Cada vez peor

Las Cooperadoras de las escuelas de Capital Federal denuncian el empeoramiento sistemático de la comida para los niños. Señalan negociados con las empresas.

Las cooperadoras denuncian que el servicio es «peor que antes de la pandemia». 

CABA: denuncias por el servicio de viandas en los comedores escolares

El GCBA  abre nuevamente una licitación millonaria, mientras las comunidades educativas y la oposición impulsan un proyecto de ley para que el servicio sea gratuito y con participación de la economía popular y las cooperadoras de los colegios.

Por Santiago Brunetto

Raciones escasas, frutas en mal estado, sándwich con una feta de queso, tortillas de «verdura» compuestas por arroz, carnes crudas, duras o reemplazadas por ingredientes más baratos, son algunos de los «alimentos» que día a día llegan a los comedores escolares porteños. Desde los colegios, las cooperadoras denuncian a Página/12 que el servicio, repartido en unas pocas empresas, empeora día a día y que incluso es «peor que antes de la pandemia». Mientras el GCBA abre nuevamente una licitación millonaria para los próximos años, las comunidades educativas y la oposición impulsan un proyecto de ley para mejorar la alimentación, para que el servicio sea gratuito y con participación de la economía popular y las cooperadoras de los colegios.  

La mala alimentación

Andrea Cataldo es madre de tres chicas que asisten a escuelas del nivel medio de la Ciudad. Tiene siete años de experiencia en Comisión de Comedor, el organismo que el pliego de licitación de la alimentación establece para el control del servicio en las escuelas. «Un sándwich con una feta de queso y una fruta», responde cuando Página 12 consulta por el servicio llamado «refrigerio». «Aún si las empresas cumplieran con los alimentos que establece el pliego, igual sería muy poco», advierte la integrante de «Familias por la Escuela Pública», organización que impulsa la reforma en el sistema de alimentación escolar.  

Además del «refrigerio», que en algunos casos es la única comida que los chicos y chicas consumen durante el día, el pliego establece otros servicios de comedor (almuerzo/cena) y de desayuno o merienda. «Para el almuerzo las raciones son escasas y, además, agregan arroz reemplazando carne o la carne viene poca y dura. La fruta suele venir en mal estado, sobre todo las manzanas y bananas, y ha habido casos de pollo crudo. Además cambian todo lo vinculado a precios altos por productos de menor precio y proteínas», asegura, por su parte, Pablo Cesaroni, referente de «Cooperadoras en Movimiento» y de la recientemente surgida «Campaña por el derecho a la alimentación en las escuelas». 

La Comisión de Comedor de la Cooperadora de la Media Nº3 del Distrito Escolar Nº7, con el trabajo de docentes de biología, logró detectar que las supuestas «tortillas de verdura» habituales en el almuerzo estaban «compuestas principalmente por arroz», mientras que los «medallones de pescado» estaban mezclados con almidón. «La tortilla ni siquiera es tortilla, es un rebozado prefrito cuyo principal ingrediente es agua con arroz», confirma Cataldo. Además, la Comisión registró que un 65 por ciento de las viandas «pesaba menos que lo establecido». 

Según un informe elaborado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, el desayuno está compuesto por una barrita de cereal o una madalena con mate cocido. «Por cada madalena con mate cocido, el GCBA paga casi 38 pesos, y por ese medallón de pescado sin proteínas paga casi 320 pesos», agrega el informe. Entre los absurdos de la política alimentaria del GCBA para los colegios se encuentra la autorización para que las empresas reemplacen alimentos si aumentan su precio. «Si la banana aumenta, ellos pueden comprar otra fruta más barata, y así con otros ingredientes», detalla Cesaroni.

Negocio o alimentación sana

Como informó este diario hace unas semanas, el GCBA ya abrió el proceso licitatorio para renovar el servicio por el período 2022-2025. En total, el presupuesto destinado por la cartera educativa comandada por Soledad Acuña será de algo más de 50 mil millones de pesos. Para participar del proceso hay que pagar 795 mil pesos que no son devueltos luego de la licitación, lo que imposibilita participar a cooperativas o a las propias cooperadoras de los colegios. Empresas como Lamerich, Dassault, Siderum o Arkino se repiten desde hace ocho años y seguramente volverán a participar del proceso. 

Del otro lado, las comunidades educativas impulsan el proyecto de ley presentado por Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña, legisladores porteños del Frente de Todos (FdT). «Se trata de cambiar el espíritu del sistema de alimentación escolar, que hoy está al servicio de un negocio, por uno que otorgue la mejor alimentación posible para los pibes y las pibas, porque en las escuelas se come mal», explicó Fernández este viernes, durante el acto de presentación del proyecto, y recordó que «algunas de las empresas fueron aportantes de Cambiemos». 

«Reformar el sistema de alimentación escolar de la Ciudad es una deuda histórica. Con este proyecto se logrará mejorar la cantidad y calidad de la alimentación de 300 mil alumnos y generar puestos de trabajo en la economía social. La opción es fácil: negocios de unos pocos o poner los millones de esta contratación al servicio de las necesidades de los habitantes de la ciudad», agregó, por su parte, Barroetaveña. Entre otros puntos, el proyecto prevé la universalización y la gratuidad de ese derecho para todos y todas. 

En la actualidad, el servicio es pago y los sectores que no pueden abonarlo deben solicitar becas para poder acceder. «El sistema de becas es cruel, supone que solo aquellos que demuestren ser más pobres de lo que se indica como tope podrán tenerla. No contempla que la alimentación es parte integral del derecho a aprender», sostuvo en este sentido Cataldo. La universalización, en tanto, supondría que todos los niveles reciban la misma comida, con desayuno/merienda, almuerzo/cena, refrigerio y vianda incluido.

Además, el proyecto prevé que las empresas que hayan incumplido el servicio no podrán volver a presentarse en las licitaciones. Actualmente, en caso de existir multas o sanciones, no se toman en cuenta a la hora de las licitaciones, por lo que las empresas que incurren en faltas pueden volver a ser adjudicadas sin impedimentos. Según explicó Cataldo, «la Comisión de Comedor deja asentadas las faltas de las empresas en un libro de órdenes, pero que yo conozca no hay ninguna multa, el GCBA justifica todos los fallos». En la licitación se evalúa, por el contrario, la cantidad de años que las empresas llevan en el servicio, lo que cierra el círculo siempre sobre las mismas adjudicatarias.

Barroetaveña subrayó en este sentido que las empresas acumulan «años de denuncias por mala calidad de los insumos, alimentos vencidos y en mal estado que han llegado a provocar intoxicaciones» En marzo de 2020, casi cien alumnos se intoxicaron por alimentos en mal estado en escuelas de Caballito y Palermo, y las legisladoras del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry y Myriam Bregman, llevaron ese y otros casos a la Justicia en una causa que derivó en denuncias de desvíos millonarios y en fallos que instaron sin éxito a que el GCBA a garantizara la alimentación saludable. El servicio de esos colegios estaba a cargo de Lamerich, una de las empresas que se mantiene desde 2014 y que no tendrá inconvenientes para volver a presentarse. Según Cesaroni, hoy el servicio de las empresas es «peor que antes de la pandemia». 

También el proyecto del FdT incorpora a la economía popular y a las cooperadoras como posibles gestoras del servicio, priorizando que los alimentos provistos sean agroecológicos. En la actualidad, existen cuatro experiencias de gestión de los comedores por parte de cooperadoras. Una de ellas, la de la escuela Álvarez Thomas del barrio de Agronomía, es modelo por la incorporación de alimentos sanos, frescos y saludables. En 2020, el GCBA intervino esa cooperadora por un supuesto «incumplimiento de las normas contables» que nunca comprobó y las familias denunciaron que se trató de un «ataque» para «disciplinar» a la cooperadora organizada por fuera de los mandatos del Gobierno. Recién a fines del año pasado las familias pudieron recuperar el control tras quince meses de intervención. 

Fuente: Página/12. Link. Imagen: Opinarg.