Sus diputadas denuncian nada menos que “pinchazos”, el delito por el que está procesado su jefe político. El juicio a Macri por escuchas telefónicas ilegales a sus opositores sigue.

En julio la Cámara Federal rechazó sobreseerlo

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La Cámara Federal rechazó sobreseer a Mauricio Macri en la causa por las escuchas ilegales

Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler rechazaron el pedido del candidato a presidente de Pro para ser sobreseído, mientras que el juez Eduardo Farah votó por aceptar el pedido de la defensa del funcionario

MARTES 14 DE JULIO DE 2015 • 17:30

La Sala I de la Cámara Federal rechazó sobreseer al jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Mauricio Macri , en la causa en la que está procesado por las escuchas ilegales.

Fuentes judiciales informaron a la agencia DyN que los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler rechazaron el pedido de Macri para ser sobreseído, mientras que el juez Eduardo Farah votó por aceptar el pedido de la defensa del funcionario.

Macri está procesado por las escuchas que denunciaron su ex cuñado, Néstor Leonardo, y el dirigente de familiares de víctimas de la AMIA Sergio Burstein. Fueron una serie de pinchaduras telefónicas ilegales por las que está procesado y aguardando juicio el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Palacios, entre otros.

El juez federal Sebastián Casanello mandó a juicio oral a todos los acusados, excepto a Macri, al entender que no había pruebas suficientes en su contra. Dispuso realizar medidas de prueba que fueron tramitadas en los últimos meses.

La defensa de Macri pidió a fin de año su sobreseimiento definitivo en la causa, por entender que parte de esas medidas de prueba ya se habían hecho y no comprometieron al jefe de gobierno porteño.

Entre ellas, obtuvo en Estados Unidos la respuesta de la empresa que realizó trabajos de vigilancia para Franco Macri, que dijo que su hijo nunca fue cliente de ellos. Pero Casanello rechazó el planteo por prematuro y explicó que restaba la respuesta de un exhorto de esa empresa.

Fuente: La Nación

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