La agenda pendiente

Héctor Garófoli*

“La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual es una de las mayores conquistas de las tres décadas que cumple este año la democracia argentina… Es un instrumento fundamental para desmonopolizar y descentralizar el escenario mediático, habilitar nuevas voces y democratizar la palabra. La ley sancionada en 2009 implica un nuevo paradigma: a diferencia del decreto de la dictadura que rigió a la radiodifusión durante años, concibe a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio para pocos. Conquistarla no fue fácil y la puja por su plena aplicación tampoco lo es”.

Con estas precisas y claras palabras, el Rector de la Universidad Nacional de Quilmes, Mario Lozano, presentaba en 2013, conjuntamente con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, la publicación de una edición del texto de la ley mencionada.

En su artículo primero, la ley establece: “El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”.

Con la promulgación de esta ley se sentaron las bases para encarar seriamente el camino hacia la concreción de esos objetivos. Por ello, con los ojos puestos en la necesidad de empoderar a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho humano fundamental a la comunicación y a la información, y en el pleno goce de su derecho a la libertad de expresión, la ley fijó una reserva del 33% de las frecuencias radioeléctricas de radio y televisión para las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, como también reserva frecuencias de radios AM y FM y de televisión para los Pueblos Originarios.

Obviamente, también hace reserva de frecuencias para medios de gestión pública, lo cual incluye a las universidades nacionales, al estado nacional, y a los estados provinciales y municipales.

El resto del espectro queda disponible para la gestión privada con fines de lucro.

Multiplicar las voces, diversificar los emisores, escuchar a todos y escucharnos entre todos, universalizar los derechos a la información y a la comunicación, limitar la tenencia antidemocrática de la enorme mayoría de las frecuencias en manos de pocos y poderosísimos grupos multimediáticos que representan los intereses de las grandes corporaciones financieras y económicas globales y locales, son fines necesarios e imprescindibles para garantizar la existencia y la estabilidad política de una república democrática.

Avanzar en profundidad en pos de esos objetivos es la tarea que la ley nos encarga.

Cosas en las que se avanzó desde 2009

La articulación alcanzada en el año 2009 por el Poder Ejecutivo Nacional y la Coalición por una Comunicación Democrática (organización  multisectorial formada por más de 300 organizaciones sociales, políticas, sindicales, educativas y cooperativas) para lograr la sanción de la ley, fue un hito fundacional y ejemplar de cómo deben desempeñarse un pueblo y un gobierno para construir una nación democrática.

Son públicas y notorias las dificultades que tuvo la lucha por la sanción de la Ley de Medios, como también lo son las que encuentra su aplicación práctica.

Desde su entrada en vigencia y hasta la actualidad lo que se ha logrado es integrar y poner en funcionamiento los organismos creados por la ley: la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), el Consejo Federal, la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, la Defensoría del Público, Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) y el Consejo Consultivo Honorario de Medios Públicos.

En lo concerniente a la administración del espectro radioeléctrico, se ha avanzado en lo siguiente:

Se ha alcanzado un total de más de 1.150 radios regularizadas. Se han habilitado 56 emisoras de radio a Pueblos Originarios. Las radios regularizadas AM y FM de los sectores de gestión privada y de las organizaciones sin fines de lucro, llegan hoy a  717, en todo el país. Las escuelas públicas, institutos educativos y universidades nacionales cuentan con 263 nuevas radios. Las provincias argentinas y las municipalidades tienen  70 radios. Se otorgaron 44 frecuencias para radios a la iglesia católica. Se han autorizado canales de televisión para las Universidades Nacionales y para las provincias. Hay 151 nuevos cableoperadores de PyMEs y cooperativas. Se autorizó un canal de televisión a una Comunidad Mapuche. Están en trámite de concurso 82 nuevos canales de televisión en todo el país. El Ministerio de Educación ha puesto en funcionamiento canales educativos y de entretenimiento.      Se han realizado dos convocatorias por el FOMECA, esto es, el Fondo Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, que tiene por objeto destinar el 10% de los fondos recaudados por la AFSCA a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de Pueblos Originarios.

Cuestiones pendientes

Ya sabemos que el Grupo Clarín, con la complicidad de sus espadachines en el poder judicial, sigue eludiendo su adecuación a las nuevas condiciones dispuestas por la Ley de Medios en lo que se refiere a la cantidad de emisoras que puede tener.

Esto no debe ser obstáculo para que la AFSCA ejerza las facultades que la ley le otorga para fiscalizar la legalidad de las emisiones que realizan diariamente todos los medios de comunicación, incluidos los del Grupo Clarín, para que, en caso de detectarse infracciones, se proceda a aplicar las sanciones correspondientes. No advierto que esto esté sucediendo con la intensidad esperable, al menos en distintos temas que creo relevantes como para no hacer manifiesta la presencia del Estado en cumplimiento de los mandatos legales y en defensa del público de los medios de comunicación.

Los grandes medios siguen recurriendo a prácticas periodísticas cuestionables que bordean la ilegalidad o incurren directamente en ella.

Es necesario sancionar la emisión de contenidos que promuevan o inciten a tratos disciminatorios de cualquier naturaleza; los que favorezcan las adicciones al tabaquismo y alcoholismo; los tratamientos de las noticias realizados con enorme espíritu de morbosidad; la naturalización de todo tipo de violencia; la apología de delitos; la estigmatización de niñas, niños y adolescentes fundada en su condición social o en su apariencia física, o en sus vestimentas.

Creo que hay una gran deuda en estos aspectos que no encuentra justificación alguna por parte de la AFSCA por cuanto nada impide la toma de decisiones sobre ello.

Otra cuestión fundamental que está pendiente, es la relativa al Plan Técnico  de Frecuencias. Según la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA (ANCCOM – http://anccom.sociales.uba.ar/ – 24/03/2015), los problemas de interferencias entre radios en la Ciudad de Buenos Aires, la falta de regulación y de legalización marcan la necesidad de la elaboración de un Plan Técnico de Frecuencias. Lo que allí se afirma, vale también para las otras 11 zonas de conflicto. Se denominan así a zonas densamente pobladas y con saturación de espectro porque hay muchas más radios operando que frecuencias disponibles para funcionar correctamente. En nuestra provincia, el Gran Mendoza hasta un radio de 30 km, y San Rafael, son zonas de conflicto. En ellas no se ha llamado a concursos. La AFSCA ha realizado concursos de radios en el resto de la provincia porque allí las frecuencias disponibles satisfacen la demanda de los interesados.

En la publicación mencionada, Lionel Martin, periodista de Radio Sur FM 88.3 y referente de  la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) de Argentina, tiene en cuenta que para el AFSCA la “zona de conflicto” está determinada por problemas técnicos de saturación del espectro, mientras que para él el conflicto se debe más a una falta de resolución política: “Hay que definir cuántas radios entran en determinado lugar, con qué potencia van a tener para emitir, porque una vez que se elabora el Plan después hay que hacerlo cumplir. Y si hay radios privadas, con fines de lucro, que no se ajustan a los requisitos o no tienen licencias, tendrían que ser cerradas”. Para L. Martín esos cierres tienen un costo político: “Sobre todo, en las grandes ciudades (esas radios comerciales) son las que, a través de la venta de publicidad, se vuelven más rentables y ahí es donde está el negocio, que no se quiere afectar o no se tiene voluntad política para avanzar sobre eso”.

Esas apreciaciones, a mi juicio son correctas, pero hay algo más de suma importancia a tener en cuenta. Cuando se habla de esas radios comerciales que “es donde está el negocio”, también se debe explicitar que esas mismas, las más rentables, las más potentes y de más alto nivel de calidad, o sea, las más escuchadas, son precisamente las que explotan los grandes conglomerados multimediáticos. Y allí están todos; los que se adecuaron y los que no se adecuaron. Porque mientras no se ordene el espectro en las zonas de conflicto, esas emisoras dominantes siguen imponiéndose y siguen monopolizando u oligopolizando el espacio,  perjudicando a los otros operadores de radios, y restando y restringiendo el acceso de las audiencias a voces diversas y plurales.

El nudo del problema no está en la inevitable consecuencia de que muchas radios deberán dejar de funcionar porque no hay lugar para todas las que están operando, sino en la afectación necesaria e imprescindible que recaerá sobre los medios dominantes que, además de desprenderse de algunas de sus radios por la adecuación, deberán reducir la potencia y los alcances de las emisoras que queden en sus manos, lo que implica un significativo acotamiento de su poder de fuego mediático contra la democracia.

La AFSCA no puede seguir dejando las cosas como están en este aspecto. La aseveración de Lionel Martín de que “no se quiere afectar o no se tiene voluntad política para avanzar sobre eso”, deja poco margen para las dudas.

*Abogado, docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Cuyo; especializado en Derecho a la Información. Ex funcionario de la AFSCA Delegación Mendoza.