Por: Horacio Báez*

La Corte privilegió el “derecho” de Fayt sobre el de todos los argentinos

Sabemos que el problema principal es político y no jurídico. Da vergüenza o debería dar, que la Corte no haya hecho nada por convencer al Congreso de la necesidad de tratar con seriedad la propuesta de juez para reemplazar a Zaffaroni. Debió mandar un mensaje al Congreso sobre la necesidad de cubrir esa vacante para poder funcionar como un poder digno, con voluntad de cumplir importantes funciones, en un Estado democrático de derecho. Se quedaron al margen como si no tuvieran nada que ver con ese problema. En realidad no les interesa a los actuales miembros de la Corte que ésta funcione como debe ser, con idoneidad e independencia. Tal como está, la Corte depende de la voluntad de la oposición política más reaccionaria. Estos jueces no son capaces de pararse y defender su integración porque no les preocupa el debilitamiento institucional. Han heredado la mentalidad – ideología del poder judicial histórico, el que nunca se opuso de ninguna manera en forma institucional a las dictaduras cívico militares. Su nulo compromiso con la democracia, con el pueblo más vulnerable y con la constitución nacional les hace creer que son una especie de dioses que pueden vivir al margen de la realidad nacional. No le dan valor a la Democracia porque no sufrieron las dictaduras en lo institucional, por más que haya algunas personas judiciales que las hayan sufrido.

También está debilitada la Corte por la situación de salud de Fayt pero creo que es tarde para solucionarlo de inmediato. La permanencia de Fayt en la Corte se originó en una decisión judicial de la misma Corte, que puso el derecho de Fayt a seguir siendo juez aunque tuviera más de 75 años en el año 94 por sobre la nueva norma constitucional y a pesar de que ya llevaba once años en la Corte. Con fundamento en que su derecho era anterior a la reforma. La desvergüenza mayor de esta situación es que a Fayt se lo haya dejado continuar durante veintiún años más, lo me parece una verdadera irracionalidad porque tampoco se lo sometió a un nuevo acuerdo del Senado, tal como permite la Constitución en su artículo 99 inciso 4°.

Y habría que destacar que no se trata de un problema físico por el que no pueda siquiera tener un expediente en sus manos. Es irrelevante que no pueda caminar ni hablar con voz firme. El problema es si tiene idoneidad psíquica para seguir siendo juez, obligación de cualquier empleado o funcionario o magistrado estatal. Sabemos del Diputado nacional socialista Jorge Rivas, que tiene una gran incapacidad física pero demuestra cotidianamente su idoneidad psíquica.

Por otro lado, creo que no se debería presionar a una persona tan grande y respetable, a que se demuestre su idoneidad  o inidoneidad psíquica. Debió hacerse antes, con acuerdo del Senado, cuando estaban en juego solamente obligaciones legales igualitarias para todos. Es una vergüenza que no se hiciera.

* Dr. Horacio Báez, juez mendocino, integrante de Justicia Legítima

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