El alegato de Cristina mostró la farsa del lawfare, el complot mediante el que medios hegemónicos, oligarcas y la embajada exprimen al pueblo mediante los jueces.

Cómo sigue la causa del Dólar Futuro tras la declaración de la vicepresidenta

El demoledor alegato de CFK y las opciones que tienen los jueces

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner alegó ante los jueces de Casación, a quienes acusó de participar de una persecución contra los movimientos populares para favorecer al macrismo. Las tres posibilidades que analizan los magistrados.

Por Raúl Kollmann

En un alegato demoledor, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dejó al descubierto que la causa del dólar futuro fue una maniobra y una manipulación con la que el Poder Judicial se metió en la política, intentó ayudar al triunfo de Mauricio Macri en 2015, lo que incluyó un allanamiento a la mesa de operaciones del Banco Central, en pleno horario bancario, cinco días antes del ballottage. Pero, además, sostuvo virtualmente que no hay democracia con la Justicia actual porque produce situaciones como las de este expediente: los que endeudaron al país dan clases en Columbia (Federico Sturzenegger) o viajan a ver fútbol a Qatar (Mauricio Macri), mientras que los funcionarios del Gobierno, que tienen que asumir los desastres del endeudamiento y los negociados de la administración anterior, están sentados en el banquillo de los acusados. La Sala I de la Cámara de Casación resolvería el recurso antes de que termine el mes de marzo: tiene 20 días hábiles y la idea de los magistrados es cumplir con el plazo.

Desde su oficina en el Senado, CFK expuso durante una hora, acusando directamente a los jueces y al Poder Judicial. “Todo se hizo para estigmatizar a los movimientos populares. No es sólo persecución, sino que fue clave la articulación con los medios. Ponían títulos, pero lo fundamental es que contaron cosas que no existen en los expedientes”. La vicepresidenta insistió en que el objetivo fue electoral: la denuncia la presentaron dos dirigentes de Cambiemos, Mario Negri y Federico Pinedo, cinco días después de la primera vuelta de 2015. El allanamiento al Banco Central, que no registra antecedentes en la historia, se hizo antes del ballottage, en plena ronda de operaciones. “Ellos llegaron al gobierno, devaluaron, usufructuaron los contratos de dólar futuro y somos nosotros, los que desendeudamos el país, los que estamos sentados acá. No me hagan creer que acá hay justicia”, alegó la ex presidenta.

Cristina Fernández apuntó directamente a dos de los jueces, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, cercanos al macrismo, que beneficiaron a Sturzenegger con un sobreseimiento a raíz del canje anterior de la deuda. «Ustedes contribuyeron, ustedes también son responsables del sufrimiento de la gente. Ustedes sobreseyeron a los que endeudaron. El Poder Judicial incide en la vida de la gente. Vean los femicidios y la falta de respuestas de la Justicia». Como Alberto Fernández ante el Congreso, CFK señaló los casos de Carlos Stornelli, que sigue siendo fiscal pese a su procesamiento confirmado «por intentar ponerle droga en una valija al ex marido de su actual mujer», y del juez Gustavo Hornos, que visitaba a Mauricio Macri en la Casa Rosada antes de dictar fallos decisivos. «¿Sólo le van a pedir la renuncia a la presidencia de la Casación a Hornos?», disparó la ex mandataria.

Caminos posibles

Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, los jueces que integran la Sala I, tienen ahora distintos caminos posibles.

El primero y, más evidente, es dictar el sobreseimiento de los imputados por inexistencia de delito. En verdad, lo explicó muy bien Axel Kicillof en su alegato, después de CFK. “El caso de dólar futuro se parece al de un homicidio, donde acusan a A de matar a B. Pero resulta que antes del juicio aparece B vivo, lo que demuestra que no hubo homicidio alguno”. El paralelismo alude a que en 2020, cinco años después de iniciada la causa, se hizo un peritaje en que especialistas contables de la Corte Suprema dijeron que no hubo ningún perjuicio para el Estado, la operatoria del Banco Central fue legal, no se favoreció a ningún amigo del gobierno, el BCRA tuvo ganancias y no se perdieron reservas. O sea, el peritaje pericia destrozó la acusación: B apareció vivo. Alejandro Vanoli y Miguel Pesce, por entonces responsables del Central, analizaron puntillosamente que la operatoria era ciega, o sea que no se podía ver quién compraba y quién vendía, que el precio de dólar-futuro fue fijado por oferta y demanda en dos mercados oficiales, el de Rosario y el de Buenos Aires.

La segunda alternativa que tienen los jueces surge de la contundencia de las palabras de CFK, lo que incluyó hasta algunos momentos en que se quebró y estuvo al borde de las lágrimas. También Vanoli y Pesce fueron muy emotivos contando que tienen sus bienes embargados, que hay un estado de sospecha insoportable que ya se extiende a seis años y que se fueron de la función pública con los mismos bienes que llegaron. En Cristina se percibían lágrimas de bronca: “Ustedes hacen sufrir al pueblo. No podemos darles más aumento a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá y ustedes sobreseyeron a los endeudadores como Sturzenegger”. Fue un discurso acusatorio contra el Poder Judicial. En ese marco, no parece fácil que simplemente le den la razón a CFK, Kicillof, Vanoli, Pesce y los otros imputados. 

Una alternativa posible es que los jueces simplemente digan que el recurso es correcto, anulen el fallo del Tribunal Oral que decidió continuar con el juicio, pero no tomen ninguna decisión, sino que le devuelvan las cosas a ese tribunal oral y le ordenen que dicte un nuevo fallo. O sea, dilatar la resolución y virtualmente obligar al Tribunal Oral a que resuelva no hacer el juicio por inexistencia de delito. En verdad es darles la razón a los imputados, pero a más largo plazo y sin cargar del todo con la decisión. La razón que invocó el Tribunal Oral, en votación dos a uno, fue que no todos los imputados habían pedido el sobreseimiento, un argumento que parece insólito y que el abogado Manuel Garrido consideró incoherente: porque si hay una causa por homicidio y la supuesta víctima aparece viva, parece obvio que el sobreseimiento tiene que ser para todos, aunque no lo hayan pedido. En el Tribunal Oral votaron por hacer el juicio dos magistrados vinculados al macrismo, Juan Michilini y Ricardo Basílico, y consideró absurdo hacer el juicio el juez Adrián Grünberg.

La tercera posibilidad es que la Sala I vaya a la guerra y rechace el recurso, con el argumento de que el peritaje es demoledor, es verdad, pero que es una de las tantas pruebas existentes en la causa. Es lo que sostuvo en la audiencia el fiscal Raúl Plee. Esta opción significa que  habrá que hacer un juicio cuyo resultado está cantado y en el que nuevamente hablarán CFK, Kicillof y los demás. El aparato de Comodoro Py y los medios alineados con Cambiemos tendrían la foto de los imputados sentados como acusados el día del inicio del juicio, pero se repetirá una y otra vez que el que devaluó y endeudó fue el macrismo y que los que se beneficiaron fueron los los amigos, empresarios y funcionarios de Macri.  No se puede descartar que rechacen el recurso, pero no parece probable. 

Kicillof, Vanoli y Pesce recorrieron el peritaje que fue firmado de manera unánime por todos los especialistas de la Corte Suprema y por cada una de las partes. El gobernador bonaerense incluso recordó que el juez que instruyó la acusación, Claudio Bonadio, no hizo sino cortar y pegar tramos de frases de páginas de internet porque no existía delito alguno. “Este proceso tiene que terminarse porque es una farsa. Esta causa es una historia de persecución, de un negocio espurio del macrismo y de una aberración moral”, concluyó.

El cierre de Cristina fue firme y duro: “Me dijo mi abogado, el doctor Carlos Beraldi, que tengo que pedir el sobreseimiento. Pero no, señores jueces. No voy a pedir nada. Hagan lo que dice la Constitución, hagan lo que tienen que hacer”, les dijo con mirada acusatoria.

Fuente: Página/12. Link. Imagen: Youtube.

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