Un año de la muerte Emilia Uscamayta Curi en una fiesta clandestina que el tesorero del PRO de La Plata organizó para vender sustancias con anuencia del intendente. Se rieron de la muerte de una piba fenómeno.

PRIMER ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE UNA ESTUDIANTE EN UNA FIESTA ILEGAL EN LA PLATA

Un año sin avances por Emilia

La joven murió ahogada en una pileta en un festejo con miles de personas y sin habilitación. El abogado de la familia denuncia que la investigación no prospera porque hay protección política a los acusados y por la falta de colaboración del intendente platense.

Por Carlos Rodríguez

“Si tomaran  las medidas de prueba que proponemos, la causa estaría resuelta en dos meses, pero hay componentes políticos que impiden el esclarecimiento de un caso que en alguna medida es mucho más grosero que lo ocurrido en Costa Salguero.” A un año de la muerte de la estudiante de periodismo Emilia Uscamayta Curi, ahogada en una pileta durante una fiesta clandestina realizada en una quinta de Melchor Romero, en La Plata, el abogado de la familia, Adrián Rodríguez, le dijo a PáginaI12 que las pruebas reunidas son “muy contundentes”, pero la investigación “no avanza” por indecisión del fiscal Alvaro Garganta y por la “falta de colaboración del intendente platense” Julio Garro, de Cambiemos.

“En la causa por las cinco muertes en Costa Salguero, un complejo que tenía todas las habilitaciones y donde el detonante fue la venta de sustancias ilegales, hay empresarios procesados, empresas multinacionales involucradas, al igual que abogados, personal de las fuerzas de seguridad y funcionarios del Gobierno porteño y la causa está prácticamente cerrada”, puntualizó Rodríguez. “En cambio, en la causa por la muerte de Emilia, donde está demostrado que no había ninguna habilitación y que hubo una zona liberada policial y municipal, la causa está frenada y no avanza, porque existen componentes políticos que lo impiden”.

El abogado de la familia recalcó que “es evidente que no es comparable lo que hace el fiscal Garganta en la causa contra (el ex gobernador bonaerense Daniel) Scioli por presunta defraudación a la administración pública, y la lentitud en una causa como la de la muerte de Emilia, que ya debería estar resuelta; eso demuestra que el impedimento para investigar es político y eso es insostenible”. El abogado hizo declaraciones al cumplirse ayer un año de la muerte de Emilia, quien fue recordada durante un acto realizado frente a la casa de la familia Uscamayta Curi, en 527 y 129, a cuatro cuadras de la quinta San Cayetano, donde ocurrió la tragedia.

Rodríguez recordó que en la causa, desde el principio, están imputados los empresarios Carlos Federico Bellone, dueño de la quinta; Santiago Piedrabuena, propietario de un boliche nocturno platense; Gastón Haramboure, condenado con anterioridad a diez años y ocho meses de prisión en una causa por homicidio, y Raúl Ismael “El Peque” García, militante de Cambiemos que se ha fotografiado abrazado con la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y con el presidente Mauricio Macri, lo que confirmaría que es una persona muy cercana a la administración platense que encabeza Julio Garro.

“También está imputado, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, el comisario Daniel Piqué, secretario de Seguridad del municipio platense, y nosotros hemos solicitado que se lo procese al jefe de la Policía local, comisario Sebastián Martínez Paz, porque entendemos que hubo una orden para que (en la noche del 31 de diciembre de 2015) se retirara el patrullero que había sido asignado para impedir el ingreso de los asistentes a una fiesta de año nuevo que había sido prohibida expresamente por el propio municipio, que sin embargo no hizo nada concreto para que esa prohibición se hiciera efectiva”.

En diálogo con este diario, el abogado de la familia señaló que tienen la sospecha de que “el levantamiento de esa consigna policial se debió a la intervención de Ariel Peña”, un policía que fue dado de baja en mayo de 2016, porque fue procesado por pedir coimas a comerciantes platenses, a cambio de “más seguridad”. Rodríguez sostuvo que “es muy claro que hubo una coima que impidió que se cumpliera la orden de prohibición de la fiesta, porque la consigna que había sido enviada al lugar, antes del comienzo de la fiesta (que se realizó el 1º de enero de 2016), fue retirada a partir de una contraorden, de manera que hubo una zona liberada por la policía y luego de la muerte de Emilia, esto se completó con la inacción de la Justicia, que llegó al lugar del hecho cuando ya se habían ido todos los asistentes a la fiesta, es decir los testigos de lo sucedido”.

El abogado recalcó que, a pesar de la inacción judicial, “en la causa se incorporaron después testimonios, incluso de funcionarios policiales, que confirman que los policías de la consigna se retiraron a un parador, a un descanso, y que a las cuatro de la mañana del 1º de enero (de 2016) funcionarios de la Subsecretaría de Control Ciudadano se limitaron a labrar un acta, pero no toman ninguna medida efectiva para impedir la realización de la fiesta y todo ingresa en un marco de cohecho, de soborno, de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Los vecinos de Melchor Romero, una zona alejada del centro de la ciudad de La Plata, habían llamado al 911 para denunciar “el corte de calles, el bullicio y cierto descontrol” en un lugar habitualmente tranquilo, incluso durante la madrugada del primer día del año, a pesar de los festejos tradicionales.

“La intervención de la Subsecretaría en el lugar fue apenas una puesta en escena porque no llamaron a las autoridades policiales; si regresaba el patrullero y pedían refuerzos, la fiesta ilegal no se hubiera hecho”.

“Ahora han intentado argumentar que no quisieron reprimir a nadie, cuando lo único que tenían que hacer era disuadir, evitar que la gente (miles de personas) ingresara a una quinta que no estaba habilitada para realizar una reunión de esas dimensiones”.

“En la causa por lo ocurrido en Costa Salguero hay una multitud de procesados y la causa está prácticamente cerrada, mientras que lo ocurrido en La Plata fue mucho más grosero, porque no había ninguna habilitación y la causa no avanza por cuestiones políticas porque el intendente (Garro) ni siquiera ha sancionado a los funcionarios involucrados”. Rodríguez concluyó que “en la quinta donde se hizo la fiesta, el Estado estuvo ausente y no cumplió su misión”. La muerte de Emilia está caratulada como “homicidio culposo”, mientras que la familia viene reclamando que se califique el hecho como “homicidio simple con dolo eventual” porque los organizadores debían haber previsto la posibilidad de un hecho como el ocurrido, en un sitio que no contaba “con ninguna de la veintena de habilitaciones que se requerían, que no tenía un plan ante una emergencia y que ni siquiera contaba con una camilla para asistir a Emilia y a otro chico que también tuvo problemas en la misma pileta”.

Fuente: Página 12. Link. Imagen: infonews.com.

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