El plan para robarse C5N

Embargan y procesan a Orlando Terranova, directivo de Publicidad Sarmiento, socio de Macri en los negociados de publicidad en vía pública y cómplice en el secuestro y robo a los dueños de Grupo Indalo.

El procesamiento a Terranova compromete a Torello y Quintana

Servini confirmó con listado de llamados que negociaciones por proyecto “Flecha” tenían por fin quedarse con el 70% del holding. Exjefe de asesores y exvicejefe de Gabinete, los nexos. Omisiones y contradicciones en descargos. Correos y visitas. Aparece Macri detrás de las principales directrices.

Por Gabriel Morini

La resolución que procesó al empresario mendocino Orlando “Orly” Terranova por extorsión en grado de tentativa por las maniobras para quedarse con el control de los activos del Grupo Indalo dejó por primera vez expuestos lazos directos con el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. Para la jueza María Servini se corroboró la existencia de una organización –que incluía a altos funcionarios públicos- que actuaban según intereses políticos de la Casa Rosada en pos de alcanzar determinados objetivos. En este caso, llevar adelante un proyecto no solo para reestructurar financieramente al holding, en pleno asedio de la AFIP y con la amenaza de encarcelar a sus propietarios, sino como meta final hacerse del 70% de las acciones a favor del corredor de Dakar y de su abogado, según quedó expuesto en varios documentos y correos electrónicos. Pero los cruces de llamadas, los testimonios, la ubicación de las celdas telefónicas y la cronología de los hechos apuntaron también a iluminar el rol que tuvieron el exjefe de asesores José Torello y el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana, una suerte de enlace con Terranova para esta operación.

Para la Justicia no existió una negociación fallida de dos empresarios que eran investigados por la justicia y que decidían desprenderse de sus empresas para que alguien se hiciera cargo de su deuda con la AFIP. Existió una maniobra que partió desde las más altas esferas del poder y que tuvieron eco en un empresario allegado al entonces presidente Macri para interesarse por una operación donde sus dueños contaban con un consentimiento viciado, en el que debían abandonar sus cargos y entregar casi la totalidad de sus activos para no ser detenidos. Ese resumen es, para Servini, la prueba que desembocó en los procesamientos y embargos multimillonarios (por más de $5 mil millones en el caso de Terranova). Y que validan la declaración de Cristóbal López en sede judicial que coincide con las pruebas de entrecruzamiento de llamados realizados por la Dajudeco, del registro de visitas a Casa Rosada y que quedaron expuestos en una serie de mails donde Terranova diseñaba un plan, aseguraba que varias provincias aportarían dinero para solventar empresas de medios y enumeraba el “apoyo” de políticos ligados a Cambiemos, entre otros, del operador y hoy prófugo en esta causa Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. 

Proyecto “Flecha”

La “negociación” duró alrededor de 20 días hábiles. Si bien es cierto que López fue a buscar a Terranova y este se había mostrado desinteresado en el negocio, a los pocos días cambió completamente su actitud. ¿Qué había pasado? Mantuvo contactos con altos funcionarios e influyentes. Coincidió con el aval que le habría dado el propio Macri, adonde coincidieron en un lugar vacacional. Torello era el enlace que Nicolás “Nicky” Caputo había delegado para el caso. Mario Quintana ofició de encargado para las conversaciones posteriores. Su despacho era sede de reunión tanto para Terranova como para Gustavo Casir –el abogado- y Gerardo Molinaro –el experto financiero- encargado de la reestructuración del Grupo a través de un fideicomiso. Para eso, debía ingresar CF Inversiones y Mandatos S.R.L. que iba a dirigir y gestionar las operaciones diarias del Grupo, participaría en las asambleas de accionistas o en los órganos de Gobierno de las sociedades de Grupo Indalo, con las más amplias facultades.

“Terranova se preocupó en tener firmados los documentos por parte de López y Fabián de Sousa al momento de tener las reuniones en la Casa de Gobierno. De esta manera, evidenciaría una total sumisión de parte de éstos de acogerse a cualquier requerimiento que el Gobierno les efectuara, a cambio de no ser privados de su libertad”, señaló Servini en el procesamiento en el que no se privó de mencionar las omisiones y falsedades del empresario mendocino en su indagatoria. Lo que intentó ocultar es justamente lo que derivó en que ahora se complique su situación judicial.

“Todas estas cuestiones no dejan lugar a dudas y permiten afirmar que la decisión era pura y exclusivamente política, y que todo el “Proyecto Flecha”, era el medio que encontraron para que Orlando Terranova pudiese quedarse, al final, con al menos el 70% de Grupo Indalo”, puntualizó.

Correos

“Terranova enviaba correos electrónicos y conversaba con el presidente y/o gerente de las diferentes empresas, y Casir y Molinaro atendían en las oficinas de Oil Combustibles (algo que nunca fue explicado ni desmentido por los nombrados en último término)”, indicó la jueza. Pero en otro apartado agregó que debe “se aportó un cuadro donde se indicaban las provincias que aportarían el dinero y la cantidad que ingresaría a cada medio de Grupo Indalo, con el único objetivo de sacar a flote y quedarse uno de los negocios de Indalo que al entonces Gobierno más le molestaba por la línea editorial que tenía”. Era pauta oficial de provincias.

“Se demostró la existencia de llamados de Terranova a diferentes funcionarios públicos del entonces Poder Ejecutivo Nacional, con algunos de los cuales no habló más que en esa época, y otros con los que sí habló alguna vez pero que en el momento de la operación la cantidad de comunicaciones fue mayor a las que venía teniendo, lo cual significaría que evidentemente la operación era seguida de cerca, despertaba interés en el Gobierno de turno”, indica el procesamiento a partir de las pruebas de cruces de llamadas.

Confirmaron los accesos a Casa Rosada; el autorizante era Torello; quien coordinaba las reuniones, la secretaria de Quintana. La “Carta Oferta” que tenía todos los pormenores del acuerdo, sus alcances y las formas en las que llevarían adelante el plan aparecen en un correo electrónico validadas –supuestamente- por 6 altos funcionarios del Gobierno. Eso lo había admitido el propio Terranova, en una prueba que Servini toma como clave para la imputación pero que también implica hacia donde podría expandirse la cadena de responsabilidades penales para los funcionarios.

Pero además, “se demostró que aún cuando los imputados pretendieron hacer creer que nada de lo que se negoció tuvo efecto, lo cierto es que el propio Terranova se encargó personalmente de hablar con el Presidente de una de las empresas más importantes que tenía Grupo Indalo (AEC S.A.), respecto de la cual él tenía relación personal con el funcionario encargado de fiscalizarla y que para esa época la tenía intervenida administrativamente”, dijo en referencia a Javier Iguacel.

Organización

“José Torello y Orlando Terranova hablaron en el año 2016 por última vez en el mes de agosto; en 2017, una vez en marzo, otra en abril, y retomaron el diálogo para la época que Terranova estaba por quedarse con Grupo Indalo, con la activa participación e intervención del Gobierno, y donde el mismísimo Presidente de la Nación, luego de darle la venia para la operación, lo habría mandado a hablar justamente con Torelo”, señaló la resolución de Servini en uno de los párrafos más demostrativos de cómo habría funcionado una maquinaria estatal puesta en el objetivo de implosionar un grupo empresario y, en el camino, hacerse de sus activos más valiosos, lo que para la Justicia le dio completa verosimilitud al relato de López. Y por el contrario, desbarató la argumentación de las defensas y la estrategia de intentar instalar que nada de lo ocurrido tuvo injerencia de la política, algo presente en la indagatoria del corredor de Rally.

Investigación

Servini dio algunas pistas adicionales de los pasos a futuro de la investigación porque pidió informes específicos acerca de líneas telefónicas cuya identificación se desconoce pero están registradas en el exterior. ¿Sería alguna coincidente con alguno de los teléfonos encriptados que proveyó la AFI? La jueza quiere salir de dudas.

Fuente: Ámbito Financiero. Link. Imagen: C5N.