En el marco del proyecto terrorista de estado, la “Oficina Anticorrupción” dispone de los recursos estatales para perseguir opositores. Juez cómplice.

Insólito resulta que siendo Macri el mayor socio de Odebrecht para pagar coimas en Argentina se use, precisamente, esa empresa como excusa. El juez Martínez de Giorgi destaca como servilleta macrista. Admite como querellante a Laura Alonso y le entrega secretos que no son públicos para que contamine la prueba. El juez que hizo el papelón persiguiendo con la Policía a Hebe de Bonafini que se le escapó en silla de ruedas “descuenta” la objetividad del organismo de persecución política.

El uso de los recursos de gobierno en un plan sistemático para perseguir opositores como hace la Oficina Anticorrupción (que da cursos para robar sin ir presos a los funcionarios macristas y dedica toda sus acción a perseguir kirchneristas) califica como terrorismo de estado. Si se contextualiza con incremento de la represión, extorsión y despido de jueces, presos políticos y desaparición forzada de personas, ratifica sin lugar a dudas la tipificación.

Intentan una megacausa Odebrecht que centralice caso en un “Moro criollo”

JUEZ QUE INVESTIGA COIMAS EN EL SOTERRAMIENTO DEL SARMIENTO PIDIÓ UNIFICARLAS 

Martínez De Giorgi le solicitó a Rafecas y a Casanello que le cedan sus investigaciones. Opinión clave de Delgado (fiscal doble) y posible resolución (larga) final de Irurzun.

GABRIEL MORINI

La causa Odebrecht (en su capítulo local) apunta a convertirse en una “megacausa” que investigue el supuesto pago de sobornos a funcionarios argentinos por distintas obras públicas licitadas en la gestión kirchnerista, pero bajo la órbita de un solo juez, y no dispersa en expedientes distintos. A instancias de la Oficina Anticorrupción que depende del Ministerio de Justicia- el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi le pidió a sus pares Daniel Rafecas y Sebastián Casanello que se inhiban de seguir interviniendo en sus respectivos casos y que centralicen en su juzgado la futura mega investigación. La estrategia de unificación se apoya en el análisis de coincidencias entre quienes habrían pagado coimas, intermediarios y destinatarios finales, presuntamente dependientes del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. La definición no será inmediata y según quienes se opongan, la decisión final la tendrá la Cámara Federal o bien el presidente de ese tribunal, Martín Irurzun.

Luego del pedido de la oficina que preside Laura Alonso (que junto a los jueces accedieron a informes confidenciales aportados por Marcelo Odebrecht a la justicia norteamericana) Martínez De Giorgi resolvió que se “advierte la necesidad de dar un trámite conjunto de los tres expedientes con el fin lograr un análisis global a las distintas maniobras investigadas respecto de los procesos de licitación y adjudicación en cuestión”. Casanello investiga supuestas negociaciones incompatibles y defraudación en la construcción de las plantas potabilizadoras de AySA en Berazategui y Zárate. Es una de las más avanzadas: el juez citó a indagatoria a 28 personas, entre ellas al expresidente de AySA, Carlos Ben; su subalterno, Raúl Biancuzzo; y los directivos de Odebrecht, Camargo Correa, Benito Roggio, Esuco, Cartellone, y Supercemento, entre otros. Hasta ayer no había recibido formalmente el pedido de inhibitoria. Sin embargo, y pese a que deberá correr vista a las partes para saber su opinión, algo que no durará menos de un mes, mantendrá el cronograma previsto para las indagatorias hasta el 13 de diciembre. 

En tanto, Rafecas está de licencia y tampoco había recibido el oficio por lo que recién analizará el pedido de su colega a partir de la semana que viene. El juez investiga una causa por la ampliación de gasoductos, principalmente entre 2005 y 2007 por fraude y negociaciones incompatibles, algo que lo deja afuera del acuerdo de delación realizado en Brasil por Odebrecht. La firma todavía mantiene un canal de diálogo abierto con el Poder Ejecutivo para alcanzar un acuerdo administrativo, según pudo saber Ámbito Financiero. No alcanzaría solo con eso: debería rubricar uno con el Ministerio Público Fiscal para ofrecer colaboración como deslizó que haría. Martínez De Giorgi (con participación del fiscal Franco Picardi) tiene a su cargo el caso con más peso político por supuestos sobornos pagados en la obra del soterramiento del ferrocarril Sarmiento que salpican, entre otros, también a IECSA, empresa que era parte del conglomerado familiar del presidente Mauricio Macri. 

Una opinión puede ser clave para definir el escenario futuro. La del fiscal Federico Delgado que interviene tanto en el caso de Casanello como en el de Rafecas. Si interpreta una maniobra impulsada por la OA (y aceptada por el juez) como un intento de desplazarlo podría negarse. De todas formas son los magistrados quienes definirán. Si ambos concuerdan en la unificación pero la fiscalía apela a la Cámara, será ese tribunal el que defina si el caso sigue por tramos o queda unido. Si en cambio, alguno o los dos jueces se oponen a transferir sus expedientes, Irurzun hombre de estrecha confianza de Ricardo Lorenzetti- será quien defina, en persona. 

La unificación, según el juez apunta a “favorecer una buena administración de justicia”, por lo que deberán analizar si hay coincidencias entre los protagonistas sospechados de haber participado de la maniobra cuyo vértice como pagador es Odebrecht. Eso, los tres jueces y la OA lo saben luego de haber tenido acceso a la información del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Antes de fin de año, podría configurarse una megacausa y Martínez De Giorgi podría ser un “Moro” versión criolla.

Fuente: www.ambito.com. Link. Imagen: Clarín.

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