El dúo Macri Magnetto son una pistola en la cabeza de los jueces. Una amenaza apenas velada en boca de Clarín. Esta es la nota infame. En el original, para que sea claro el apriete, aparece la foto de cada uno de los magistrados. Estos son los jueces y fiscales que algo bueno habrán hecho para merecer esta persecución.

Uno por uno, los jueces y fiscales que atormentan al macrismo

Lo investigan por Panamá Papers, le frenaron los tarifazos en los servicios y hasta le manejaron el operativo de seguridad cuando Cristina fue a Tribunales.

Eduardo Paladini

El lo resume en dos palabras: “Justicia Legítima”. Según Mauricio Macri, esa agrupación es la usina de las malas noticias judiciales que frenan algunas acciones clave de su Gobierno y que lo complican a él personalmente con algunas investigaciones. Aunque cuando tiene que condensar con nombre y apellido a esa banda de “enemigos políticos”, no menciona a su líder formal, María Laura Garrigós, sino a Alejandra Gils Carbó.

La procuradora, sin dudas, encabezaría la lista de jueces y fiscales que se convirtieron en una pesadilla para el macrismo. Como contó Clarín el fin de semana, el presidente está obsesionado con su desplazamiento. Por las buenas, “como Oyarbide” (renuncia voluntaria), o por las malas, con juicio político y Elisa Carrió de ariete.

Macri ve la sombra de Gils Carbó detrás de cualquier situación judicial que lo incomode. Y son varias. Aunque se pueden dividir en dos grupos: las que afectaron la gestión, en particular el freno al tarifazo del gas; y las que lo conmovieron en lo personal, como la denuncia por los Panamá Papers.

En Tribunales advierten sobre cierta contradicción en este embate presidencial. Los tres jueces de La Plata que trabaron la suba del gas en todo el país y los magistrados federales que el oficialismo sueña con el mismo futuro que Oyarbide (Daniel Rafecas, Rodolfo Canicoba Corral, Eduardo Freiler, entre otros) no pertenecen a Justicia Legítima.

Uno por uno, este es el listado de los jueces y fiscales que se convirtieron en una pesadilla para el macrismo. En la Nación, la Provincia y la Ciudad, con el reciente freno a la suba del Subte.

Procuradora Alejandra Gils Carbó

Caso curioso el de la procuradora de la Nación. Cuando debió votarla el Senado, la comparación con el candidato anterior Daniel Reposo, de currículum impresentable y defensa pública aún más lastimosa, Gils Carbó fue elogiada por su preparación técnica y teórica. Tuvo mimos en particular de la oposición radical. El ex fiscal anticorrupción Manuel Garrido llegó a calificarla como “un lujo. La banco”.

Pero las decisiones que fue tomando (y las que no) desde fines de 2012, cuando asumió, la ubicaron en la vereda de enfrente. Y aunque su cargo no tiene fecha de vencimiento, el Gobierno la puso otra vez en el medio del blanco para bajarla.

La embestida ya tiene formato legislativo: buscarán aprobar un proyecto para acotar sus funciones, aunque el objetivo de fondo es que lo interprete como una señal para dar un paso de modo voluntario. Hasta ahora, la procuradora, si bien bajó el perfil en la pelea, no dio señales de salida.

Jueces César Alvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin

Son los que provocaron, hasta ahora, la mayor traba a la gestión del Presidente. El 7 de julio, mientras se acumulaban fallos locales en media docena de provincias en particular contra la suba del gas, los integrantes de la Cámara Federal de La Plata firmaron una resolución con alcance nacional. Aún hoy, el Gobierno está intentando destrabarla.

Enseguida, empezaron las versiones y especulaciones sobre la vinculación de estos magistrados con Justicia Legítima. No hay registros que así sea. La titular de ese grupo, incluso, lo puso en palabras: Garrigós dijo que ninguno integra la agrupación, “aunque les gustaría”.

Cuando el periodista Joaquín Morales Solá, de La Nación, le marcó esta no filiación política del trío, el Presidente lo aceptó a disgusto pero remarcó que los cuestiona “por otras razones”.

Fiscal Federico Delgado

En Tribunales tiene fama de “independiente” y “descontracturado”. Capaz de recibir en bermudas a un periodista en su despacho, en abril fue fotografiado entrando a Tribunales en bicicleta. El fiscal tiene, entre otras, la causa contra José López por enriquecimiento ilícito, que data de 2008, pero la falta de avances en este caso fue atribuida más al juez Daniel Rafecas que a él.

Pero Macri también lo puso en la mira, desde que le “cayó” la denuncia por el caso de Panamá Papers, las empresas off shore en las que figuraba Macri en paraísos fiscales y no habían sido declaradas como funcionario.

En privado, el presidente llegó a calificar a Delgado como “un loquito”. Macri se enfureció porque el fiscal lo imputó y requirió información no sólo del mandatario sino también de familiares y allegados. Según el Presidente, el único que debe dar explicaciones (cuándo no) es su padre, Franco.

Juez Alejandro Slokar

Integrante de Justicia Legítima y presidente de Cámara de Casación Penal (máxima autoridad en ese fuero), fue el responsable del operativo de seguridad en las instalaciones de Comodoro Py 2002 cuando Cristina Kirchner hizo su debut como indagada.

Dos hechos lo dejaron en medio de la polémica: la agresión a una periodista y el trajinar de militantes K dentro del edificio cuando la ex Presidenta debió entrar a declarar. Incluso, se vio colgada del edificio una bandera que simbolizó cómo funcionó el (des)control.

El juez (de los judiciales K, el que más alto llegó) salió a defenderse y negó que hubiera zona liberada por La Cámpora. Las imágenes, en foto y video, no lo dejaron bien parado.

Jueza Elena Liberatori

Desde hace años, forma parte del grupo de jueces porteños que atormenta al ejecutivo local. En esa puja, no hay distinción política. A este puñado de magistrados (el más recordado es Roberto Gallardo) lo “sufrieron” tanto el progresista Aníbal Ibarra como el empresario Mauricio Macri cuando fueron jefes de Gobierno. Ahora le tocó a Horacio Rodríguez Larreta.

Días atrás, Liberatori frenó la suba del subte. Pese a que se había hecho una audiencia pública, la jueza adujo que no estaba claro por qué se aumentaba la tarifa de 4,50 a 7,50.

Juez Luis Arias

Habían pasado apenas 20 días del recambio de Gobierno y este magistrado de La Plata alcanzó notoriedad en los medios cuando quiso frenar una medida sensible de la nueva gestión. A horas de que había salido el decreto, le ordenó al Gobierno nacional que se abstenga de realizar modificaciones en la AFSCA, el organismo que usó el kirchnerismo para controlar y disciplinar a los medios. En ese final de año, allí seguía todavía el cuestionado Martín Sabbatella.

Más acá en el tiempo Arias le ordenó a la Provincia retrotraer el precios en las tarifas y salió a decir que la gente no debía pagar las boletas o reclamar la devolución de la plata. Piedra para María Eugenia Vidal.

No era la primera vez que el juez incomodaba al Ejecutivo bonaerense. Cuando ocurrió la terrible inundación en la capital provincial, el magistrado tomó una causa y cuestionó la cifra oficial de muertos que daba el gobernador Daniel Scioli. ¿Era entonces un juez anti K? No, se lo consideró más bien un ultra K, anti sciolista. Incluso, el año pasado corrió una versión de que Gabriel Mariotto (vicegobernador y su padrino político) lo quería como candidato en alguna lista.

Un párrafo aparte y final para tres jueces hombres de la Corte. El actual presidente, Ricardo Lorenzetti; Juan Carlos Maqueda y Carlos Fayt, el veterano magistrado que dejó su lugar el 10 de diciembre. ¿Por qué este trío también puede ser considerado una pesadilla para Macri? Dos días después de que el líder del PRO le ganara el balotaje a Scioli, estos jueces de la Corte firmaron el fallo que le reconoció una deuda millonaria por la coparticipación a tres provincias (Córdoba, San Luis y Santa Fe). Y le dejó un bombazo fiscal de bienvenida.

Así, aún antes de que asumiera el nuevo Gobierno, abrió una compuerta para una transferencia multi millonaria de fondos de la Nación a las provincias, que recién ahora, con la ley ómnibus que incluye jubilados y blanqueo, empieza a cerrarse. Sólo este año, desde la Rosada dejará de descontar más de 12.000 millones a las provincias por este tema.

Fuente: Clarín. Link.

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