Borraron pruebas

El macrismo borró pruebas del espionaje que padecieron los familiares de los tripulantes del Submarino San Juan. El delito muestra la asociación ilícita como parte del plan sistemático del terrorismo estatal macrista.

Investigan a la AFI macrista por la destrucción de archivos con espionaje ilegal

En la base que la agencia tiene en Mar del Plata, desde donde se hizo espionaje político a través del Proyecto AMBA y se espió a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, se halló un acta que da cuenta de la destrucción. El exjefe de esa delegación fue imputado por el hecho.

Un agente de la AFI macrista destruyó documentación de inteligencia. Todo indica que entre el material había pruebas sobre el espionaje ilegal. Según reconstruyó este medio, el hecho ocurrió en la base que la agencia tiene en Mar del Plata, desde donde se espió a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y el Buque Rigel. Esa dependencia también formó parte del proyecto AMBA, una iniciativa por la cual Cambiemos desplegó nueve bases de la exSIDE en la provincia de Buenos Aires y desde donde se hizo espionaje político, tal como se desprende de una investigación que se sustancia en el juzgado federal de Dolores. En el marco de esa pesquisa, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, fue indagado el jefe de la delegación AFI de Mar del Plata. Entre los hechos que se le imputaron a este último (como hacer espionaje político) figuró la destrucción de material de inteligencia producido durante el gobierno macrista. Hay un acta que acredita la acusación. También hay abierto un sumario administrativo en el organismo de inteligencia.

La documentación que da cuenta de la destrucción (habría alcanzado a material producido entre 2016 y finales del gobierno de Macri) fue hallado por la intervención de la AFI luego de un requerimiento del juzgado federal de Dolores, que se realizó cuando Ramos Padilla empezaba a investigar el Proyecto AMBA como un desprendimiento del D’Alessiogate. La base de Mar del Plata fue una de las nueve delegaciones que integraron ese programa. 

En el marco de la causa sobre las Bases AMBA, en la que fueron indagados el exdirector general de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda Silvia Majdalani, entre otros espías, Ramos Padilla imputó al jefe de la base de Mar del Plata. Además de adjudicarle la realización de espionaje político, el magistrado le achacó la destrucción de documentación. El juez citó el artículo 255 del Código Penal según el cual “será reprimido con prisión de un (1) mes a cuatro (4) años, el que sustrajere, alterare, ocultare, destruyere o inutilizare en todo o en parte objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. Si el autor fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial por doble tiempo”.

De acuerdo a las fuentes consultadas por El Destape, el abanico de tiempo que se definió en el acta que enmarca la destrucción abarca el período en que se realizó el espionaje ilegal desde el Proyecto AMBA y el efectuado sobre los familiares de los tripulantes del ARA San Juan. No obstante, aún no se pudo reconstruir en detalle qué fue lo que se destruyó.

Según indicaron a este medio, no está claro si hubo una orden desde la sede central de la AFI. Y si fue así, tampoco si existió una constancia efectiva de ello (y si puede recuperarse en caso de que haya sido borrada). 

Causa Proyecto AMBA

En el marco del caso “Proyecto AMBA”, que nació como un desprendimiento del caso D’Alessio, ya fueron indagados Arribas, Majdalani, Pablo Pinamonti (quien estaba a cargo del proyecto), los  jefes de las bases involucradas (uno es Ricardo Bogoliuk, exjefe de la delegación Ezeiza de la AFI y miembro de la banda que integraba Marcelo D’Alessio) y los coordinadores de esas dependencias. Ramos Padilla debe definir la situación procesal de todos los imputados.

En esa causa –donde se le imputó al jefe de la base de Mar del Plata la destrucción del material- se investiga “la utilización de las denominadas ‘Bases AMBA’ de la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante espionaje político”. “A partir de la documentación aportada recientemente por la Sra. Interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, se pudo acreditar que, aproximadamente entre fines de 2016 y diciembre de 2017, desde las delegaciones provinciales de dicha Agencia se desplegaron tareas de inteligencia ilegal, en forma constante y coordinada en casi todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, en perjuicio de numerosas personas y organizaciones sobre la base exclusiva de su afinidad, pertenencia o actividad política”, escribió Ramos Padilla en la resolución en la que dio a conocer el caso, el 23 de septiembre pasado.

“Esa estructura se compuso de las seis denominadas “BASES AMBA”, ubicadas en diferentes distritos del conurbano bonaerense, específicamente en Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza, esta última a cargo del imputado Ricardo Oscar Bogoliuk. A ese dispositivo se le sumaron en aquel tiempo, además, las tres bases históricas con que contaba la Agencia en el territorio de la provincia de Buenos Aires, con sedes en las ciudades de La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca”, añadió el magistrado de Dolores. En la delegación de Mar del Plata es la que se encontró documentación que da cuenta de la destrucción de material de inteligencia. 

Espionaje al ARA San Juan

El espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan y el buque Rigel se llevó adelante desde la base AFI de Mar del Plata. Así se desprende de la documentación hallada en la agencia. En la actualidad, esas tareas de inteligencia ilegal se investigan en el juzgado federal de la ciudad balnearia, aunque el juez del caso, Santiago Inchausti, pretende que el expediente pase en Dolores por conexidad con el “Proyecto AMBA”. Como esa decisión fue apelada, hoy continúa tramitando en los tribunales federales de Mar del Plata.

Una de las novedades que hubo en este expediente el 30 de noviembre pasado es que se hizo saber a las partes que Majdalani se puso a disposición del tribunal y designó como abogados defensores a Juan Pablo Vigliero y María Salaverri, quienes solicitaron tener acceso a todas las actuaciones y documentación que se acumulan en la causa así como a las declaraciones de los testigos. 

Fuente: El Destape – Diario Junio. Link. Imagen: biei.