La Auditoría General es un órgano creado por la reforma constitucional de 1994. Tiene como objeto el control externo del sector público nacional, en el marco del Poder Legislativo. Es decir, es un órgano político que se desempeña fuera del marco del Poder Judicial.

En la Constitución Nacional

ARTÍCULO 85.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo.

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoria General de la Nación.

Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.

Tendrá a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.

Mirá la normativa

El Auditor

Leandro Despouy, auditor general de la Nación, es un reconocido militante de la UCR, siempre dispuesto a compartir los sets de TN, en los que da opiniones subjetivas en las que usa su cargo con finalidad propagandística. Suele hacer las delicias de los periodistas de Clarín con sus frases antikirchneristas.

Uno de los muchos ejemplos del circo del auditor y Clarín.

A pesar de sus denuncias flojas de papeles y por ende de resultados, Despouy tiene denuncias penales en contra por el modo de administrar los dineros de la AGN. Lee más

El Tribunal de Cuentas no quiere que la AGN audite los números del Gobierno*

Ángeles L. Acosta – aacosta@losandes.com.ar

En consecuencia, con la expresión de la organización que nuclea a 21 tribunales provinciales y municipales de cuentas del país, el Tribunal de Cuentas de Mendoza emitió también un comunicado en el que manifiesta no estar de acuerdo con la auditoría al gobierno de Francisco Pérez pedida por el radicalismo.

Lo que hace la entidad de control presidida por Salvador Farruggia es recordar cuáles son sus “competencias ante esta circunstancia”. En resumen, da a entender que resulta innecesaria la propuesta para que las cuentas locales sean revisadas por la Auditoría General de la Nación (AGN).

En respuesta a la iniciativa de la vicegobernadora electa, Laura Montero, que pretende hacer un diagnóstico exhaustivo de la situación económica y financiera de la gestión justicialista que les “pasará” el mando en diciembre, el Tribunal mendocino aclara cuál es la normativa vigente: “La Constitución de la provincia de Mendoza creó en su artículo 181 el Tribunal de Cuentas, dándole ‘poder bastante para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos hechas por todos los funcionarios, empleados y administradores de la provincia’”.

Asimismo, el comunicado recuerda que el artículo 22 de la Ley N° 1003, que es la orgánica del Tribunal de Cuentas, fija las fechas en que los organismos deben enviar anualmente las cuentas para la aprobación o desaprobación de las mismas.

No obstante establece que sin perjuicio de ese control anual, el Tribunal “podrá efectuar revisiones de cuentas sobre los actos y operaciones de la hacienda pública realizados en el transcurso del ejercicio para lo cual dispondrá auditorías permanentes o periódicas”.

Además, la entidad conducida por Farruggia (de procedencia radical) determina que “ante el cambio de autoridades que se producirá el 9 de diciembre, ya ha procedido a notificar a las administraciones salientes el recordatorio de la vigencia del Acuerdo N° 870 y de la obligatoriedad de su estricto cumplimiento a los efectos de deslindar responsabilidades.

El cumplimiento del mismo traerá como consecuencia no sólo el apego a la ley sino también una transparente entrega-recepción de información y de bienes y derechos, además de brindar tranquilidad a las autoridades salientes como a las entrantes”.

Con esto, el Tribunal mendocino se suma al rechazo manifestado a nivel nacional por la organización que nuclea a entidades de control de cuenta similares y del propio gobierno de Pérez.

Una ‘comprensiva’ reunión con los intendentes del PJ

Dicen que el que la convocó fue el propio Gobernador. También dicen que fue “una continuación” del encuentro que habían mantenido el lunes pasado y aseguraron que fue “en buenos términos”, aunque “teniendo en cuenta la situación”. Eso es lo que contaron algunos de los intendentes del PJ que ayer se reunieron con Francisco Pérez en el marco del complicado estado financiero provincial que repercute en sus departamentos.

“Estuvimos viendo cómo se reparte la coparticipación, porque como están las cosas es lógico el goteo”, señaló el sanrafaelino Emir Félix, que también informó que Pérez les había avisado del salvataje de $ 100 millones que llegó del Nación.

“La idea es comprender la problemática, estar juntos y buscar una solución que sirva para todos”, dijo por su lado el intendente de San Martín, Jorge Giménez.

Ambos coincidieron entonces en que “no puede haber roces” en estas condiciones y por eso aseguraron que “no hubo” cuestionamientos políticos internos.

Sí hubo, según Giménez comentó, planteos políticos “relacionados con la campaña” presidencial, la cual, a su entender, “ha sido un poco descuidada” por la intensa discusión que tuvieron con la ley de endeudamiento y que en eso -y en el pago de sueldos- fijarán su atención en los días venideros.

*Los Andes

Fuerte rechazo de los tribunales de cuentas a la auditoría nacional*

No obstante, la Fiscalía de Estado considera que la intervención de la AGN es “una decisión política” del electo Cornejo.

Marcelo Sivera – msivera@losandes.com.ar

La propuesta de la vicegobernadora electa de Cambia Mendoza, Laura Montero, de que las cuentas provinciales sean revisadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) que preside desde hace 13 años el radical puntano Leonardo Despouy, fue recibida con un furibundo rechazo de parte de la organización nacional que nuclea a 21 tribunales provinciales y municipales de cuentas y que preside el chaqueño Rubén Quijano (de origen justicialista). No obstante hubo silencio en el Tribunal de Cuentas de Mendoza -que integra ese organismo- y que preside Salvador Farruggia, también de origen radical y miembro del cuerpo desde hace casi 32 años. Pero al mismo tiempo registró una aceptación condicionada al cumplimiento de las normas vigentes de parte de la Fiscalía de Estado, a cargo desde hace un año de Fernando Simón, de procedencia justicialista.

Todo sucede en medio del rechazo del gobierno de Francisco Pérez, cuya gestión sería objeto de la auditoría, al igual que las de las comunas de Guaymallén, Las Heras y Luján donde intendentes radicales sucederán a jefes comunales peronistas.

“Es menospreciar la autonomía provincial y el espíritu federal. Nosotros tenemos organismos propios de control, como el Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado. Avanzar con esto sería menoscabar la institucionalidad de Mendoza”, había disparado el ministro Rodolfo Lafalla.

En la Casa de Gobierno mendocina no faltan quienes consideran despectivamente que Despouy “vino a Mendoza a vender su librito (La Argentina Auditada) como ya ha hecho en otras provincias” que visitó.

En tanto en el entorno del gobernador electo, Alfredo Cornejo, se asegura que la propuesta de una auditoría nacional sobre Mendoza cuenta con su aval.

“Al afirmar que la Argentina es un país sin cultura de control y con sus organismos de contralor anestesiados, Despouy lesiona injustamente al sistema de control de los fondos públicos de todas las jurisdicciones nacional, provinciales y municipales”, afirma el Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas.

“Nos sentimos agraviados ante un ataque absolutamente injustificado que demuestra una supina ignorancia respecto del accionar de los órganos de fiscalización y control”, remata.

Califica a la AGN como “un organismo carente de funciones jurisdiccionales, lo que le impide juzgar la responsabilidad de los funcionarios públicos”. Al tiempo que remarca que la tarea de la AGN “supone una erogación extraordinaria innecesaria”.

En tanto, por las radios de Mendoza Quijano afirmó que “Despouy debería que tener un poco más de respeto hacia el organismo constitucional del Tribunal de Cuentas de Mendoza”.

En tanto el Tribunal de Cuentas de Mendoza -miembros del secretariado general- no respondió a las requisitorias de Los Andes sobre si coincidía con las afirmaciones del secretariado o tiene un pronunciamiento específico propio sobre el tema.

Fiscalía de Estado

Por su parte el fiscal de Estado mendocino se mostró más contemporizador y consideró posible la intervención de la AGN en Mendoza “siempre y cuando la solicite un gobernador en ejercicio (Pérez o Cornejo) y la apruebe la comisión permanente del Congreso Nacional que debe autorizar el uso de recursos nacionales aplicados a un trabajo provincial”.

Simón, no obstante, es partidario de que, aún habiendo auditoría de la AGN, “habría que dar alguna intervención al Tribunal de Cuentas de Mendoza, que es el organismo natural previsto para esta tarea” en la Constitución provincial.

El fiscal de Estado remarcó que todo depende de “una decisión política que debe canalizarse por las normas previstas y si la auditoría descubre alguna irregularidad, esta Fiscalía intervendrá como le corresponde hacer”.

Simón destacó que la AGN debe controlar al gobierno nacional y en las provincias inicialmente sólo tiene injerencia directa sobre los fondos enviados por la Nación a la Provincia, salvo que exista una autorización y un convenio firmado por el gobernador en funciones de la Provincia.

*Los Andes

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