El camarista federal es hostigado por el diario La Nación. Con métodos mafiosos le presentan su “pliego de condiciones”.

Resignados a no convencer a las mayorías de votar a sus preferidos, optan por el camino del golpe. No es la primera vez en su historia. Buscan que los jueces ataquen a la presidenta, en este caso con la causa Hotesur, que usan para desprestigiar y convocar los demonios de la violencia con que sueñan terminar el kirchnerismo.

Qué pide el extorsionador. En el mismo diario

A cargo de los casos resonantes

Por Iván Ruiz y Hugo Alconada Mon  | LA NACION

Los casos más sensibles de la agitada vida política argentina pasaron en las últimas dos décadas por las manos de Eduardo Rodolfo Freiler. La última intervención del presidente de la Cámara Federal porteña fue una de las que más polémica despertó. La Sala I de ese tribunal, que integra junto a Jorge Ballestero y Eduardo Farah, desplazó a mediados de junio al juez Claudio Bonadio de la causa Hotesur, la investigación judicial por supuesto lavado de dinero que involucra a la familia Kirchner.

En el fallo, Freiler fue uno de los más enfáticos al considerar que la imparcialidad de Bonadio estaba “seriamente comprometida”. El desplazamiento del magistrado fue interpretado como una bocanada de oxígeno para los Kirchner en pleno año electoral.

No es la única causa sensible en la que tuvo que intervenir. Primero, como fiscal federal, después como camarista. Durante sus 11 años en el Ministerio Público, Freiler investigó el atentado a la AMIA, el robo de bebes durante la última dictadura militar y las coimas en el Senado, entre otros casos resonantes.

Como sucedió con Bonadio, no es la primera vez que se enfrenta con jueces. Se cruzó con Norberto Oyarbide por la investigación sobre Sergio Schoklender. También con el ex juez Mariano Bergés, que lo acusó de cobrar un soborno a cambio de dictar, en medio de una feria, la excarcelación del sindicalista José Zanola y su mujer en la investigación por los remedios adulterados. La causa se cerró.

Quizá la más polémica de sus intervenciones haya sido en el caso Skanska. A pesar de que la empresa sueca había reconocido el pago de sobornos, la Sala I confirmó que no hubo coimas ni sobreprecios en la contratación de obra pública. También dejó sin efecto los procesamientos de funcionarios y empresarios.

La Sala I tuvo que expedirse más de una vez en el caso Ciccone, la causa que marcó el pulso de la gestión de Cristina Kirchner. Primero, en 2012, el tribunal separó al entonces juez del caso, Daniel Rafecas, al considerar el pedido del socio de Boudou, José María Núñez Carmona, que acusó al magistrado por supuesta falta de imparcialidad. Ya en 2014, el tribunal rechazó otro pedido de Núñez Carmona, que intentó anular los testimonios clave de la familia Ciccone que comprometían al vicepresidente Boudou.

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