Bonadío y la Cámara de Irurzun realizan una maniobra escandalosa para perseguir al kirchnerismo: impiden un testimonio clave.

Robert Noble, ex jefe de INTERPOL, grita a los cuatro vientos que el gobierno de Cristina no pidió el cese de las “alertas rojas” para los imputados iraníes. Pero esa banda delictiva es inmune a la verdad.

Dieron por concluida la instrucción de la causa por el Memorándum con Irán

Todo sea para que Noble no declare

Con la decisión, el ex secretario general de Interpol no dará su testimonio en este tramo de la causa. Noble asegura que nadie del gobierno argentino le pidió que baje las capturas.

Por Raúl Kollmann

La Justicia federal dio ayer un paso clave para evitar el testimonio del ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, quien hubiera desbaratado la acusación contra el gobierno de Cristina Kirchner. El argumento de la causa es que la administración anterior firmó el Memorándum de Entendimiento con Irán para ayudar a los sospechosos del atentado contra la AMIA, en especial para que se levanten las órdenes de captura con alertas rojas. Como lo hizo público, Noble ha dicho nítidamente que ni el ex canciller Héctor Timerman ni ningún funcionario del anterior gobierno hicieron gestión alguna para que se levanten las alertas rojas. Todo lo contrario: Noble afirma que la administración kirchnerista siempre dejó en claro que la firma del tratado no cambiaba el status de las órdenes de captura. Para esquivar el testimonio de Noble, el juez Claudio Bonadío cerró ayer la instrucción de la causa y pretende elevar el expediente a juicio oral, dejando el mensaje que, en todo caso, Noble declare en el juicio. En la coalición política-judicial-mediática, allegada a Cambiemos y que funciona en Comodoro Py, algunos tienen imaginada una secuencia: que haya un juicio a principios de 2019, se manipule el sorteo del tribunal oral –hay claros indicios de que se vulneran los sorteos– y se condene a los imputados, inhabilitándolos además para cumplir cargos públicos. Justito de cara a las elecciones presidenciales de ese año. 

Desde Dubai, donde vive, Noble mandó una carta al juez federal y a la Cámara Federal ofreciéndose a testimoniar. Y les adelantó que su testimonio iba a contradecir la acusación. Desde el principio, Bonadío y los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah saben que Noble desarticula las imputaciones porque él estaba en el centro de Interpol y siempre estuvo involucrado en el caso AMIA. Bonadío se encontró con el hecho concreto de que Noble se ofrecía a testimoniar, dijo que se presentaría en la embajada argentina en Dubai para confirmar, por videoconferencia, su disposición a exponer en la causa y dejó en claro que está listo para declarar. El juez entonces encontró la forma de esquivar ese testimonio decisivo: cerró la instrucción y señaló que si Noble quiere declarar que lo haga en el juicio oral, seguramente en 2019.

En las últimas semanas desde Comodoro Py se intentó una maniobra burda: se acusó a Noble de estar en una componenda con Timerman y que el ex funcionario norteamericano, que estuvo a cargo del Servicio Secreto, el control de armas y la lucha contra el lavado de dinero en Estados Unidos, se prestó cándidamente a firmar un texto redactado por la cancillería argentina. “Fui 14 años secretario general de Interpol, y fui profesor de derecho desde los años 80. No necesito que nadie me ayude a escribir un texto. La carta enviada al canciller Timerman fue 100 por ciento escrita por mí”, sintetizó Noble. 

Desnudadas todas las maniobras, el juez igualmente mantuvo su estrategia de que Noble –el testigo clave en la causa– no declare. Ayer por la tarde dio por cerrada la instrucción, dijo que no se tomarían más medidas de prueba y que el expediente será elevado a juicio oral. No le importó verificar lo que tiene para decir el ex secretario general de Interpol y lo que ese testimonio puede significar en una causa en la que hay varios detenidos: Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche, Jorge Khalil, todos ellos en la cárcel, mientras que Timerman está en prisión domiciliaria por su enfermedad y Cristina Fernández no puede ser detenida porque es senadora, aunque se pidió su desafuero.  

De esta manera se pretende elevar a juicio una causa claramente política, originada en una denuncia a medio hacer de Alberto Nisman. Hoy está claro que el fiscal la armó porque creía que lo iban a echar de su puesto y pensó que así se defendería. La base de la denuncia es la firma de un tratado que nunca entró en vigencia y que –como señaló el juez original, Daniel Rafecas– no produjo ningún hecho concreto: ni se levantaron las capturas con alertas rojas ni hubo un intercambio de petróleo iraní por granos argentinos ni se armó una pista alternativa a la iraní, como señalaba Nisman. El tratado fue votado, además, por las dos cámaras del Congreso Nacional. 

En el fondo, el expediente tiene un sólo objetivo: condenar a los gobiernos que llaman “populistas” y que tienen una política exterior independiente. La inspiración es de las derechas de Estados Unidos e Israel, en sintonía con AMIA-DAIA y la coalición judicial-política-mediática que opera a favor de Cambiemos desde Comodoro Py.

Fuente: Página 12. Link. Imagen: argnoticias.com (jueces Irurzun y Farah).

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