Control: sólo Laura Alonso

El oficialismo, la ofiposición, los medios hegemónicos y los jueces amigos, presionan a Ricardo Echegaray. El objetivo, como en cada caso con el gobierno de la trampa y el embuste, no es la transparencia sino lo contrario: que nadie controle. Leer más.

El engaño es de una magnitud desconocida, la pérdida de calidad institucional, enorme, y está seriamente cuestionada la naturaleza democrática del gobierno de Macri. Ganó por los votos (¿ganó?, en Córdoba no se recontaron), pero luego gobernó por DNU vulnerando al Congreso, persiguió a la oposición, encarceló opositores sin causa, censuró medios y programas de opinión, reprimió salvajemente la protesta social, todo en acuerdo con sectores mediáticos y judiciales que lo protegen.

La persecución contra Gils Carbó en la Procuración y de Ricardo Echegaray en la Auditoría General es un escándalo mayúsculo. Son organismos que deben controlar conductas de funcionarios. Macri los hostiga, presiona y recorta facultades. La conclusión evidente es que el corazón del régimen macrista está podrido, es un sistema profundamente ladrón y entreguista.

Pero, además, Macri no teme al ridículo. Más ridículo que sus bailes, de los que hace ostentación, es pretender que ¡Laura Alonso lo controle!

Conocido el escándalo de los Panamá Papers, por los que se sabe que Macri tiene decenas de sociedades pantalla en el exterior para evadir y ocultar plata negra, mandó los antecedentes para que investigue a una funcionaria inapta que ya prejuzgó y defendió a su jefe apenas conocida la noticia. Ver nota.

Aún cuando a cargo de la Oficina Anticorrupción hubiera un funcionario apto y no Laura Alonso, no puede ser un funcionario que está a “tiro de decreto” del presidente quien los investigue.

La AUDIGEN en la Constitución

Artículo 85.– El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación.

Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.