El gobierno ecuatoriano con la impronta del presidente economista envió a la Asamblea un proyecto de “Ley Orgánica de Redistribución de la Riqueza”. La iniciativa se basa en un impuesto progresivo a la herencia, que, como señalamos en Debate Mendoza, está destinada a marcar una referencia por décadas. El proyecto en Debate Mendoza.

Este impuesto fue presentado como una expropiación a las clases medias y populares. Si se mira bien cada una de las “puebladas” a que convocan los sectores conservadores tienen esta misma matriz: se la construye como una expropiación de algo a su legítimo poseedor. Así, en Argentina de 2008 era un Estado que “expropiaba” la riqueza “legítima” a los chacareros. El Estado, ajeno, de otros, “nos roba” lo propio. Si no pueden aducir nada, dicen que les expropian “su estilo de vida”. Todas las argumentaciones suponen un individuo con preeminencia por sobre el conjunto, un individuo que no le debe nada a su país sino que todo es imputable a sus méritos.

A esta lógica es especialmente revulsivo el impuesto a la herencia. La fundamentación gubernamental sostiene que busca un Ecuador “meritocrático” en que los que más se esfuerzan más tengan pero para ello es necesario que el punto de partida sea menos desigual.

No es descartable que la falta de argumentos para responder se compense con aumento de violencia.

Las manifestaciones opositoras de ayer produjeron heridas en cuatro policías.

No es menor el aporte de sectores que se definen “de izquierda”, trotskistas que juegan un rol destacado contra una medida que puede ser calificada de revolucionaria.

Por ejemplo, el diario La Hora describe así la situación:

“Los sectores críticos, encabezados por sindicatos, indígenas y organizaciones sociales, reiteraron su rechazo a las políticas económicas del Régimen y marcharon hacia el Centro Histórico gritando: “¡Fuera Correa, fuera!”

Sólo un botón de muestra para lo que en el continente se conoce bien, no es el gobierno, es “el régimen”, no es con sus ideas que combaten, es con supuestos defensores de indígenas o trabajadores, no con las armas democrático-electorales sino mediante el golpismo.

El gobierno retiró el proyecto de Ley de herencia pero las manifestaciones siguen, como hemos visto en otras latitudes con fines “inespecíficos”.

Seguramente la llegada del Papa marcará una bisagra y habrá que atender los juegos palaciegos en los que la Iglesia ecuatoriana ya mostró su muñeca al pedir que “no se satanicen las manifestaciones”. Está claro que una cosa es el rol geopolítico de Francisco, un papa que reconoce al Estado Palestino y llama a la cordura al imperio y otra las cúpulas eclesiásticas locales colonizadas en la mayor parte de los casos por las oligarquías.

Sectores opositores llaman a nuevas marchas posteriores a la visita del Papa.

La policía, instruida por el gobierno actúa preservando la seguridad del los manifestantes aún ante los actos violentos.

La paradoja sistemática de la derecha golpista en Latinoamérica es cómo actúan con toda libertad para derrocar lo que, como vimos, llaman el régimen desde posiciones institucionales dentro de “el régimen”. Es el caso de los alcaldes de Quito y Guayaquil. Algo que nunca que gobernó la derecha permitió.

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