APDH Mendoza reclama al presidente que actúe conforme a derecho y aplique al grupo Clarín las sanciones administrativas previstas en la ley 27.401. La participación del grupo en dádivas y cohecho obliga a Fernández a aplicar sanciones y excluir a sus empresas de cualquier concesión o licencia estatal, so pena de convertirse en coautor de los delitos.

El comunicado de APDH Mendoza

Deben revertirse las licencias al grupo Clarín

Durante los últimos meses de 2022 se produjeron una serie de revelaciones que por la salud de nuestras instituciones no pueden quedar impunes.

Un conjunto de jueces, el procurador de CABA, políticos, agentes de inteligencia, especialistas en comunicación, viajaron a un encuentro con autoridades del grupo Clarín en la residencia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido. A la primera noticia de dicho encuentro, basadas en testimonios personales, se sumó una filtración de comunicaciones que ratifica la naturaleza delictiva y conspirativa del cónclave. De mínima está acreditado el delito de dádivas y sobornos.

APDH ha caracterizado reiteradamente el funcionamiento de los medios hegemónicos de comunicación, y en particular ha señalado al grupo Clarín como responsable de afectaciones graves al derecho humano a la comunicación social, a la libertad de expresión y a recibir información veraz. El 28 de julio de 2021, con base en ese diagnóstico, propuso a distintos organismos de gobierno, de los tres poderes estatales, un conjunto de medidas que se pueden consultar en este link:

https://www.apdh-argentina.org.ar/declaraciones/ddhh-derecho-libertad-expresion-informacion

Hoy nos encontramos ante un hecho flagrante que tiene implicancias penales, civiles y administrativas. Nos referimos a la comisión por parte del grupo Clarín de los delitos previstos en la ley 27.401 de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Están corroborados al presente delitos de: cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, eventuales enriquecimientos ilícitos, informes falsos, todos ellos previstos en el Art. 1 de la citada ley.

La norma mencionada prevé sanciones de: multa, suspensión total o parcial de actividades, suspensión de participación en concursos o licitaciones o servicios públicos, disolución y liquidación, pérdida o suspensión de beneficios estatales, decomiso.

Siendo así, quedando expresa la incursión del grupo Clarín, comprobado en las personas de sus representantes Jorge Rendo y Pablo Casey, en las infracciones previstas en la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, solicitamos al Presidente de la Nación, Alberto Fernández:

1. Excluya preventivamente al grupo Clarín de la licitación de la tecnología denominada “5G” que ha sido anunciada por el gobierno.

2. Suspenda y revierta a favor del Estado las licencias de uso de espectro radioeléctrico que ostenta el grupo Clarín a lo largo de todo el país, tanto para telefonía, internet, televisión por cable, televisión por aire, radio.

3. Suspenda y revierta, tal como prevé la legislación, todo beneficio, concesión, convenio, contratación, etc., que tuviera el grupo Clarín, en cabeza de cualquiera de sus sociedades componentes, con el Estado Nacional.

4. Examine cualquier acto administrativo adicional tendiente a sancionar al grupo Clarín en aras de reparar la gravísima afrenta institucional cometida contra la democracia argentina.

Advertimos al presidente y otros funcionarios que no actuar con tal temperamento los convertirá en partícipes de los delitos denunciados.

Convocamos a la dinámica sociedad civil argentina a una gesta nacional para evitar que el grupo Clarín siga delinquiendo contra la soberanía y derechos de nuestro pueblo.

Fuente: https://www.facebook.com/apdh.mendoza. Imagen: Revista Noticias.

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