¡El teléfono!

Las alevosas maniobras de los jueces macristas para encubrir a Gerardo Milman en el intento de asesinato de Cristina muestran la profundidad de la infiltración mafiosa en el Estado. Sigue ocultando el teléfono.

Atentado a Cristina Kirchner: la fiscalía volvió a pedir el celular de Milman

La jueza María Eugenia Capuchetti había rechazado ayer el pedido de secuestro del teléfono del diputado de Juntos por el Cambio, involucrado en la causa del atentado contra la vicepresidenta. Sin embargo, desde la fiscalía apelaron al fallo ya que consideraron que «podría ser de interés» para la investigación.

Tras la negativa del tribunal de volver a secuestrar el celular de Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio e involucrado en la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía apeló al fallo y remarcó que se trata de una prueba necesaria para «verificar si existieron o no conversaciones alusivas».

A pesar de haber negado un nuevo secuestro telefónico para seguir buscando pruebas, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó un entrecruzamiento y análisis de llamados de una de sus asesoras que pudieran estar relacionados con el atentado contra la vicepresidenta.

Desde la fiscalía señalan sin embargo que el celular del diputado opositor se trata de una prueba clave luego de la declaración de su exsecretaria, Ivana Bohdziewicz, quien la semana pasada aseguró que su jefe le había puesto a disposición un «perito» para que borrara información de su teléfono celular que ella no quería que se filtrara a los medios.

La investigación se produjo en el marco de la denominada «pista Milman», inaugurada el 23 de septiembre pasado cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la justicia para decir que dos días antes del atentado fallido había escuchado al diputado de JxC decir: «Cuando la maten yo estoy camino a la costa».

La jueza había remarcado, por su parte, que una medida de tales características debía «efectuarse mediante una solicitud formulada ante la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, por la posible comisión de un ilícito penal en cabeza del legislador».

Al apelar esa decisión, fiscal Carlos Rívolo sostuvo que «corresponde volver a mencionar que, a partir de la declaración prestada por Bohdziewicz, existe en autos la sospecha de que el diputado nacional podría haber convocado a quienes fueran sus asesoras para eliminar información que, hasta el momento, no sabemos si podría ser de interés para esta u otra eventual investigación».

«Sin perjuicio de que Milman no ha sido formalmente imputado por esta parte en esta pesquisa, lo cierto es que la manera idónea de corroborar tales extremos resulta ser el secuestro del teléfono celular del nombrado -bajo las garantías y previsiones de la normativa de marras, en razón de su rol de legislador-, lo cual permitiría verificar si existieron o no conversaciones alusivas al hecho objeto de la presente investigación, conforme la hipótesis planteada por la querella», señaló.

Para cerrar la apelación, Rívolo argumentó: «Se han incautado diversos teléfonos celulares que se encontraban en poder de otros testigos y que de varios de ellos ha surgido información relevante para el caso, razón por la cual, no encuentro razones para actuar de un modo diferente ante estos nuevos hechos traídos a estudio», concluyó el fiscal.

La Querella se opuso a elevar la causa a juicio oral

Por otra parte, la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta continúa y la querella manifestó hoy su oposición a enviar a juicio oral solo la parte central de la investigación del intento de magnicidio porque, dijo, «elevar la causa a juicio por tramos es una práctica incorrecta y que daña el descubrimiento de la verdad».

Los abogados de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, presentaron un escrito de unas cien páginas en el que sostuvieron que resta producir pruebas importantes y que no es momento de elevar a juicio a los acusados Fernando Sabag Montiel, autor material del hecho; su coautora Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, señalado como partícipe secundario.

«Subsidiariamente, para el caso de que se considere concluida la investigación respecto de Carrizo, Sabag Montiel y Uliarte a pesar de la oposición de esta parte, haremos ejercicio de nuestro derecho a acusar, con el fin de mantenerlo para la instancia oral», señalaron los abogados en el escrito presentado en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

Fuente: Ámbito Financiero. Link. Imagen: El Ágora Digital.