Incapaz o mafioso

El zarpazo de Rosatti al Consejo de la Magistratura suma un nuevo escándalo con la vulneración de documentación. Puede ser negligencia o extorsión. En ambos casos el presidente de la Corte es culpable.

Una guerra entre clanes en el Consejo, la sombra detrás del robo de DD.JJ. de jueces

Denuncia penal y sumario administrativo. Intrusos tuvieron acceso a zona con 5 mil sobres, con más de una veintena abiertos. Nadie robo documentos ¿pudo haber tráfico de información? Enfrentamiento entre sectores internos eclosionó en inédito episodio cuyo principal objetivo fue generar terror. Cámaras y ascensos en la mira.

Por Gabriel Morini

Una sorda guerra entre clanes internos en el Consejo de la Magistratura es la principal explicación en torno a un inédito episodio en el cual se vulneró la seguridad de la información contenida en más de una veintena de declaraciones juradas de magistrados. Una intrusión, el acceso a una zona donde se almacenaban alrededor de 5 mil documentos, sobres abiertos y ningún faltante. Esa es la descripción de un hecho que ocurrió el lunes 21 de junio pasado y está bajo investigación judicial pero que también activó las alarmas administrativas dentro del órgano de selección y remoción de jueces que tiene, entre otras funciones, la de resguardar los datos específicos patrimoniales que por ley deben presentar los magistrados de forma anual en soporte físico.

La responsable de la Oficina de Declaraciones Patrimoniales del Consejo, María Victoria Pérez Bayonzo puso en conocimiento a la presidencia de Horacio Rosatti que ese lunes 21 a las 8 y 20 descubrió que en el octavo piso de la sede ubicada en Sarmiento 877 que una agente de esa repartición observó que la puerta de ingreso a la cocina estaba abierta y sin llave, pese que al cierre de la jornada anterior -el último día hábil del 16 de junio, antes de los feriados- había quedado asegurada. A través de otra puerta que conectaba con la oficina, se halló que había habido movimiento de objetos. Rosatti ordenó que de inmediato se radicara una denuncia penal para investigar el hecho.

Pero lo más curioso de todo es que a partir de un inventario presentado a la justicia, en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas y con el impulso de la investigación del fiscal Ramiro González, el Consejo aportó un avance preliminar que completó anoche. Allí se descubrió que de la zona afectada con el almacenamiento de sobres, alrededor de 30 podrían haber quedado comprometidos. Pero en unos 24, los sobres habían sido abiertos. El dato es que no había faltante alguno de documentación. Los intrusos no se habían llevado nada. ¿Pudieron haber fotografiado el contenido de las declaraciones juradas de los jueces y dejado los documentos en sus sobres?

Esa documentación tiene una sola particularidad extra a la información que es pública: contiene los anexos sobre los cuales los jueces deben completar las direcciones reales de las locaciones que declaran, el detalle de sus propiedades, los datos bancarios y de tarjetas de crédito con sus números. Ese es el detalle más sensible al que tuvieron acceso los intrusos. El objetivo estaba cumplido: crear un clima de zozobra.

Afectados

La mayor parte de los nombres de los magistrados afectados es desconocido por el público en general. Pero en el listado sobresalen camaristas de la Cámara Federal de Casación Penal y los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº2 que actualmente tiene a su cargo el juicio oral por la denominada causa “Vialidad” en la que está acusada la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Los camaristas de Casación son el integrante de la Sala I Diego Barroetaveña y de la Sala IV Gustavo Hornos. El presidente del TOF 2 Jorge Gorini y sus vocales, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. No trascendió a qué año correspondían las declaraciones cuyo secreto se vulneró. Inmediatamente se sorteó una causa penal por averiguación de delito que ya registró avances. En paralelo, se activó ayer la Resolución 36/2022 por parte de Rosatti en la que encomendó remitir las actuaciones al Cuerpo de Auditores del Poder Judicial para una investigación sumarial. Dato: inmediatamente se recurrió a la verificación de las cámaras de seguridad del Consejo. Allí también hay sorpresas que se develarán conforme avance el expediente. La denuncia formal remitida a la Cámara Federal para su sorteo fue firmada por el vicepresidente Carlos Matterson, que no solo se involucró en cerrar filas con el cuerpo. Eso también previene cualquier suspicacia que pueda sembrarse si eventualmente la causa tiene una escala superior y se acerca a la comarca de la propia Corte.

Los “mini clanes”

Pero el contexto es todavía más amplio y despertó múltiples suspicacias en los pasillos del Consejo, internamente revolucionado desde que la Corte Suprema desembarcó en la presidencia y hubo diversos movimientos administrativos y de pedidos de información que inquietaron a las líneas jerarquizadas del Consejo que vieron irrumpir en su ecosistema lo que perciben como agentes extraños. Allí emergió a la superficie el accionar de grupos internos que eran quienes, en los hechos, comandaban el funcionamiento orgánico del Consejo en etapas previas, más allá de la conducción política y de las sucesivas presidencias que tuvo el cuerpo en su anterior integración. El “corazón” del Consejo -como ocurre en muchos otros organismos del Estado- los domina una burocracia invisible que es independiente a las distintas gestiones. La conformación de un tablero de control en las últimas semanas, la creación de nuevas comisiones, y consulta cruzadas hacia lo que podría ser el equivalente a Recursos Humanos dispararon ciertas alertas. No había mucha gente que tuviera llave habilitada como para ingresar sin violentar un despacho desde el exterior a la zona de Declaraciones Juradas.

Curiosidades

En esa secuencia, podría advertirse como llamativa la sucesión de ascensos meteóricos que hubo de personal jerarquizado dentro del Consejo en un lapso de 90 días previos a que la Corte asumiera la presidencia. Es decir, mientras la lupa estaba puesta en qué haría el Gobierno ante el vencimiento del plazo que había fijado el máximo Tribunal para el retorno al formato de 20 miembros, en realidad hubo una serie de reacomodamientos internos en el Consejo que pasaron debajo del radar. Para graficar lo gigantesco de los ascensos, hubo empleados medios que pasaron automáticamente a un escalafón que los equipara en rango y salario a un juez de primera instancia o al de camaristas. No fueron pocos los empleados del Consejo que comentaron que parte de esos “mini-clanes” dentro del Consejo se jactaban de algo más que tener a su mando la botonera del órgano, sino de tener relación directa con los servicios de inteligencia. Más mugre.

El inicio de la investigación movilizó a las “fuerzas vivas” del Consejo. Es solo el comienzo de lo que podría ser una nueva “Caja de Pandora” cuyo primer objetivo tuvo éxito: generar cierto terror entre los jueces en un aspecto sensible como el patrimonial. Y mostrar al Consejo como vulnerable en términos de seguridad. El tercero, es hacer eclosionar una interna que hasta ahora, estaba silenciada.

Fuente e Imagen: Ámbito Financiero. Link.