Mientan tranquilos

El fiscal Marijuán garantiza impunidad al flagrante falso testimonio del juez Sebastián Ramos. El dictamen aberrante miente alovosamente. La mafia judicial no se depura sola.

En tiempo récord, desestimó la denuncia de la Comisión de Juicio Político por falso testimonio

Un dictamen exprés del fiscal Marijuán para salvar al juez Sebastián Ramos

El oficialismo había denunciado a Ramos porque en Diputados declaró no tener relación con el ministro porteño Marcelo D’Alessandro, pero los chats filtrados revelaron que ambos mantenían un vínculo cercano y de larga data, favores irregulares incluidos. 

Por Irina Hauser

En solo tres días y unas horas, el fiscal Guillermo Marijuán impulsó en un dictamen la desestimación de la denuncia por falso testimonio de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados contra el juez federal Sebastián Ramos. El oficialismo había hecho una presentación en los tribunales de Comodoro Py después de su declaración como testigo en el proceso contra los jueces de la Corte y tras conocerse los últimos chats filtrados del celular del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro. Al dar testimonio, Ramos respondió un contundente «no señor» cuando le preguntaron si tenía «vínculo sistemático» con el funcionario de CABA. Sin embargo, los diálogos filtrados revelaban que ambos mantienen una relación de larga data y confianza. En uno le agradece un auto Ford Focus que el ministro le consiguió para que usara, que sería de la flota del ministerio. Marijuán dijo que no hay delito, que ese aspecto de su exposición no tenía incidencia en el juicio a los cortesanos y afirmó que «las supuestas conversaciones (…) no pueden ser incorporadas como prueba en ningún proceso penal sin dañar las bases constitucionales fundamentales que rigen su desarrollo». 

Los chats de la discordia

Los famosos chats comenzaron a aparecer en filtraciones después del escándalo del viaje a Lago Escondido de jueces, exespías, empresarios y funcionarios (entre los que estaba D’Alessandro) que llegaron en un avión privado y se hospedaron en la estancia de Joe Lewis. El ministro en uso de licencia –precisamente a raíz de todos estos hechos– fue el primero en intentar instalar la teoría de que los diálogos de su cuenta de Telegram habían sido obtenidos por una maniobra de espionaje, aunque también dijo que podían haber sido adulterados. El primero era uno de los argumentos que aparecían en ciertos intercambios del grupo de los autodenominados «huemules», cuando tramaban una estrategia para mostrarse como víctimas y darle a su travesía aspecto de legalidad. 

De esa teoría de la inteligencia ilegal y la violación a la privacidad se hizo eco el fiscal Carlos Stornelli para pedir el archivo de la denuncia contra Silvio Robles, vocero del supremo Horacio Rosatti, y D’Alessandro, quienes en los diálogos filtrados hablaban sobre dos temas que estaban en Corte: el de la coparticipación porteña y el de los cargos en el Consejo de la Magistratura. Si la prueba no es válida, era el razonamiento, no se puede investigar si hubo tráfico de influencias o se negociaron fallos. En menos de 24 horas, el juez Ramos cerró esa causa, en función de lo dicho por el fiscal y sin investigar nada. Por esto es que ambos fueron citados a la Comisión de Juicio Político, para que expliquen esa decisión que obturó una pesquisa. Como ya es conocido, Stornelli se niega a acudir en persona y sólo acepta preguntas por escrito. Ramos acudió y terminó denunciado. 

Al comienzo de su declaración, el 23 de febrero, a Ramos le preguntaron si con respecto a los supremos juzgados tiene «vínculo de parentesco/ interés o cualquier otra circunstancia que afecte su veracidad», y dijo que no. En la mañana de ese día ya comenzaban a circular los diálogos de Telegram que se atribuyen a él y D’Alessandro. Al final de su testimonio, el diputado Germán Martínez (FdT) le preguntó: «¿Además de conocerlos, hay algún víncuIo sistemático entre usted, Marcelo D’ Alessandro y Silvio Robles?». «No, señor», fue la tajante respuesta. 

Entre los que salieron a la luz, había intercambios adjudicados al juez y al ministro desde fines de julio de 2020. Hay pedidos de favores, un saludo de Ramos con felicitaciones cuando D’Alessandro –a quien llamaba «Tano»– asumió en el  ministerio. El 26 de enero de 2022 se lee: “Hola Tano, hoy me entregaron el Focus!! Gracias”. El funcionario responde: “Nada que agradecer. Ni bien entren los Toyota te doy uno”. El sueño del Toyota se lo cumplió la propia Corte, que pocos días después de su declaración en la Comisión de Juicio Político le adjudicó una camioneta Toyota Hilux que estaba incautada en una causa de drogas. El favor fue firmado por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. 

Marijuán dixit

Una de las razones esgrimidas por Marijúan en favor de Ramos dice: «Para incurrir en el delito de falso testimonio, el testigo debe declarar circunstancias vinculadas directamente al suceso investigado distintas de las percibidas por sus sentidos, de modo tal de que incida en la resolución del juzgador, situaciones que no se dan en el caso». El fiscal sostiene que le están hablando de su relación con D’Alessandro y no de algo ligado de manera lineal con el proceso de remoción contra los jueces de la Corte. «No surge que Marcelo D’Alessandro fuera una parte del proceso en cuyo marco se recibió la declaración», dice. Para que exista el falso testimonio, agregó, lo que diga el testigo «debe incidir sobre algo sustancial, que pueda desviar o turbar el curso de la actividad judicial (el jury, en este caso), y no sobre circunstancias secundarias que no alteran el contenido objetivo de la deposición». 

El dictamen señala que la denuncia contra Ramos está basada en los chats que se hicieron públicos el día de su declaración. Dice que son «supuestas conversaciones que se han publicado en medios de comunicación, sobre cuyo origen lícito nada se indica en la noticia ni en la denuncia, sino que por el contrario a ellas se refiere como “filtraciones”. Según el fiscal, como no las aportaron ni el magistrado ni D’Alessandro «no pueden ser incorporadas como prueba en ningún proceso penal», porque de lo contrario se violarían garantías constitucionales. «Para poder afirmar –concluye Marijuán– que el Dr. Ramos ha negado una verdad, debiera darse por cierto que el Juez guarda con Marcelo D ́Alessandro un vínculo que él considera sistemático y no lo que se pueda inferir o concluir a partir de la existencia de unas supuestas conversaciones de Whatsapp que fueran publicadas con prescindencia de la legalidad de su adquisición». 

Así crece la protección corporativa en los tribunales de Retiro, con distintos dictámenes que ponen en tela de juicio la validez como prueba de los diálogos, cuando están en trámite otras denuncias hechas por gobernadores (Axel Kicillof, Ricardo Quintela y Gerardo Zamora). Sobre la situación de Ramos ahora tiene la palabra su colega Sebastián Casanello. 

Fuente: Página/12. Link. Imagen: qpasó.