¿Etá o no etá?

El mafia se esconde muerto de risa. Sus custodios responden a las cédulas judiciales que “la propiedad es del sr. Macri pero él no vive acá y no estamos autorizados a recibir notificaciones”.

La IGJ busca reactivar la causa por las offshore que pertenecen el expresidente pero la justicia dice que no logra notificarlos

El clan Macri juega a las escondidas con una ayudita judicial

Corría septiembre de 2017 cuando un fallo a la medida de Mauricio Macri dictado por el juez Andrés Guillermo Fraga estableció que el entonces Presidente desconocía que su padre lo había nombrado en el directorio de dos sociedades offshore. Esa sentencia le permitió al operador judicial –hoy prófugo– Fabián Rodríguez Simón gestionar el sobreseimiento de su jefe en otra causa por enriquecimiento ilícito, firmado por una jueza subrogante que de inmediato obtuvo su nombramiento.

Macri y los Panamá Papers

La novedad, cuando ya pasaron dos años desde que la Inspección General de Justicia (IGJ) que conduce Ricardo Nissen pidió la “nulidad de cosa juzgada fraudulenta” para que se anule el fallo de Fraga, es que el juzgado civil a cargo de Federico Javier Causse lleva meses sin lograr notificar sobre la demanda (con excusas antológicas) a ninguno de los herederos del clan y rechaza los pedidos de la IGJ para sortear los obstáculos que frustran el proceso.

En octubre de 2020 la IGJ inició una causa para que se deje sin efecto la sentencia que decidió que Macri desconocía que integraba los directorios de Fleg Trading Ltd. y Kagemusha S.A. De ese modo, el juez Fraga avaló la estrategia de Rodríguez Simón al servicio del magnate, quien sugirió que su padre, Franco Macri, lo había nombrado al frente de ambas firmas sin su consentimiento. Con esa maniobra buscó quedar indemne de las revelaciones de los Panamá Papers, donde apareció como operador permanente y mayúsculo de las sociedades offshore.

Esa sentencia express que Fraga dictó el 20 de septiembre de 2017 sirvió como fundamento del sobreseimiento de Macri un mes después, el 27 de octubre, que dictó la jueza Elizabeth Alejandra Paisan en la causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en sus declaraciones juradas como jefe de Gobierno porteño. Paisan era subrogante y ocupaba el puesto 19 entre 24 aspirantes de un concurso en el Consejo de la Magistratura. Diez días después de sobreseer al Presidente obtuvo el nombramiento como titular del Juzgado Criminal y Correccional 12.

No está, no sabe, no contesta

La principal irregularidad en la causa que impulsa la IGJ radica en la imposibilidad de efectivizar la notificación del traslado de la demanda. La serie de eventos que frustran ese paso sugiere que no se trata de casualidades sino de un entramado de complicidades, unidas por la voluntad de entorpecer un proceso que involucra a Macri y demás herederos del ex jefe del clan, que murió en 2019.

Del total de demandados, los hermanos Mauricio, Mariano y Gianfranco Macri, y sus sobrinos Rodrigo y Franco Valladares Macri (hijos de otra hermana, Sandra, ya fallecida) tienen domicilios “reales” (donde desde el punto de vista jurídico residen y hacen negocios) en la provincia de Buenos Aires. Alejandra y Florencia Macri, en la Ciudad de Buenos Aires, siempre según los domicilios que el juzgado que interviene en los juicios sucesorios le informó a la IGJ.

¿Cómo se explica que ninguno pudo ser notificado por el juez Causse?

• Cambios de criterio operativo del juzgado. En junio las células podían subirse al sistema “sin copias” porque al estar digitalizadas podían subirse a la web del Poder Judicial para su impresión y envío. En agosto el juez cambió de opinión y ordenó que por “la escasez de insumos” se dejaran en el buzón del juzgado o se presentaran por mesa de entradas.
• Extravío de cédula. La dirigida a Florencia Macri se extravió dos veces.
• Informes ininteligibles de auxiliares judiciales. En el caso de Alejandra Macri, la célula fue devuelta sin que resulte legible lo consignado por el notificador.
• La cédula dirigida al domicilio de Mauricio en Acassuso también fue devuelta. Los custodios del magnate dijeron “que si bien la propiedad pertenece al requerido, el Sr. Mauricio Macri, el mismo no se domicilia en la actualidad en el lugar”, que “la vivienda se encuentra deshabitada y ellos sólo están para resguardar/proteger la propiedad, no estando autorizados a recepcionar ningún tipo de documentación de índole legal” (sic).
• Eliminación de carteles indicadores de calle y altura. La cédula dirigida a los hermanos Valladares Macri, en Villa de Mayo, volvió porque “la calle indicada carece de numeración a la altura actual 1200”. En el caso de Gianfranco, con domicilio en San Miguel, la notificadora Claudia Cecilia González invocó que fue imposible “visualizar en la actualidad inmueble alguno en cuyo frente posea chapa municipal o similar”.
• Rechazo de recepción de cédula dirigida a Mariano Macri. En el caso del díscolo arrepentido se apuntó que “no vive allí”.

La lista de obstáculos no termina ahí. Cuando IGJ pidió que se le informe el nombre y domicilio del administrador del sucesorio de Don Franco, el juzgado se tomó dos semanas para responder que no existe administrador. Días después rechazó también el pedido de la IGJ para que se notifique a los demandados en los domicilios procesales y/o electrónicos que hayan constituido en ese expediente, y ordenó que se insista con los reales, tal como se intentó sin éxito. «Todo lo señalado evidencia que Mauricio Macri y sus operadores jurídicos dificultan eficazmente el servicio de administración de justicia aplicado a las investigaciones de sus sociedades offshore», concluye la IGJ.

Fuente: Página/12. Link. Imagen: Radio Mitre.