Borrando las pruebas

Macri digitalizó los expedientes, eliminó el papel, pero como siempre, lo hizo mal con toda intención. Sin resguardo, están a un paso de borrar todos los archivos del Estado.

Los expedientes públicos de los 4 años de Macri corren riesgo de desaparecer

La situación, según los documentos y expertos que consultó El Destape, es grave.

Ari Lijalad

Los expedientes públicos de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri corren riesgo de desaparecer, según se desprende de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), información oficial a partir de una respuesta de acceso a la información y de testimonios que recogió El Destape. La razón es la siguiente: cuando Macri llegó a la presidencia trasladó a la Nación el sistema de expediente digital que utilizaba como Jefe de Gobierno porteño. Ese sistema, llamado Gestión Documental Electrónica (GDE) y que es por donde pasa toda la información del Estado, está plagado de fallas. No cuenta con back up ni plan ante desastres, no funciona la mayor parte del día, no garantiza confidencialidad ni existe control sobre quienes lo usan, menos de la mitad de las personas que lo utilizan fue capacitada, no está claro de quién es la licencia y, para colmo, el Gobierno no dejó que se auditara de forma completa. Como es modelo Macri, también hay un negocio, con un proveedor único sobre el que hay sospechas de conexión con el funcionario a cargo de implementar el GDE.

La situación, según los documentos y expertos que consultó El Destape, es grave. Macri y su histórico gerente desde los años empresariales Andrés Ibarra, puesto a cargo del primero Ministerio y hoy Secretaría de Modernización, implementaron el sistema GDE con el mismo criterio que todas sus políticas: apurados, sin control ni transparencia y sin planificación para que se sostenga en el tiempo. Esto pone en riesgo la memoria del Estado en estos 4 años y abre una incógnita: ¿es impericia o Macri quiere tener la oportunidad de borrar sus actos?

La gravedad de la situación tiene además otra complejidad. Este proceso de hacer digitales los expedientes públicos no tiene vuelta atrás. La buena idea del digitalizar expedientes se hizo mal, pero ya no se puede volver al papel. La cuestión es cómo garantizar que los expedientes que ya existen permanezcan en el tiempo y que la próxima administración que encabezará Alberto Fernández pueda continuar la gestión del Estado sin ataduras y con la información de estos 4 años de Macri disponible. Algo que, al día de hoy, parece más que dudoso.

Sin back up

El GDE es la continuación a nivel nacional del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) que Macri instauró en la ciudad de Buenos Aires. Lo implementaron de golpe en todo el Gobierno Nacional, desde los Ministerios a una larga lista de organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas del estado o con su participación. Todos tienen, por ende, los mismos problemas que acarrea el sistema GDE, y se trata de lugares clave. Entre ellos, la AFIP, la ANSES, las Administraciones de Puertos, de Aviación Civil, de Laboratorios, de Materiales Controlados, de Seguridad Vial, la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Banco Central, la Casa de la Moneda, la Comisión Nacional de Valores, el Correo Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad, el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección de Fabricaciones Militares, el Ente Nacional de Comunicaciónes, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el INDEC, el INTI, el INTA, la Lotería Nacional, el fondo Nación Fideicomiso, la Oficina Anticorrupción, el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos y su par de Seguridad de Presas, la Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura, la Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación, las Supertintendencias de Riesgos de Trabajo, Seguros y Servicios de Salud, la Unidad de Información Financiera, e incluso la Unidad Ejecutora del Soterramiento del Sarmiento. Estos, y más, vulnerables a las falencias del GDE.

Una de las principales dudas respecto al sistema GDE gira en torno a su preservación y si tiene back up. Las razones de esta preocupación son sencillas: es más fácil eliminar sigilosamente documentos digitales que en papel. El ejemplo es Iron Mountain, cuando incendiaron un depósito de papeles para eliminar documentación vinculada a lavado de dinero, caso que le costó la vida a 10 personas entre bomberos y personal de defensa civil y donde el propio Macri tenía papeles de sus empresas familiares. En un archivo electrónico, la eliminación puede ser más limpia e incluso desde fuera de los espacios físicos donde está guardada esa información. Y es clave: es la memoria del Estado de los años de Macri.

La auditoría de la AGN, a la que accedió El Destape, advierte que el GDE “no cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres formalizado y debidamente comunicado” y que esto “implica un riesgo crítico y de alto impacto”. Le sugiere al Gobierno elaborar un Plan “que permita reestablecer los servicios informáticos de modo ordenado y en el menor lapso posible en caso de presentarse un evento crítico”. Si se inunda, o incendia, o alguien deliberadamente destroza los servidores donde está la información, no hay plan para recuperarla.

Tampoco hay back up, una copia de seguridad de la información. El informe de la AGN advierte que el Gobierno “no ha implementado políticas y procedimientos formales de pruebas periódicas de restauración de los backups de las bases de datos y documentos digitales del sistema GDE y su respectiva documentación de resultados obtenidos. La carencia de esta práctica pone en riesgo la disponibilidad de la información del sistema GDE en el Sector Público Nacional”. El Destape habló con diversas fuentes que utilizan el sistema y confirmaron la inexistencia de back up.

Agujeros en el techo

El informe de la AGN advierte que los Centros de Procesamiento de Datos donde están los servidores del sistema GDE, es decir, donde se guarda la información, “no cumplen con algunas de las condiciones necesarias para resguardar la seguridad física y lógica de los servidores y sus datos, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio del sistema GDE para el Sector Público Nacional”. Los archivos del Estado sin protección.

En el que funciona en ARSAT, los equipos están sin jaulas de protección, “condición necesaria para garantizar la seguridad física”. Además, “no posee cámaras de video con control de movimiento instaladas de forma dedicada al equipamiento que brinda servicios al sistema GDE (se utilizan las genéricas que tiene instalada AR-SAT en cada sala), solución que sería deseable dado que estos entornos no cuentan con la protección física arriba mencionada”.

En el sitio de almacenamiento alternativo, textual, “las paredes del sitio son de durlock”, la puerta de acceso antipánico no es la requerida y, pese a que está en un piso alto de un edificio, no se hizo la certificación del peso, “situación que requiere estimar el peso máximo de la infraestructura tecnológica alojada o posible de alojar en función de la capacidad máxima que ofrece el sitio. En base a ese cálculo se debe realizar un estudio para asegurar que la estructura del edificio tiene la capacidad suficiente para soportar ese peso”. Faltan también matafuegos, no llenan las planillas de ingreso de proveedores (o sea, no se sabe quién entra), hay placas del techo sueltas, aires acondicionados sin rejilla deflectora que provocan polvo en los servidores y paredes de durlock rotas.

Anda mal

Además de los riesgos de que se pierda toda la información, el GDE anda mal. Muy mal. La AGN destacó que “sólo el 23% de los usuarios muestreados consideran que las funcionalidades que ofrece el sistema para dar soporte a su operatoria diaria cubren totalmente sus necesidades”. Para peor, “un 97% de los usuarios encuestados manifestaron que la indisponibilidad del GDE es frecuente o muy frecuente y que en horarios centrales acusa bajo desempeño”. Respecto a esto, aclara (como en otros puntos de la auditoría), que “se encontró restringida para ejecutar procedimientos que pudieran determinar el origen del problema”, es decir, que no los dejaron controlar como corresponde.

“De los procedimientos de auditoria ejecutados se desprende que la indisponibilidad del sistema es muy frecuente y que aun cuando se encuentre disponible, en la franja horaria más crítica (10.30 a 16.30), la performance se degrada considerablemente en los organismos relevados, generando demoras o pérdida de tareas en curso ante el time-out propio del sistema”, dice el informe de la AGN. En conclusión, funciona mal en el horario laboral. Y no existe una alternativa para que la administración pública siga funcionando mientras el GDE se traba.

Todo esto tiene consecuencias, que en algunos casos llevan a la parálisis. Dice la AGN: “La continua inestabilidad del sistema también conduce a que los cargos jerárquicos se vean imposibilitados de firmar documentos y actos administrativos de manera oportuna. Dependiendo del organismo, algunos casos son críticos, como el pago de medicamentos, salarios, u otras cuestiones que adquieren carácter de urgente”.

Desde el Gobierno, ante la consulta de El Destape, informaron que al 14 de julio pasado se generaron 137.308.906 documentos y 13.991.488 expedientes. También detallaron que tiene 312.356 usuarios, de los cuales fueron capacitados 118.325, menos de la mitad. Esto, según la respuesta oficial.

Despelote y negocios

“No se prevé la eliminación de documentos en GDE”. Esta fue la respuesta del Gobierno ante 10 preguntas de El Destape referidas a cuánto tiempo se guardarán los expedientes digitales, si existe un criterio para eliminarlos, si existen alertas frente a eliminación de documentos, etc.

Sin embargo, no existen planes para que esos archivos duren en el tiempo. Y, para peor, desde el punto de vista de la archivística, la guarda de todo es la imposibilidad de encontrar nada. Los usuarios de GDE a menudo tienen que llevar libretas o planillas externas para encontrar documentos, o tenerlos impresos, ya que el sistema guarda todo pero encuentra poco.

Tampoco está claro de quién es el sistema, algo fundamental para el futuro Gobierno. El 10 de marzo de 2016 se firmó un convenio entre la Nación y CABA donde esta cedió “el uso del sistema y su código fuente de manera gratuita, irrevocable, no-exclusiva, perpetua y transferible”. Pero ese sistema fue desarollado por una empresa, Everis, que es quien tiene la exclusividad de su mantenimiento.

Ante el pedido de acceso a información pública que realizó El Destape, el Gobierno contestó que la propietaria del software es la Secretaría de Gobierno de Modernización, que la licencia no es libre y que el registro de propiedad intelectual del GDE aún está en trámite.

La parte del león en esto se la lleva Everis, la empresa que provee el mantenimiento del sistema GDE. En octubre de 2017, Everis se quedó con ese concurso con una oferta de 95.775.000 pesos. El presupuesto eran 96 millones, apenas 225.000 pesos por encima de la oferta de Everis, que fue la única que se presentó. Parece a medida.

Según el portal Compr.ar, que centraliza la información de los proveedores del Estado, la situación de Everis es “Desactualizado por documentos vencidos”. Everis tiene otros contratos con el Estado, con la Secretaría de Modernización, con la Administración de Bienes del Estado y con el Ministerio de Producción y Trabajo, este último por 32 millones de pesos.

Respecto al GDE, una de las críticas del informe de la AGN son los riesgos que implica la tercerización en un solo proveedor. Además de los vaivenes propios de cualquier empresa (quiebra, cambios comerciales, cambio de prioridades, etc.) advirtieron sobre la “pérdida del control y comprensión de los alcances del servicio contratado por parte del cliente (Secretaría de Gobierno de Modernización) a lo largo del tiempo”.

Oscuro

El Gobierno no dejó que la AGN hiciera la auditoría a fondo. Por ejemplo, no permitieron entrevistas con el personal técnico de la Secretaría de Modernización. “Ello obstaculizó y prolongó la ejecución de la auditoría, que debió recurrir a procedimientos alternativos para obtener evidencia sustituta, que no en todos los casos pudo obtenerse”, afirmaron desde la AGN.

El Gobierno hizo que no se pudiera verificar si el sistema GDE tiene la arquitectura tecnológica para garantizar su funcionamiento y si está garantizada la confidencialidad de los usuarios y empresas que lo utilizan, entre otras cuestiones. Como el sistema no permite un usuario auditor o externo, “no fue posible completar la totalidad de las pruebas sustantivas orientadas a la identificación de fallas, funcionalidades que no responden a lo esperado, problemas de rendimiento, entre otras validaciones técnicas oportunamente planificadas”. La AGN se tuvo que limitar a pedir información a la Secretaría manejada por Ibarra, ladero histórico de Macri, y conformarse con eso. Y, aun así, encontró de todo.

“La obligatoriedad del uso del sistema GDE -dice el informe de la AGN- resulta en un obstáculo y en un empeoramiento relativo respecto de la tecnología anterior al GDE, en la que los expedientes en papel podían ser solicitados y revisados íntegramente por los auditores externos responsables de controlar a los organismos del Sector Público Nacional”.

“La información que cada organismo usuario genera a través del sistema debe ser considerada información privilegiada o confidencial, ya que podría ser utilizada inapropiadamente por un tercero”, advirtió también la AGN al encontrar que no hay firmados convenios de confidencialidad entre la Secretaría de Modernización y los organismos que usan GDE.

Lo que si se logró ver es que: no hay control sobre los quienes ingresan al sistema y si quien ingresa está autorizado a ver información reservada o no así como no hay alertas sobre cambios que se hagan en los documentos y expedientes.

Fuente: El Destape. Link. Imagen: El Diario de Bahía.