Nélida Rojas, presa política de Cornejo y de Macri, pide a la Suprema Corte de Mendoza que cese la persecución política en contra de su familia y se le garantice justicia.

Carta de Nélida Rojas a la Suprema Corte de Justicia

Cacheuta, Luján de Cuyo, 8/5/17

Sres. Integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza:

Llevo más de un mes detenida por orden de la Fiscal Gabriela Chaves. 

En la misma situación se encuentran mi marido Ramón Martinez, mis hijos Carla y Leonela Martinez y mi nuera Fanny Villegas. Durante once días también estuvo preso mi hermano Angel Rojas. 

Mientras tanto, nuestros expedientes van de un lado a otro del Poder Judicial, pero nadie se hace cargo de nuestra situación. 

Mi familia, la Organización que represento, los obreros de las Cooperativas y quien suscribe, estamos sufriendo una persecución política, ya que se nos acusa por nuestras ideas y nuestras convicciones, porque dicen que constituye delito de extorsión creer en los trabajos comunitarios, la participación de todos, en realizar asambleas y nuestra identificación con un proyecto popular.

Esto ha sido considerado un delito y no se nos permite que un Juez pueda escucharnos.

Mientras tanto las obras de la construcción de vivienda social se han paralizado por el cierre del galpón donde están los materiales y se ha secuestrado toda la documentación de las Cooperativas.

La actuación de la Fiscal Chaves no solo ha logrado privarnos de la libertad, sino que ha desintegrado toda nuestra tarea social, lo que ha hecho la Fiscal es tratar no solo de perseguirme a mí, sino terminar con nuestra Organización en la Provincia, que viene trabajando desde el 2007 a la fecha sin que existieran denuncias previas, que se iniciaron con este gobierno y por parte de una diputada nacional, con la difusión del programa “Periodismo para todos”, dirigido por un periodista militante en contra de nuestras ideas políticas.

No se nos acusa de ningún delito que tenga que ver con el dinero de las obras. Al contrario, hemos entregado mil casas y tenemos trescientas en ejecución, y el IPV ha auditado todas las obras junto con el Municipio y la Nación, sin que se haya detectado ninguna irregularidad. La documentación de las Cooperativas han sido auditadas por el INAES, con certificado de vigencia. 

No hemos extorsionado a nadie, ni hemos sacado a familias de sus viviendas.
Necesitamos que se escuche nuestra verdad, es por eso que pedimos su rápida y urgente intervención antes de que continúen vulnerando nuestros derechos.

Y para que no se repita la triste historia que vivimos en épocas de la dictadura, que nuevamente se habla de impunidad a los genocidas y se persigue a las organizaciones sociales.

A pesar de todo esto confío en que hay una Corte independiente que no se va a doblegar ante el poder político y pondrá fin a esta injusta persecución.

Respetuosamente.

Nélida Rojas

Referente Organización Social Tupac Amarú

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Imagen: diariouno.com.ar.

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