La manifiesta persecución a Milagro Sala constituye un escándalo que no deja de aumentar. Ponen testigos truchos que trabajan para Gerardo Morales. Se prueba la inteligencia contra la Tupac.

Se reveló que el testigo que incriminó a Sala es empleado de la Gobernación

En la segunda jornada del juicio que Gerardo Morales impulsa contra Milagro Sala, Graciela López y Gustavo Salvatierra por una manifestación pública en el Consejo de Ciencias Económicas en octubre de 2009, se reveló que René Arellano, el testigo que en la primera audiencia aseguró haber estado en una reunión donde Sala organizó el escrache contra Morales, es empleado de la Gobernación provincial.

“Pudimos presentar un informe en el que consta que desde el mes de septiembre está trabajando ni mas ni menos que para la gobernación de Jujuy –explicó la abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta-. Esto viene a corroborar lo que nosotros ya sabemos: que está declarando en favor del querellante (Morales), por quien tiene un interés particular”.

“Lo que uno demuestra con esta nueva prueba es que Arellano miente”, agregó la letrada, y recordó que es el único testigo que declaró en contra de Milagro Sala y que durante su testimonio se le preguntó en dos ocasiones dónde trabajaba y respondió que lo hacía en una cooperativa. Incluso Paula Álvarez Carreras, abogada de Sala junto a Gómez Alcorta, le hizo una pregunta específica respecto a si trabajaba en el Estado y Arellano respondió que no.

La novedad queda entonces pendiente de incorporarse como nueva prueba.

El debate de este lunes estuvo signado por la manifiesta arbitrariedad del presidente del Tribunal, Mario Juárez Almaraz, que se arrogó para sí decisiones que debería haber adoptado junto a los jueces María Alejandra Cataldi y Federico Santiago Díaz, y que constituyeron una clara violación al derecho a la defensa de Milagro Sala.

Además, se evidenció que la Policía de la Provincia realizó tareas de inteligencia sobre organizaciones sociales sin orden judicial.

Sobre el hecho que se investiga –el escrache con huevazos del que fue objeto Morales en octubre de 2009-, los ocho testigos que prestaron declaración confirmaron que ni Milagro Sala ni cualquier otro integrante de la Tupac Amaru estuvo en el lugar de los incidentes. También señalaron que no escucharon hablar de la dirigente social durante los hechos que se juzgan, salvo en boca del senador Morales, quien acusó a Graciela López de haber sido enviada por la dirigente.

El representante especial para asuntos de Derechos Humanos en el ámbito internacional del gobierno de Mauricio Macri, Leandro Despouy, fue el primero en declarar. Lo hizo desde Berna y se lo vio esperar a través de la pantalla la llegada de los fiscales y la querella que arribaron 30 minutos después del horario fijado por el Tribunal. Relató los hechos ocurridos aquel 16 de octubre de 2009.

Consultado sobre un incidente que habría ocurrido durante la realización de una auditoría a la Tupac Amaru pocas semanas antes de los sucesos que se juzgan en estas audiencias -y que fueran denunciados el pasado 15 de octubre por Alejandro Nieva y Miguel Ángel Giubergia al momento de prestar testimonio con la intencionalidad de vincular ambos episodios-, Despouy aseguró: “Tengo que aclarar que al poco tiempo de ese hecho la auditoría pudo continuar y que incluso fue aprobada por el Colegio de Auditores”. Y confirmó, en relación a la Tupac Amaru, que las tres auditorias realizadas a lo largo de los años a la organización barrial habían sido aprobadas.

El funcionario, al igual que todos los testigos presenciales de la protesta que fueron desfilando desde el inicio del juicio, corroboró que Sala no estuvo en el lugar de los hechos el día de los incidentes, que no había nadie de la organización barrial y que no le constaba que Milagro Sala estuviera detrás de la manifestación.

Respecto a la conducta del Presidente del Trámite durante el debate, Álvarez Carreras, abogada de Milagro Sala junto a Elizabeth Gómez Alcorta, expresó: “Lo primero que tenemos que decir es que en esta audiencia quedó manifestada la evidente parcialidad que tiene el Presidente del Tribunal Oral, que no ha dejado que nuestra defensa formule la oposición a las preguntas que el Ministerio Público Fiscal realizaba y que nosotros entendíamos que no correspondían hacerse”.

Inteligencia

Al declarar Jorge Fabio Zerpa, jefe de Trata de Personas y Leyes Especiales de la Brigada de Investigaciones de la policía local en 2009, una de las defensoras de Sala le preguntó si él había firmado un acta en la que él comisionó pocos días después de aquel 16 de octubre a personal policial de civil a hacer tareas subrepticias de inteligencia en una movilización de organizaciones sociales. El policía respondió que no recordaba. Entonces la abogada le pidió que le mostraran el acta. Cuando vio su firma, reconoció el documento. Y ante la pregunta de Gómez Alcorta, tuvo que aceptar que ningún juez ni ningún fiscal había ordenado esas acciones.

“A 33 años de recuperada la democracia todos sabemos que las tareas de inteligencia sólo las puede ordenar un juez en una actuación y por medio de una disposición que tiene que fundamentar –afirmó la letrada a la salida de la audiencia-. Se ve que en Jujuy eso no pasa y alcanza con la voluntad de un agente policial como sucedió en este caso. Esto quedó demostrado y no pudo dar una sola explicación en razón de por que había dispuesto esas actuaciones.

Además de Zerpa, declararon otros seis integrantes de la Policía de la Provincia que participaron de las actuaciones posteriores al escrache, por lo que no aportaron información relevante. También dieron testimonio Blanca Juárez, presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, e Iván Lello, quien en 2009 era encargado de prensa del Instituto de Políticas Públicas; ambos testigos presenciales de la protesta.

Fuente: enorsai.com.ar – elsubmarinojujuy.com.ar. Link. Imagen: enorsai.com.ar.[ Fuente: http://www.elsubmarinojujuy.com.ar | 2016 ]

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