La energía es un negoción (para Macri)

Los tarifazos generan ganancias extraordinarias para las energéticas. Macri, con su terrorismo de estado y latrocinio general, se las roba para su banda delictiva.

Macri vende una central eléctrica a su amigo Caputo

El presidente está siendo investigado por esta operación junto a su primo Calcaterra, y los exministros Aranguren e Iguacel porque el valor de la privatización sería U$S 400 millones menos que el real.

El Gobierno, a través de la empresa IEASA (ex Enarsa), aprobó la venta de la central eléctrica Brigadier López, ubicada en Santa Fe, a Central Puerto, propiedad de Nicolás Caputo, amigo del presidente Mauricio Macri.

Central Puerto fue la única oferente en la licitación y pagará U$S 165.432.500 y se hará cargo de una deuda por U$S 161.118.000. El Gobierno afirmó que el acuerdo incluye completar las obras para terminar el ciclo de la central.

La adjudicación de la central Brigadier López a Central Puerto fue decidida por la Asamblea de accionistas de IEASA. Además, se estaba licitando otra usina de su propiedad, Ensenada de Barragán, de 540 mw. Pero, esta operación no se concretó porque la Asamblea la declaró «fracasada». IEASA señaló «inadmisibles la ofertas presentadas por YPF y Central Puerto, por no ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones».

IEASA convocará a un segundo llamado a licitación, en términos y condiciones sustancialmente similares a los de la licitación que no concretaron.

Central Puerto había ofertado U$S 583.529.500, que contempla U$S 279.529.500 más una deuda por U$S 304 millones. En tanto, YPF propuso U$S 533.429.500 (U$S 229.429.500 más la deuda).

Central Puerto es el principal grupo del mercado de generación eléctrica y tiene como accionistas a Guillermo Reca, Eduardo Escasany, Claudio Pérès Moore y Nicolás Caputo. Según datos de Oetec, la empresa ganó $ 16.318 millones entre enero y septiembre 2018, un aumento de 710 %.

El presidente Mauricio Macri y sus ex ministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel, están siendo investigados y fueron imputados bajo la figura de “administración fraudulenta” por la operación de las centrales eléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.

Se investiga que la privatización de las centrales era un “regalo” por venderse a casi U$S 400 millones por debajo de su precio real. Un valor muchísimo más bajo que el que el Estado invirtió en la construcción de una parte de ellas (en el 2010) y que la valuación fiscal que la Auditoria General de la Nación estableció en 2012, por ejemplo.

Además, la construcción de ambas centrales estaba en manos de Iecsa, empresa del grupo Macri hasta el 2017, y su socia Isolux, que obtuvieron la licitación de la obra en 2010 bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, en 2018, el Gobierno nacional rompió el contrato e indemnizó por $ 1.600 millones a Iecsa, que al momento de la licitación estaba en manos del primo presidencial Ángelo Calcaterra. La obra aún sigue inconclusa.

Luego de la rescisión del contrato, el Estado volvió a lanzar la licitación de las obras en las centrales en noviembre del 2017 y por dicha iniciativa en la actualidad están imputados además de Macri y sus ex funcionarios, Hugo Balboa (ex presidente de Enarsa) y Mario Dell Aqua (presidente de Ieasa en ese momento).

Una práctica que no es nueva para la familia Macri que supo aumentar su fortuna de la mano de los negociados con el Estado.