días de trabajo por uno de descanso no remunerado, y para el personal en equipos de dotación ininterrumpida, jornadas de 8 horas durante seis días corridos, con 48 horas no pagas de descanso. En palabras de Alejandro, “dar mayor cantidad de trabajo, pero más competitivo”, ya que en 2014, “cuando la gente se quedó sin trabajo, comenzó a mejorar la productividad”. Es decir, despidos y suspensiones para disciplinar al resto y bajar costos. Según el tío, los principales items de lo que llama el costo argentino son “la mano de obra, la productividad de la mano de obra, los caños y muchas cosas importadas”. Pero los últimos rubros son inflexibles a la baja. En esa ofensiva contra salarios y beneficios obreros, Bulgheroni fue acompañado por Tecpetrol, la petrolera de los Rocca, cuya posición es singular. Como proveedor de tubos para gasoductos, Techint reclama que el precio del gas sea alto por lo menos durante cinco años para atraer inversores hacia el shale de Vaca Muerta. Pero como la producción de esos tubos es intensiva en gas, también desea que la mitad del precio que pagan las industrias (y de paso el agro) sea subsidiada, y así al mismo tiempo bajar costos y robustecer mercado.

Su relación con el presidente nunca fue fácil, desde que Techint vendía cara la chapa que Macrì quería comprar barata para estampar los autos de Sevel. Como exportador, Rocca siempre reclama en privado, pero niega en público, una devaluación.

Los Bulgheroni son una familia más armónica que los Madanes, en la que desde hace décadas, Javier vive en guerra judicial con sus primos Mónica y Miguel, que continúa la tensa relación entre los padres de todos ellos, Adolfo, que no quería socios políticos, y Manuel, que en la creación de Aluar incorporó a José Gelbard, influyente durante el gobierno de Alejandro Lanusse y ministro de su sucesor, Juan D. Perón.

Todos ellos (Rocca, Coto, Bulgheroni, Madanes), tienen algo en común: abrieron cuentas y formaron empresas en diversas guaridas fiscales donde sus ganancias quedaron a salvo de la mirada del fisco argentino y en 2016/17 se acogieron al blanqueo de capitales convocado por el gobierno del presidente Maurizio Macrì, del que también participó su hermano menor Gianfranco, su hermano de la vida Nicky Caputo, el presunto comprador de la constuctora familiar IECSA, Marcelo Midlin, y la madre y dos hermanas de Juliana Awada, suegra y cuñadas del presidente. Cuando publiqué la información sobre Gianfranco, Nicky y Mindlin, en el diario Página/12, donde trabajé durante 30 años, Macrì confesó su deseo de embarcarme en un cohete a la luna, encantadora idea que inspiró este nuevo medio de periodismo de datos. No hay bien que por mal no venga.

Buenos muchachos

Estxs son algunxs de lxs residentes en la Argentina que en vez de invertir sus ganancias en el país donde las obtuvieron, prefirieron sustraerlas del circuito económico local, de modo de crear riqueza y empleo en otros lugares del mundo. Para ello recurrieron a sociedades offshore y a la sección banca privada de los grandes bancos internacionales, que hoy ejercen el gobierno en la Argentina. La ley de blanqueo dispuso liberarlos de “toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado. Esto implica una amnistía que extingue la acción penal prevista en el inciso 2 del artículo 59 del Código Penal.

Alfredo Coto blanqueó nada menos que 7.000 millones de pesos cuando sus ventas proyectadas para este año son de 60.000 millones. Es uno de los mayores beneficiarios de la amnistía. Mientras, prosiguen las actuaciones contra él y su hijo Germán Alfredo por el hallazgo en agosto del año pasado de un arsenal en un supermercado de Caballito: 27 armas de fuego, 227 granadas, 41 proyectiles de gases lacrimógenos, 2 de lanzamiento, 3886 municiones, 14 chalecos antibala, 22 cascos tácticos, 9 escudos antitumulto, un revolver sin declarar ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), tres armas de fuego registradas a nombres de otros usuarios, un revolver inscripto a nombre de Alfredo Coto con su número de serie adulterado, ocho escopetas que tenían pedido de captura, dos lanza-gases con sus números de serie borrados y una ametralladora con un silenciador registrada a nombre de Germán Alfredo Coto. El gobierno mantuvo la noticia en secreto durante casi un año, hasta que fue revelada por el periodista Juan Amorín.

Marcela Rocca, prima de Paolo y encargada de tareas de beneficencia, se destaca en la nómina de quienes se acogieron al blanqueo de capitales, nada menos que con 6900 millones de pesos. Los gerentes están varios escalones por debajo de los accionistas.

Daniel Agustín Novegil, quien como presidente de Ternium se encarga de los aceros planos que produce Techint para el mercado interno, blanqueó 557 millones de pesos.

Javier Madanes Quintanilla y Miguel Madanes, los señores del neumático y el aluminio, pasaron por ventanilla para blanquear 1279 millones de pesos (867 el primero, 412 el segundo). En 2016/17, FATE/Aluar tuvo una utilidad de 1950 millones de pesos.

María Bulgheroni de Luque, hermana de Alejandro y tía de Marcos Bulgheroni blanqueó 185 millones de pesos, suma que sugiere que no es una pieza clave en los negocios familiares.

Marcelo Mindlin blanqueó bienes por 770 millones de pesos, equivalentes entonces a 44 millones de dólares, una suma homóloga a la que trascendió que habría pagado por la constructora de los Macrì: entre 40 y 50 millones. El supuesto vendedor fue el primo presidencial Angelo Testaferra.

Gianfranco Macrì blanqueó 622 millones de pesos de 2016. Gianfranco integra los directorios de varias empresas familiares, en las que fue siempre un personaje secundario, aún después de que el primogénito Maurizio relegara su rol empresarial por los negocios de la política. Que Gianfranco haya blanqueado cinco veces más de lo que declaró a la AFIP su hermano mayor, pone en evidencia que el presidente sigue escondiendo una parte significativa de su fortuna, o que parte del dinero que declaró Gianfranco no es de verdad suyo.

Nicky Caputo, a quien Macrì describe como hermano de la vida, socio en la primera empresa que inició aparte del holding familiar (Mirgor, fabricante de aire acondicionado para automotores), testigo de su última boda y asesor de facto de la presidencia, blanqueó 465 millones de pesos de 2016. La fortuna de Caputo creció como contratista de obras públicas (de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el gobierno de Macrì y de la Nación desde que asumió la presidencia). Lo hizo con otra empresa que no lleva su nombre, para simular que se cumple la promesa de ambos de que no volvería a contratar con el Estado. La aliada revoltosa Elisa Carrió exigió excluir a los contratistas del blanqueo, pero una vez que no lo logró, cambió de pantalla y se dedicó a perseguir a personas sin poder.

Alejandro Jaime Peña Braun, primo segundo del jefe de gabinete Marcos Peña, blanqueó 109 millones de pesos.

Manuel Lucio Torino Ortíz, blanqueó 353 millones de pesos. Torino está casado con una hermana del secretario Legal y Técnico de la presidencia, Pablo Clusellas Zorraquín, una pieza fundamental del universo macrista. Compañero de Macrì desde la primaria, abogado y directivo de SOCMA, no sólo es el último filtro antes de la firma presidencial. También fue quien organizó el fideicomiso opaco, a cuyo frente quedó José María Fernández Ferrari, el socio del escribano general del gobierno, Carlos D’Alessio, quien renunció a ese cargo para ocultar el conflicto de intereses. Clusellas Zorraquín es revisor de cuentas del Buenos Aires Golf Club, que preside Gianfranco Macrì. El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta, denunció hace cinco años que Braun Peñá y Clusellas, como directivos de Finca Cuchuy SA, Salta Cotton SA, Latin Bio SA, y Sideco Americana SA, presionaban a las comunidades indígenas del Cuchuy para que les permitieran seguir realizando desmontes prohibidos por la ley de bosques nativos, a cambio de cederles unas parcelas. En 1997 Braun Peña compró la finca El Yuto para la familia Macrì. A 200 km de la capital salteña, Yuto es un departamento de la vecina provincia de Jujuy, pero en lunfardo significa desleal, falso. En la misma zona compraron tierras Gianfranco y Nicky.

Esto da una buena idea del rol que desempeñan en el subibaja salarial los ingresos de los trabajadores y los de los patrones y la incidenciaque tienen en relación con la productividad. Mientras unos incentivan el consumo y el crecimiento de la economía, los otros fugan sus ganancias y crean trabajo en otros lugares del mundo. El blanqueo de Macrì no fue concebido para incentivar la inversión sino para sacar de la ilegalidad a familiares, socios, testaferros y amigos: no los obligó a repatriar sus activos, sólo a declararlos ya pagar una multa, inferior a la tasa del impuesto a las ganancias que evadieron. Los bienes declarados por 475.000 contribuyentes ascendieron a 116.800 millones de dólares, con una recaudación adicional de 9.500 millones de dólares, pero el 80 por ciento de esos activos quedaron fuera del país.

Fuente: Cámara de Diputados de la Nación, comisión investigadora de la fuga de divisas. *Incluye las divisas fugadas en 2001 por Jorge Blanco Villegas, IECSA, Sideco Americana, Socma, Yacilec, Correo Argentino y Supercemento.

Varios de ellos eran especialistas en la constitución de activos externos desde hace mucho tiempo. La Comisión Investigadora que presidió el diputado Eduardo Di Cola, quien contó con el asesoramiento técnico del area de Economía y Tecnología de FLACSO, registró en los meses previos a la hecatombe de 2011 los dólares que retiraron algunos de los futuros blanqueadores.

Paolo, Novegil y Sofanor contra la tasa

La trasnacional italiana Techint tiene que pagar una tasa municipal de 132 millones de pesos a la municipalidad de Ramallo, pero sólo reconoce 2,4 millones, en cuotas de 120.000 mensuales.

Por H.V.

La trasnacional italiana Techint no sólo reclama la reducción de los costos salariales, una devaluación del peso, el alza del precio del gas y un subsidio estatal para su propio consumo. Además ha recurrido a la justicia objetando la tasa de inspección de seguridad e higiene que le cobra la Municipalidad de Ramallo, donde tiene su planta Siderar. El investigador periodístico Fernando Latrille (el mismo que descubrió el trabajo esclavo en las grandes semilleras de la zona) pudo consultar el expediente judicial. El apoderado de Siderar, Sofanor Novillo Corvalán, pidió una medida cautelar que la exima de pagar la tasa municipal de seguridad e higiene, que según la intendencia de Ramallo sería de 132,3 millones de pesos, que por pronto pago se reduciría a 122 millones, cifra equivalente al presupuesto anual del Hospital José María Gomendio.

Techint presentó el cálculo que contrató con la consultora suiza DNV, GL, por el que sólo le correspondería pagar 2,4 millones anuales, para los que pidió que se le otorgue un plan en 12 cuotas. (Novillo Corvalán cuenta con el patrocinio del ex juez de menores de San Nicolás Juan Carlos Marchetti. En 1976 Marchetti entregó al bebé Manuel Gonçalves Granada a una familia de conocidos suyos que le cambiaron la identidad, sin investigar cómo había aparecido en el hospital San Felipe de San Nicolás, donde estuvo con custodia policial durante cuatro meses. Manuel fue el único sobreviviente de un violento operativo militar y policial en el que fueron asesinados su madre Ana Maria Granada, Omar Darío Amestoy, su esposa María del Carmen Fettolini y los hijitos de ambos de cuatro y dos años. Manuel recién recuperó su identidad en 2004. “Supe que mis padres no me habían abandonado y que mi mamá me había salvado la vida”, dijo).

Antes de presentar la medida cautelar, en la que solicita la inconstitucionalidad de las ordenanzas fiscal e impositiva, alegando que el costo del servicio “resulta irrazonablemente excesivo y manifiestamente desproporcionado”, Siderar convocó al intendente Mauro Poletti a una reunión en Buenos Aires presidida por el CEO del grupo, Daniel Novegil. Lo hizo en diciembre de 2015, en cuanto asumió el presidente Maurizio Macrì. 

-La tasa tiene que bajar, es una barbaridad. dijeron. 

-Nos apretaron mal, evocó un funcionario. 

Como resultado, el municipio decidió no trasladar a la tasa que pagan los Rocca los aumentos concedidos en las paritarias de 2016 y 2017. A los demás ciudadanos se les aumentó 25 por ciento el ABL. La gracia fue otorgada por dos decretos secretos, uno para cada año. 

-Tuvimos que hacerlo para que nos dejaran gobernar tranquilos- concluyó el funcionario entrevistado por Latrille.

No obstante el municipio agradeció en su página de internet la donación de maderas en desuso de Ternium, con las que se reforzó la protección costera. Una limosna pagada con el dinero sustraído a la comunidad.


Explotación sin Coto

Por H. V.

La preocupación de Coto por los costos laborales tuvo una trágica manifestación el 1º de diciembre, cuando un repositor de verdulería cayó por el hueco de un montacarga en malas condiciones. Según la primera versión habría muerto, pero luego familiares explicaron que estaba en coma. Ocurrió en la sucursal Botánico, de Scalabrini Ortíz y Santa Fe. El pibe al que se le abrió una puerta que debía estar cerrada es Matías Morales, de 19 años. Vino de Jujuy, la provincia gobernada por su tocayo Gerardo Morales, una de las más expulsivas del país. Aquí consiguió trabajo en Coto y tuvo un bebé, ahora de un mes. Estaba trabajando cerca de la medianoche del viernes 1º cuando el hueco lo tragó. Después del accidente clausuraron los tres montacargas, pero no cerraron el sábado 2, día de ventas fuertes. Me conmueve la carita infantil de Matías Morales, orgulloso papá de un bebé, aquí disfrazado de astronauta, en una foto del invierno.

El error de Cristina

Por H.V.

En su descargo ante el juez Julián Ercolini en la causa por los alquileres de Hotesur, la ex presidente CFK comparó sus actos de comercio legales, declarados al fisco y realizados a través del sistema bancario, con las operaciones de sociedades fantasma en guaridas fiscales donde no se pagan impuestos y celebradas a escondidas de la AFIP. “Nada se imputa ni se cuestiona respecto del hermano del Presidente, quien acaba de blanquear una suma de casi cuarenta millones de dólares de procedencia ilícita (algo así como diez veces el valor del hotel Alto Calafate), quebrantándose una ley sancionada por el Congreso de la Nación”. Es un error de Cristina. La realidad es mucho peor: la propia ley 27.260/16 de blanqueo fue escrita a la medida de las necesidades de Gianfranco. Los artículos 82 y 83 del texto sólo prohibieron blanquear a los funcionarios que hayan ocupado cargos públicos entre el 1º de enero de 2010 y la entrada en vigencia de la ley y a sus “cónyuges, padres e hijos menores emancipados”. O sea que nunca puso en cuestión que blanquearan lxs hermanxs.

El kirchnerismo había propuesta que la ley sólo excluyera a “cónyuges y parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad ascendente o descendente” de los funcionarios. Esto incluiría a los principales miembros de la Prima Famiglia, pero el gobierno y el opoficialismo no lo aceptaron. El decreto reglamentario 1206/2016 que Macrì firmó en noviembre sólo modificó (ilegalmente, ya que en un contexto republicano un decreto no puede enmendar el contenido de una ley) la fecha señalada en la ley. Su artículo 6 extendió el perdón a los bienes de los familiares “incorporados en su patrimonio con anterioridad a la fecha” en que parientes funcionarios públicos “hubieran asumido los  respectivos cargos”. En el caso de Macrì, hasta el 10 de diciembre de 2005, cuando asumió su primer cargo, como diputado nacional.

La oficinista a cargo del encubrimiento de la corrupción, Laura Alonso, se apresuró a justificarlo. La inclusión de hermanos, tíos, primos y sobrinos en el blanqueo comporta una inmoralidad adicional, que en el actual gobierno puede ser leída como un incentivo para sancionar la ley. Pero el asunto central es la condonación de una práctica extendida en las grandes fortunas del país, con consecuencias mucho más graves para la inversión y la competitividad que el nivel de los salarios, la protección contra el despido o los accidentes laborales y el reclamo judicial cuando no esos derechos no son respetados. Los bienes declarados ascendieron a 130.000 millones de dólares pero investigadores como Jorge Gaggero y Magdalena Rua estiman que sigue del lado oscuro el triple de esa suma. 

Además, el blanqueo sólo obligó a declarar los bienes sustraídos del circuito económico y del conocimiento público, pero no a reintroducirlos en el país del que fueron sustraídos. La generosidad de la oferta fue tal que los capitalistas fuera de la ley podían beneficiarse con la amnistía pagando en el peor de los casos y por una sola vez, menos de un tercio del impuesto a las ganancias evadido. Como explica en sus trabajos Eduardo M.Basualdo, lo que se fuga no es el consumo de los sectores de altos ingresos, que no han disminuido su nivel de vida, sino la inversión, de modo que esos fondos generan riqueza y puestos de trabajo lejos de las fronteras argentinas. El espíritu y la letra de la ley de blanqueo indican que su propósito no fue incentivar la inversión sino sacar de la ilegalidad a familiares, socios, testaferros y amigos de Macrì y a exponentes del capitalismo realmente existente como Rocca, Bulgheroni, Madanes, Coto, Gianfranco, Nicky o Mindlin.

Fuente: El cohete a la luna. Link

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