¿Me denunciás? Marche juicio

Usando a los jueces amigos como ariete para someter la democracia, Macri amedrenta a quienes lo denuncian. El régimen se caracteriza desde el día uno por la censura.

La práctica sistemática del macrismo es enjuiciar por daños y perjuicios, con demandas millonarias, a quien lo denuncie. Es el caso del diputado Rodolfo Tailhade quien ya tien múltiples demandas. Ahora quieren apretar a los denunciantes del acuerdo con Qatar. Se trata de un pacto secreto por el que desviaban 300 millones de dólares del Fondo de ANSES. El robo se detuvo cuando se conoció el pacto.

El Gobierno busca intimidar a quienes denunciaron el memorando con Qatar

Pese a que la Justicia obligó a suspender el acuerdo, los funcionarios planean una contraofensiva para «apretar» a diputados opositores.

Ezequiel Orlando

La Justicia Federal Penal suspendió el polémico memorando que firmó la Argentina con Qatar, investigado por El Destape. Recién después de esto el magistrado Daniel Rafecas desestimó la causa, lo que fue apelado por la fiscal María Paloma Ochoa. El expediente permanece abierto, pero el Gobierno interpreta que la decisión preliminar basta para que los funcionarios les exijan una recomposición monetaria a los denunciantes.

Mauricio Macri envalentonó a sus ministros para que inicien acciones legales civiles contra quienes exhiben ante los tribunales presuntos delitos. Siempre con la condición de que los jueces no dicten sus procesamientos. Así lo reveló La Nación, que mencionó a la causa por el acuerdo con Qatar como una de las primeras en la lista de contrademandas.

El documento secreto consiste en un boceto que establece los lineamientos para que invierta en la Argentina el país árabe, acusado de financiar al terrorismo por Estados Unidos. En el borrador, exhibido por este medio el año pasado, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES propuso enviar a una offshore U$S 300 millones y Qatar aportar otros U$S 1.000 millones. A través de un gestor privado, este dinero se remitiría luego a obras de inversión dentro de la frontera argentina.

Rafecas apoyó la suspensión de la ejecución del compromiso requerida por Ochoa, pero al no haberse consumado, el juez desestimó la denuncia apoyado en los incisos que aclaraban que las actuaciones debían adecuarse a la legislación local.

Tanto remitir dinero de los jubilados al exterior como que una compañía asentada en una guarida fiscal invierta en el país y que se contrate a un tercero administrador que cobre comisión son contrarios a leyes y normativas. Fue por esto que Ochoa se enfocó en su apelación a que los funcionarios de Cambiemos negociaron un memorando de entendimiento (MOU, por el inglés) que sabían era ilegal, según pudo saber El Destape de fuentes judiciales.

El destino del expediente ahora está en manos del fiscal general de Comodoro Py 2002, Germán Moldes, quien debe decidir si apoya el recurso de su subordinada y lo lleva a la Cámara Federal de Apelaciones. Por lo tanto, la decisión de los miembros del gabinete nacional adelantada por el matutino podría ser prematura.

«Esto es una extorsión legal», alertó Fernando Miguez. El titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático requirió que la Justicia inicie la investigación por el MOU. «No se denunció una mentira, sino un delito, del que hay pruebas y testigos. Tampoco se judicializó la política, como quieren decir desde el Ejecutivo, sino las ilegalidades», apuntó a este medio.

El diputado Guillermo Carmona interpretó que se debe a que “los funcionarios no se aguantan tener que dar explicaciones en la Justicia”. “Intentan amedrentar frente a los actos ilícitos y atentan contra la transparencia que deben mostrar”, explicó quien amplió la denuncia original del memorando junto a un grupo de legisladores del FPV-PJ.

“Rafecas cerró la investigación porque no se cumplieron las consecuencias jurídicas pero advirtió que hay un camino hacia la violación de la ley”, aclaró sobre el fallo. Para el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, el caso de Qatar no es aislado, dado que el Gobierno lleva una “práctica sistemática y generalizada de realizar actos que contravienen la ley y no pasarlos por el Congreso”.

Coincidió Rodolfo Tailhade, quien ya fue demandado por $ 2 millones por el ministro de Justicia, Germán Garavano, debido a presuntos “daños y perjuicios”, luego de que el diputado denuncie al Presidente por omitir declarar dos terrenos cuyo valor de mercado podrían superar los $ 1.000 millones.

Advirtió el abogado que “la decisión de Macri de atacar a quienes legítimamente cumplan su función de denunciar lo que pueda configurar un delito es porque están disciplinando al Poder Judicial a través de un Consejo de la Magistratura, que manejan en base a maniobras ilegales”. “En este momento los jueces está arrodillados, por eso el Gobierno entiende que van a prosperar las demandas contra nosotros. El objetivo es callarnos. Pero les tengo una mala noticia: no lo van a lograr”, remató.